Las razones por las que piden condena ejemplar en prisión a exfuncionarios de Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación, mediante un escrito de acusación, solicitó a un Juez una condena de entre 10 y 45 años de prisión para las personas vinculadas en un caso de presunta corrupción ocurrido durante la Alcaldía de Daniel Quintero (2020-2023).

En el caso, están imputados dos exgerentes de Metroparques, una exdirectora del Inder y el representante legal de una empresa contratista de la Alcaldía.

Se trata de Diana Paola Toro Zuleta, exgerente del Instituto del Deporte y la Recreación (Inder); Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda -ambos exgerentes de Metroparques- y Mauricio Jaramillo Botero, de la empresa Cyan.

El escrito al que se hace referencia, al que este medio tuvo acceso, indica que estos son los delitos imputados a cada uno y, posteriormente, se refiere a las condenas respectivas que tendría cada uno de estos según la ley.

Los imputados

Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, están imputados Liévano y Toro, en calidad de coautores.

Referente al delito de Interés indebido en la celebración de contratos, están imputados Liévano y Domínguez en calidad de coautores.

Por peculado por apropiación agravado, los imputados son Liévano, Domínguez y Toro, en calidad de coautores, y Jaramillo Botero en calidad de interviniente.

Las condenas que piden

Dice el documento que, referente al delito de Peculado por apropiación, "si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Sobre los años de cárcel por este delito, dice: "La pena queda de 96 a 405 meses. En modalidad continuada los márgenes punitivos son 128 meses a 540 meses de prisión. Es decir, 10 años y 8 meses hasta 45 años de prisión".

Sobre el contrato

El documento cuestionado es el contrato interadministrativo número 6700013390, suscrito en septiembre del 2020 bajo la modalidad de selección directa.

El objeto del mismo, según el ente acusador era garantizar el apoyo logístico y la realización de eventos recreativos y deportivos en Medellín," tarea que terminó siendo ejecutada por una empresa privada dedicada a eventos y logística. Esta última, seleccionada por Metroparques, en su calidad de administradora de los recursos".

En este, según la Fiscalía, no se verificó el cumplimiento de los requisitos legales esenciales.

No solo eso, al contrato, que era inicialmente por tres meses, le realizaron hasta siete modificaciones al contrato, que tuvo un valor inicial de casi $22.000 millones, lo que extendió "sin justificación, su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, elevando su valor a 24.205 millones de pesos".

La última imputación fue en octubre

Si bien las audiencias de este proceso comenzaron en enero de este año, a comienzos de octubre se realizó la última imputación, que fue a Diana Paola Toro, quien no aceptó los cargos.

Según la investigación, adelantada por un fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública, "Toro Zuleta, al parecer, se apropió de más de 1.900 millones de pesos, correspondiente a la sobre estimación de los precios de los bienes para el desarrollo de diferentes actividades deportivas, generando sobrecostos del 55,7 por ciento".

Esto se indicó tras los análisis practicados por peritos expertos, quienes evidenciaron que durante el proceso contractual "no se justificó el valor del contrato ni la forma cómo se calcularon los precios unitarios de los productos y servicios".

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Liévano también se habría apropiado demás de 1.900 millones de pesos.

Mientras que el peculado por apropiación agravado de Domínguez sería por $3.700 millones "en provecho del tercero Cyan eventos"; mismo valor que sería el peculado por apropiación agravado en provecho propio al que imputaron a Jaramillo Botero.

Lo que dijo Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a esta noticia en sus redes sociales, advirtiendo que esto apenas comienza, ya que son más de 650 las irregularidades que encontraron al llegar a la Alcaldía.

"La corrupción que hemos denunciado de la administración anterior sale a flote. (...) Se robaron a Medellín y los órganos de control están actuando. Recordemos que ya van más de 15 imputados y se han aplicado procesos de extinción de dominio para recuperar los recursos públicos que se robaron", expresó el alcalde. 

ALEJANDRO MERCADO

Periodista de Nación

Medellín