'Aplazamiento del presupuesto no es un recorte y no se le quitará plata a proyectos': María Fernanda Rojas, ministra de Transporte

Ante las preocupaciones que ha generado el decreto que aplaza 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para 2025, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aclaró cuál será el futuro de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

Además, insistió en que la aprobación de una nueva ley de financiamiento es la solución de fondo para el problema de caja que enfrenta el Gobierno Nacional. 

"La discusión de fondo es que hay una escasez de recursos, y para no estar preocupados con esta situación, se debe definir un instrumento para financiar esa plata que no llegó al presupuesto de la Nación", aseguró.

¿Cómo afectará el aplazamiento en el presupuesto las obras de infraestructura?

Una primera claridad es que el aplazamiento no es un recorte y no significa que se le vaya a quitar plata a los proyectos, ni significa que se van a incumplir los compromisos. Vamos a seguir honrando los compromisos.

Simplemente lo que hace el aplazamiento es hacer unas prioridades de pagos, pero de fondo lo que hay es una situación que se genera por no tener, de inmediato, recursos suficientes para ir enviando a los distintos proyectos.

Esto obliga a priorizar los proyectos donde sí se necesita caja porque a veces pasa que la plata llega a las entidades, pero el proyecto está atrasado o presenta algún inconveniente.

Entonces, lo que pasa es que el dinero se queda en una fiducia y no se paga. Por eso, y como hay poca plata, el Ministerio de Hacienda ha hablado con los alcaldes para saber cómo avanzan realmente los proyectos.

Se trata de una priorización de gastos que se deben pagar inmediatamente, porque si hay un contrato que está quieto hace meses y no avanzan las obras, no se va a enviar dinero.

El Ministerio de Hacienda sigue en conversaciones con los entes territoriales para seguir viendo reprogramaciones, pero el mensaje de fondo es que necesitamos una ley de financiamiento para no estar en esta situación.

Hay preocupación por las vigencias futuras de los proyectos...

Este aplazamiento no afecta los proyectos que se financian con vigencias futuras, es simplemente una priorización de gastos. Eso no significa que habrá aplazamientos de obras, solo se trata de la parte financiera.

Hay proyectos de infraestructura que, por la disponibilidad actual de recursos, no se podrían pagar en estos momentos por la magnitud de dinero que demandan, pero las vigencias futuras se van a pagar con la plata que va a llegar en los años siguientes.

En el caso del Metro de Bogotá, la plata está en unas fiducias, tanto de lo que aporta la Nación como la administración distrital. Con el dinero que tienen disponibles hoy en día, se pueden hacer los pagos y compromisos que se ha ido generando en lo corrido del año y para varios meses más.

Es más, en este momento esa caja no le urge a Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán ha dicho que irá atendiendo los compromisos con los recursos que tienen disponibles.

Los otros recursos que son compromiso de la Nación no se van a mandar ahora, sino que se reprogramarán más adelante. Esa es la lógica del aplazamiento y no significa que no se vayan a cumplir los compromisos, los compromisos financieros hay que cumplirlos.

¿Qué implica el aplazamiento de recursos para el Regiotram de Occidente?

Hay unos temas técnicos del proyecto que se deben resolver y que han significado unos retrasos e imprevistos que han afectado el cronograma del Regiotram de Occidente.

Yo me quiero sentar a dialogar con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para buscar alternativas y soluciones. El gobernador debe hablar con el Ministerio de Hacienda sobre esa reprogramación de recursos.

¿Se garantiza que estos aplazamientos no van a afectar el desarrollo de los proyectos?

Debe quedar claro que los compromisos están vigentes y se honran, no puede haber una duda sobre eso. Entre el Ministerio de Hacienda y los distintos entes territoriales se seguirá conversando sobre la reprogramación de los pagos.

La solución de fondo es una ley de financiamiento y el Gobierno, a pesar de que presentó una y no fue aprobada, está dispuesto a una conversación con el Congreso de la República para que se pueda aprobar otra ley de financiamiento.

¿Por qué la solución es una ley de financiamiento si el año pasado la ejecución presupuestal fue baja?

La discusión de fondo es que hay una escasez de recursos, y para no estar preocupados con esta situación, se debe definir un instrumento para financiar esa plata que no llegó al presupuesto de la Nación.

Una ley de financiamiento no es una reforma tributaria. La ley de financiamiento puede incluir algunos elementos tributarios, pero no necesariamente es una reforma tributaria.

El aplazamiento es por un tema de caja, de disponibilidad de efectivo. Esa escasez significa que los recursos se deben distribuir de a poquitos y en lo prioritario.

Se presentó una ley de financiamiento, y congresistas que ayudaron a que se hundiera, ahora salen a cuestionar el aplazamiento del presupuesto. Si no quieren que esto pase, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional deben pensar en una nueva ley.

Resolvamos el problema juntos y el problema se resuelve con una ley de financiamiento. Si se presenta otro proyecto de ley, que no lo hundan, sino pongámonos de acuerdo y saquémoslo adelante, independiente de la posición política de cada congresista. Esto es un tema de país y hay que conseguir esos recursos.

¿Cuál es su posición frente a presuntas empresas fantasma en la licitación férrea La Dorada-Chiriguaná?

Hay que reconocer que puede haber interesados en que no salgan los proyectos de trenes en Colombia. También habrá interesados en tratar de hacer ruido, pero creo que este proyecto no ha sido golpeado por esos ruidos por una razón muy práctica: hasta ahora no han llegado las propuestas.

La fecha para que se presenten esas ofertas es el 7 de febrero. Lo que sí puedo decir es que es un proyecto que despierta mucho interés, hay 43 empresas interesadas. Se han respondido más de 740 observaciones sobre este proceso.

Hay garantías para la pluralidad de oferentes y para que el mercado sepa perfectamente que se van a analizar las propuestas. Habrá transparencia en esa evaluación y se escogerá la que tenga las mejores condiciones técnicas y económicas.

Si alguna empresa entra y no cumple los requisitos, no hay ninguna posibilidad de que pase. En este proceso seguramente se va a necesitar que las empresas se consorcien porque es un proyecto muy grande.

No se pueden presentar empresas que no tengan el músculo financiero que se exige, y si es una empresa de papel, no va a pasar, ni siquiera tendrá la posibilidad de hacer una propuesta porque el proceso estableció unos requisitos que las empresas serias van a poder cumplir para inscribir su propuesta.

El 5 de febrero se levantará la suspensión del proceso y el 7 de febrero se recibirán las ofertas. Luego comenzará un proceso de evaluación y la adjudicación será el próximo 3 de abril.

¿Se alcanzará a adjudicar otro proyecto férreo antes de que termine el actual Gobierno?

Eso es lo voy a intentar, esa es mi tarea porque esa es la prioridad del presidente Gustavo Petro. Estamos haciendo las estructuraciones y hacer las gestiones necesarias para los proyectos férreos que son estratégicos. La idea es que avancen los proyectos férreos estratégicos que son prioridad en el programa de gobierno.