Las reacciones de congresistas a la directriz de la Fiscalía para el manejo de la protesta social en Colombia

El pasado 10 de septiembre la Fiscalía General de la Nación expidió la directriz 0001 de 2024 en donde están plasmadas nuevas pautas para el tratamiento que se le debe dar desde ahora a la protesta pacífica en Colombia.

El documento de 25 páginas fija nuevos lineamientos “para reforzar el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta social pacífica”, que se divide en 33 directrices.

La directriz, “por la cual se reconoce, garantiza y protege el derecho a la protesta social pacífica”, está dividido en cuatro bloques que comprenden la protección a la protesta social pacífica; los límites del poder punitivo del Estado; la tipicidad de los delitos ocurridos como ocasión de la protesta; y la forma en la que se debe proceder en la investigación y judicialización de actos delictivos que afectan el derecho a la protesta social.

Las reacciones

Este anunció generó reacciones de algunos congresistas que califican de 'gravísimo' y 'peligrosa' la directriz expedida por la fiscal Luz Adriana Camargo.

Paloma Valencia.

Foto:Cortesía

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático)  fue una de las congresistas que se pronunció tras el anuncio de la Fiscalía. En su cuenta de X señaló: "Gravísimo! La fiscal general decide que ante la protesta el Estado debe cesar cualquier acción, ni jueces ni fiscales ni la fuerza pública podrán contener los bloqueos que serán considerados ahora parte de protesta pacífica. Prácticamente se renuncia a la acción de las autoridades ante los delitos que se cometan en protesta. Vía libre a la primera línea. ¿Qué estará planeando el Gobierno?".

También, los senadores Jota Pe Hernández (Alianza Verde) y Didier Lobo (Cambio Radical) debatieron sobre el tema en W radio.

Hernández aseguró que la nueva directiva del ente investigador es peligrosa: "Esta directriz es peligrosa para la fuerza pública, que se tendrá que cohibir de actuar, y para los ciudadanos".

Y finalizó diciendo: "Si ha existido abuso de autoridad, también ha existido agresión a la autoridad, no se puede dar vía libre a manifestantes violentos”.

Por su parte, el senador Lobo señaló: “Este acto incita a que los manifestantes puedan arremeter contra el bien público y privado porque no serán judicializados”.

Además, dijo que la medida que se debe tomar es preparar a la Fuerza Pública para que sepan reaccionar a los momentos de violencia dentro de las manifestaciones.

La defensa de la Fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía defendió la medida por medio de un comunicado en la mañana de este lunes 16 de septiembre en donde señalan que la decisión se tomó tras varios meses de estudio y análisis interinstitucional respecto a la solicitud formal que realizó el Ministerio de Justicia.

Según el ente investigador el documento recoge la normatividad vigente y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional de Colombia, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de Naciones Unidas sobre la materia.

"Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones", se lee en el comunicado.

Además: "Se reitera el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que desbordan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a adoptar decisiones libres de prejuicios y de discriminación, brindando especial protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cubren los ejercicios de protesta social".

También señalan: "De igual manera, se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir".

Y finalizan diciendo que de esta manera la Fiscalía busca contribuir en la consolidación de rutas democráticas, que le permitan al país exponer sus diferencias a través del debate respetuoso y de la protesta social pacífica.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Periodista de Política