Ley de jurisdicción agraria no solo le abre la puerta a la expropiación exprés, también incentiva la invasión de tierras: Katherine Miranda

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno enviará mensaje de urgencia a la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Sin embargo, esto prendió las alarmas porque para algunos sectores algunos artículos de la iniciativa abre la puerta a la expropiación exprés.

En diálogo con EL TIEMPO, la representante a la Cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde, este proyecto no solo abre la puerta a la expropiación. Asevera que también se está dando vía libre promoverá las invasiones de tierras. 

¿No cree usted que ya ha habido suficiente discusión sobre la jurisdicción agraria, pues se aprobó una reforma constitucional y una estatutaria? 

La mayoría de problemas del país están estudiados. El asunto agrario no es una excepción, el país está sobrediagnosticado, pero de todos modos, el Congreso sigue en mora de aprobar una ley de especialidad agraria. Yo celebro la voluntad del Gobierno de solucionar este problema, porque es necesario, pero el diablo está en los detalles.

Katherine Miranda, representante a la Cámara durante un debate en el Congreso.

Foto:Prensa Cámara

Representante, ¿por qué cree que este proyecto abre la puerta a la expropiación exprés?

Hoy en día la expropiación es una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico y está fundamentada en la función social y ecológica de la propiedad privada, eso no está en discusión. Recordemos que la rama judicial es una rama del poder público independiente en la que no hay injerencia de la rama Ejecutiva ni el gobierno de turno. Hoy en día, los procesos de expropiación cuentan con un control judicial previo lo que garantiza la imparcialidad y la protección del debido proceso, entre otras garantías procedimentales. La raíz del problema en la propuesta del gobierno es el “cómo”. El Gobierno pretende otorgar esta potestad a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través de un trámite administrativo y sin controles judiciales previos podrá adquirir tierras mediante diversos procedimientos (incluyendo eventualmente el de la expropiación). La posibilidad que tendría la parte afectada para controvertir esta decisión ante un juez pasaría a ser posterior, cuando el daño ya se haya materializado.

No es la primera vez que el Gobierno busca la expropiación exprés. ¿Por qué la insistencia en esta figura?

Bueno, originalmente este nombre de expropiación exprés, fue utilizado para denunciar la propuesta de un nuevo artículo en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro que permitía la declaración de utilidad pública y posterior expropiación administrativa de precios por parte de la ANT. Por la presión que hicimos algunos congresistas esto fue matizado y el artículo 61 del Plan lo que hizo fue eliminar la fase judicial previa que existía en el Decreto Ley de asuntos agrarios. Este artículo finalmente se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma. Que el Gobierno siga insistiendo en esta figura es problemático. El Gobierno terminaría siendo, en la práctica, juez y parte en estos procesos. Esto rompe con el Estado de Derecho. Trasladar estas competencias al ámbito administrativo concentra excesivo poder en una entidad que no asegura las mismas garantías de imparcialidad y equidad que proporciona el poder judicial.

¿Por qué cree que esta reforma también abre la puerta a las invasiones?

El proyecto propone un principio rector para todo el funcionamiento de la jurisdicción agraria denominado permanencia agraria (Artículo 5, numeral 12). Este principio crea un incentivo perverso para ocupar la tierra. El Gobierno incentivaría la invasión de tierras bajo este principio. Si un invasor tiene alguna actividad que se entienda como productiva en el terreno no se podrá desalojar ni ordenar que la actividad económica cese como medida cautelar mientras se resuelve el pleito. Ni siquiera los jueces podrán hacerlo. Esto es completamente desproporcionado. Esta limitación empeorará la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad en la tierra. Una medida de este tipo es contraria incluso al Acuerdo de Paz y podría empeorar las disputas en el campo sobre la tenencia de la tierra. Allí, prácticamente, se avala que cualquier invasión y donde se demuestre que los invasores tienen una actividad agrícola, como plantar papa, implicaría que es legal esta invasión y el procedimiento sería. 

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde

Foto:Prensa Katherine Miranda

¿Qué más le preocupa de este proyecto?

Es alarmante que el Gobierno haya radicado un mensaje de urgencia para aprobar un proyecto con unas implicaciones tan complejas sin un debate robusto y democrático. La táctica de la aplanadora en el Congreso no se puede aceptar cuando están en juego la propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica.

¿Qué tendría que pasar con este proyecto para que usted lo acompañe? ¿Cómo lo tendrían que presentar?

La jurisdicción agraria es necesaria. Contar con un juez natural que tenga un grado de alta especialidad en la resolución de los conflictos alrededor de la tierra es necesario para darle cumplimiento al Acuerdo de Paz y atacar las raíces del conflicto. Sin embargo, para acompañar este proyecto deben replantearse al menos 3 cosas: eliminar la expropiación exprés, respetar los derechos de propiedad y otorgar garantías balanceadas en términos procesales. Estaré escuchando todas las posiciones de la sociedad civil y gremios, con una actitud propositiva para sacar esta iniciativa adelante. Siempre y cuando se modifiquen estos lunares.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política