Las razones por las que el presidente Gustavo Petro tiende a usar estados de excepción para gobernar

De nuevo, el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de un estado de emergencia económica y social, esta vez para atender una supuesta epidemia de fiebre amarilla en el territorio nacional, pues, según datos manejados por el mandatario, se han reportado 74 casos y 32 muertos por esta enfermedad.

El mandatario aseguró que la deforestación y el aumento de las temperaturas por el cambio climático han hecho que la enfermedad se manifieste en zonas de mayor altura. Aprovechó el mensaje para señalar a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por supuestamente no ayudar al proceso de prevención de la enfermedad a través de la vacunación.

Petro no dio mayores explicaciones sobre las razones por las que necesitaba la declaratoria más allá de decir que ante el recorte presupuestal “hay que tener recursos para asumir el problema rápido y con contundencia”. Todo esto fue usado para justificar el anuncio del Ministerio de Hacienda de anticipar el recaudo de impuestos de 2026. “El incremento de la retefuente, entre otros recursos, se hará de manera diferencial”, comentó el mandatario como una de las medidas para obtener más recursos.

El anuncio no ha sido recibido de la mejor manera, pues distintos sectores han denunciado que no sería necesaria, contrario a lo que ha dicho el primer mandatario.

Vale recordar que el estado de emergencia económica y social es uno de los estados de excepción consagrados por la Constitución para atender hechos “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”. Con esta medida puede entrar a emitir decretos con fuerza de ley y “en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”.

Distintos sectores han señalado que dichas capacidades no son necesarias en este momento, como hizo saber la secretaría de salud de Bogotá, a través de su cabeza, Gerson Bermont. Además de salir en defensa de las capacidades de la capital para los temas de prevención, indicó que “no todo se resuelve con emergencias económicas”. En ese sentido habló de un supuesto desmantelamiento del Instituto Nacional de Salud.

“El INS desmanteló todos sus equipos técnicos y eso no lo resuelve con plata, lo resuelve solo con respeto a las capacidades técnicas y científicas fuera de elementos ideológicos. Escuche a los técnicos, no a los activistas”, declaró el secretario de Salud.

En ese mismo camino estuvo el exministro de Educación y Salud Alejandro Gaviria. Este también consideró como innecesaria la declaratoria, pues recordó que el brote está presente desde octubre de 2024. “Lo mismo de siempre: buscar culpables para esconder el fracaso del gobierno en lo que supuestamente iba a ser su prioridad, la salud pública”, indicó.

Para el que fue el primer ministro en salir del gobierno Petro, “la anunciada emergencia parece ser una improvisación más, una cortina de humo y un desafuero”. Los sectores de oposición también han cuestionado la tendencia del mandatario a recurrir a los estados de excepción consagrados en la Constitución en vez de usar sus herramientas ordinarias.

“Lo que corresponde es que el Gobierno Nacional haga uso de sus facultades ordinarias, en lugar de buscar poderes adicionales mediante decretos que rara vez soportan el examen de la Corte Constitucional”, indicó el senador de Cambio Radical –partido de oposición- Carlos Fernando Motoa.

Los estados de excepción en el gobierno Petro

Esta sería la tercera ocasión en la que el gobierno Petro recurre a esa potestad que le da la Carta Magna para tener facultades legislativas excepcionales. La primera ocasión fue con la declaratoria de emergencia económica y social de La Guajira, el 2 de julio de 2023. En ese momento buscó atender la histórica situación humanitaria de la península con decretos ley que creaban un instituto de aguas, establecían una exención de IVA para el turismo en la zona, creaban un sistema preventivo de salud, y establecían subsidios de energía entre otras medidas.

La medida no duró mucho tiempo, pues la Corte Constitucional lo declaró inexequible a los pocos días. Consideró que la emergencia económica y social era innecesaria puesto que eran situaciones reportadas de larga data, en la que incluso la Corte ya había dicho que había un estado inconstitucional de las cosas, por lo que no se cumplía con la condición de que fuera un hecho sobreviniente para hacer la declaratoria.

Ya a comienzos de este año, Petro hizo uso del otro estado de excepción consagrado en el ordenamiento colombiano, el estado de conmoción. En este caso fue para atender la ofensiva del Eln en el Catatumbo y precisamente se limitó a esta zona. En este caso se establecieron nuevos tributos para atender la ofensiva militar y se establecieron nuevas condiciones para programas de erradicación de cultivos de uso ilícito.

