¿Serán suficientes los recursos congelados por el Gobierno para hacer frente a la crisis fiscal?

A pesar de los recortes anunciados, el cierre fiscal del 2024 habría superado la meta establecida debido a los menores ingresos tributarios y a un incremento del gasto, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Adicional a ello, el Gobierno arranca el 2025 con grandes desafíos, pues ya anunció un aplazamiento presupuestal de 12 billones de pesos que podría afectar a proyectos y obras clave. El problema es que esta decisión tampoco sería suficiente para cuadrar las cuentas, alertan.

A finales del año pasado, el Congreso de la República le negó al Gobierno su presupuesto para este 2025 debido a que la suma de 523 billones de pesos que proponía estaba desfinanciada y necesitaba de la aprobación de una reforma tributaria.

El ya exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó un proyecto para obtener 12 billones de pesos, de los cuales 5,6 billones de pesos provendrían de traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025 y alrededor de 6 billones de pesos de nuevos impuestos. El mayor recaudo se esperaba de ponerle IVA a las plataformas de juegos de suerte y azar en línea. Además, se pretendía subirlo del 5 al 19 por ciento en los vehículos híbridos y ampliar el impuesto al carbono, entre otros.

Para poder salvar el proyecto, en diciembre su reemplazo, Diego Guevara, le bajó 2 billones de pesos al monto de la iniciativa legislativa, pero tampoco tuvo éxito en el Congreso y, por tanto, anunció que tocaría revisar en detalle cómo aplazar esos 12 billones de pesos que eran inciertos. Adicional a ello, a finales del año pasado también se anunció un recorte de 28,4 billones de pesos para terminar de cuadrar las cuentas del presupuesto del 2024.

Tras varias semanas de revisión, el Ministerio de Hacienda publicó este martes el decreto de aplazamiento de esos 12 billones de pesos en el presupuesto, una situación que provocó el descontento de algunas carteras. “Hemos escarbado profundamente. No hay cartera que no se haya revisado. Como es de aplazamiento, a lo largo del año podríamos sustituir partidas”, le señaló a este medio el ministro de Hacienda, Diego Guevara.

Con 3,6 billones de pesos congelados, Hacienda será el rubro que tendrá un mayor aplazamiento. Dentro de este, destaca que se congelarán recursos para el transporte férreo y la prestación de servicios de transporte público de pasajeros en ciudades como Neiva, Popayán, Armenia, Bogotá, Medellín e Ibagué.

En concreto, sobresale que quedarán aplazados 770.000 millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá y 497.630 millones de pesos para el metro ligero de la 80 en Medellín, entre otras obras clave (ver gráfico), algo que generó malestar tanto en el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como en el de Medellín, Federico Gutiérrez.

Con 2,8 billones de pesos aplazados y 2,7 billones de ellos en Colpensiones, aparece en segundo lugar el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que se trató de un “error” de funcionarios, el cual será subsanado y no afectará a las mesadas pensionales. Ante ello, el ministro Guevara expresó que buscarán la manera de recalibrar el aplazamiento.

En tercer lugar, le sigue la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con 1,2 billones de pesos aplazados. Aquí sobresale que quedarán congelados recursos para la red vial primaria, como el mantenimiento de la vía Mulaló-Loboguerrero y la operación del corredor Bucaramanga-Pamplona.

Igualmente, tendrán que congelar sus recursos otros ministerios, como el de Defensa (785.169 millones de pesos), el de Igualdad y Equidad (669.053 millones), así como el Consejo Nacional Electoral (CNE) (600.000 millones) y el Ministerio del Interior (324.067 millones de pesos). “Es una gravísima afectación al sistema electoral”, sostuvo Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE.

En concreto, según un sondeo propio realizado, las entidades que tendrán una mayor disminución presupuestal frente a los recursos que se les había asignado inicialmente serán: la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (-100 por ciento), el CNE (-56 por ciento), el Ministerio de Igualdad (-51 por ciento), la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Ki We (-23,98 por ciento), el Ministerio del Interior (-21 por ciento), la Dirección Nacional del Derecho de Autor (-20 por ciento) y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (-19 por ciento).

En total, según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en el presupuesto de funcionamiento se aplazarán 7,6 billones de pesos (el 63 por ciento del total) y en el de inversión otros 4,4 billones de pesos (37 por ciento). “El presupuesto de funcionamiento disminuye en un 2 por ciento frente a lo aprobado inicialmente, mientras que el gasto de inversión disponible tiene una caída de 5 por ciento, el más castigado”, dice en un documento.

Riesgos por delante

Si bien el Carf considera que el aplazamiento va en la dirección correcta, asegura que no es suficiente, pues se requiere de un ajuste adicional de hasta 40 billones de pesos para poder cumplir la regla fiscal este año, es decir, para que las cuentas sigan siendo sostenibles sin pasarse de unos límites de déficit y deuda. Hay que recordar que el ministro Guevara ya anunció que presentarán una nueva tributaria “estructural” este año.

En esa misma línea, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, manifestó que el aplazamiento sigue siendo “insuficiente” y sus estimaciones también proyectan un faltante presupuestario de 40 billones de pesos para este año.

“Lo más preocupante es que cerca de 3 billones de pesos provienen de proyectos de infraestructura, poniendo en riesgo iniciativas estratégicas en Bogotá, Medellín y, en general, la conectividad del país, lo que genera incertidumbre jurídica en el sector y afecta la confianza inversionista y el desarrollo nacional. En su lugar, los recortes deberían centrarse en el gasto de funcionamiento, donde aún hay amplio margen de maniobra en el 2025”, opinó.

Para José Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el riesgo de desfinanciamiento en este 2025 ascendería a al menos 31,1 billones de pesos, por lo que el cumplimiento de la regla fiscal dependería de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales. 

“En este escenario, el presupuesto de inversión se podría seguir viendo afectado dado que por las inflexibilidades del funcionamiento y la deuda el Ejecutivo solo tiene margen de discrecionalidad para hacer recortes en este rubro. En el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano es necesaria una reforma a la estructura del gasto público”, consideró.

Por su parte, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, dijo que le sorprendió que se hablara de un aplazamiento y no de un recorte dado que la ley de financiamiento no se aprobó y, por tanto, esos recursos no están. “El gobierno prefirió hablar de aplazamiento, lo que significa que todos esos gastos estarán en otra vigencia fiscal. Esta situación genera incertidumbre sobre si se tendrán más adelante recursos para esas partidas”, opinó.

Adicional a ello, López indicó que varios de los rubros aplazados no se concretarían, como es el caso de Colpensiones o de las vigencias futuras que podrían implicar temas legales y jurídicos. “El decreto habla de acuerdos entre las partes y es probable que eso genere litigiosidad y, por tanto, que el gobierno en últimas decida no aplazar tales recursos”, manifestó.

También en un informe la calificadora de riesgo S&P Global aseguró que los niveles consistentemente bajos de inversión que existen en el país también podrían llevar a un crecimiento menor al previsto, lo que agregaría mayor presión indirecta al déficit fiscal y a la carga de deuda del país. “Podríamos bajar las calificaciones durante los próximos 12 meses si el gobierno no logra reducir su déficit fiscal, lo que derivaría en un nivel de deuda neta superior al 60 por ciento”, aseveró. 

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