Listo borrador de decreto que pondría límites al costo de la energía en el país; estos son los principales ajustes

Tal como se venía anunciando, el proyecto de decreto con el que el Gobierno busca ponerle topes a las tarifas de energía en el país es una realidad y está para comentarios del mercado, según lo anunció el propio Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, quien dijo que se trata de una medida para reducir la carga económica de los hogares de todos los estratos.

"Con esta medida, se tiene la expectativa que en los periodos de sequía en los que la energía es más costosa pueda disminuir su precio entre 20 y 120 pesos por cada kilovatio-hora, dependiendo de la severidad de la sequía y del comportamiento de los precios en bolsa”, manifestó el funcionario.

Según lo informado por esta cartera, las personas interesadas podrán consultar el proyecto de decreto en ww.minenergia.gov.co, en la sección 'Servicio al Ciudadano Foros', y quienes quieran hacer comentarios al mismo tendrán plazo de 15 días para ello, el cual se vence el próximo 13 de mayo de 2025.

Desde el Ministerio de Energía explicaron que la iniciativa surge a partir de los comentarios recibidos en la publicación de la primera consulta, emitida a finales de 2024, cuando se realizaron espacios de socialización y diálogo con agentes del sector, gremios y la ciudadanía en general.

Asimismo, advierte que la medida se expide teniendo en cuenta que las empresas que generan energía no se acogieron a la Resolución CREG 101 066 de 2024, la cual buscaba reducir las tarifas.

Si bien el Gobierno Nacional sostiene que el propósito de dicha medida es una reducción en las tarifas, voceros de distintos gremios del sector han insistido en que esto lo que conducirá es a que se encarezca el servicio, en especial, para los hogares más pobres.

Desde el Comité Intergremial, del que hacen parte Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Ser Colombia y la ACP, advierten que limitar a un máximo de 5 por ciento la venta de energía en bolsa rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos.

Medida insostenible

No obstante, el Gobierno dice todo lo contrario. "Con este decreto se permitirá que los hogares colombianos puedan acceder a unos costos del servicio más estables y competitivos, incluso en periodos de sequía, gracias a negocios de contratación de energía a largo plazo", indicó el Ministerio en el comunicado que anuncia el borrador de decreto para comentarios.

Y explica que las empresas que generan energía a partir del agua deberán vender al menos el 95 por ciento de su energía a un precio estable a través de contratos. En este sentido, por ejemplo, un usuario en la región Caribe, que percibe un valor del kilovatio-hora entre 700 y 1.200 pesos, por depender de las condiciones climáticas del país, podrá percibir, de ahora en adelante, una estabilización en la tarifa de la electricidad.

En el borrador de decreto se incluye que se facultará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que, una vez emitido el decreto, diseñe y expida los mecanismos que garanticen la confiabilidad y la estabilidad tarifaria en el servicio de energía.

Por último, el jefe de cartera de energía puntualizó que a través de este decreto se fortalecerá la política energética colombiana,  priorizando a los usuarios que se han visto afectados frente a los altos costos de este servicio y la sostenibilidad ambiental, pilar de la Transición Energética Justa.

Expertos en el tema energético coinciden en que es una medida insostenible, porque va en contra de dos principios fundamentales del mercado, como son la suficiencia financiera, que prevé que las tarifas no lleven a la quiebra a las empresas, y el de costos eficientes, que impide que las generadoras les trasladen sus ineficiencias a los consumidores.

Sergio Cabrales, ingeniero industrial, administrador de empresas y profesor de la Universidad de los Andes, comentó en su momento que esa medida podría generar efectos contrarios a los esperados, ya que los generadores tendrían que contratar a largo plazo el 95 por ciento de su energía, al que deben establecerle un precio, que es lo que busca el mencionado decreto por salir.