Ahora, el mandatario pretendería usar esta emergencia para destinar recursos a una supuesta nueva contingencia de salud a la que incluso llegó a decir: “Vamos a salir de esta y estamos preparados para ello”. Además de los estados de excepción usados, están las otras medidas extraordinarias como los son  varias declaratorias de desastre, usadas durante el invierno y el periodo de sequía para reorganizar las partidas presupuestales.

La tendencia a usar los estados de excepción

En cuanto a esa tendencia de usar estas figuras, el senador Motoa recordó los resultados de las anteriores veces que usó este tipo de figuras. “El Presidente decretó la emergencia económica en la Guajira por la crisis humanitaria que padecieron algunos de sus habitantes en 2024, pero la declaratoria lejos de ayudarlos dio lugar al peor escándalo del Ejecutivo en lo corrido del cuatrienio”, expresó el senador, haciendo referencia al escándalo UNGRD. Precisamente parte de la contratación que fue usada por el entramado de corrupción se hizo bajo la excusa de la situación humanitaria en la zona.

En cuanto al actual estado de conmoción, vigente hasta el miércoles de la otra semana, indicó que “la declaratoria tampoco sirvió para restablecer el orden ni poner a salvo a la población civil”.

Más allá de las críticas a los resultados, se ha cuestionado la tendencia del primer mandatario a hacer uso de estos estados, que deberían ser una excepción y no la norma. Para cercanos al Gobierno, es la única forma que ha encontrado el presidente Petro para saltar lo que han denominado un “bloqueo legislativo”. Incluso, cercanos al Presidente indicaron que la idea de hacer uso de la emergencia económica la tuvo desde que le tumbaron la ley de financiamiento y solo hasta ahorita habría encontrado la motivación para hacerlo, la fiebre amarilla. 

En pocas palabras, desde el Ejecutivo han justificado las medidas en cuanto al poco trámite legislativo de las propuestas de Gobierno. Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, identificó esta misma premisa como una de las razones. El académico apuntó que se estaría intentando “evitar una discusión en el Congreso”. Esto luego de que el legislativo no le aprobara el presupuesto del 2024 y su respectiva ley de financiamiento o reforma tributaria.

Ante el hueco fiscal que hay, y que ha llevado a un primer aplazamiento a comienzos de año y una recomendación de un segundo aplazamiento –que implicó la salida de Diego Guevara del Ministerio de Hacienda-, el Ejecutivo estaría en busca de recursos y aprovecharía esta figura para ello.

En ese sentido, Cuervo recordó que dichas declaratorias se presumen legales hasta que sean estudiadas por la Corte Constitucional por lo que estaría “ganando tiempo”. “Los gobiernos usan los estados excepcionales para ganar tiempo”, complementó.

El profesor Juan Federico Pino, de Flacso Ecuador, apuntó que algunos mandatarios han buscado usar los estados de excepción como una "medida del Ejecutivo para intentar gobernar ante los bloqueos. Es una tradición del Ejecutivo para tratar de mantener el status quo”.

Sin embargo, llamó la atención de que estas figuras de excepción fueron muy criticadas por la guerrilla en la que militó el primer mandatario. “Lo paradójico es que el M-19 criticó mucho que se gobernara con los estados de excepción porque era debilitar la democracia”, apuntó Pino.

Como Pino, varios han recordado lo ocurrido con la Constitución de 1886, cuando el país vivía en un permanente estado de sitio, el principal estado de excepción consagrado en dicha carta magna. De acuerdo con informaciones de la época, entre 1949 y 1991, Colombia vivió 30 años bajo estado de sitio.

Se esperaba que con la Constitución de 1991 se limitara estas figuras y así ha sido, pues tienen control por la Corte Constitucionalidad y el Congreso, que incluso puede entrar a reformar los decretos ley que emita el primer mandatario. Sin embargo, se ha cuestionado esa tendencia del actual gobierno de recurrir a esta figura.

Además de las razones de evitar el debate legislativo, se ha cuestionado al Ejecutivo pues termina buscando una forma de gobierno que se salta el poder Legislativo, así el mismo estado de emergencia económica y social implique controles posteriores de las otras ramas del poder.

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JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política