Las preocupaciones que tiene la ACM sobre la decisión de MinAmbiente en áreas de Santurbán

hace 2 horas 11

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) insistió en que la reciente publicación sobre las áreas de reserva temporal en Santander por parte del Ministerio de Ambiente genera una gran preocupación en el sector minero. 

Conforme a los criterios de

De acuerdo con la ACM la esta decisión excluye las actividades mineras sin un proceso de participación ciudadana, sin el debido rigor técnico y va en contravía de las directrices emitidas por el Consejo de Estado en materia minera.

La entidad apunto que el Gobierno no ha vinculado a las CAR ni a las comunidades locales, lo que desconoce la autonomía territorial.

Para Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, en Santander, la minería es una fuente de subsistencia profundamente arraigada en latradición del territorio.

"Esta decisión arbitraria afectará gravemente a las familias santandereanas que dependen de la minería. No se puede tomar una medida de esta magnitud sin estudios técnicos que la justifiquen, sin un proceso de concertación y diálogo previos, libre e informado con las comunidades y las autoridades locales”, afirmó Nariño.

Sobre el proyecto publicado por el Ministerio de Ambiente, la ACM señaló que genera una alta incertidumbre jurídica y económica para el sector, puesto que prohíbe el desarrollo de nuevas actividades mineras, así como la expedición de licencias y permisos a proyectos en curso. 

La laguna de Páez hace parte del complejo lagunar del páramo de Santurbán conformado por 57 lagunas entre Santander y Norte de Santander.

La laguna de Páez hace parte del complejo lagunar del páramo de Santurbán conformado por 57 lagunas entre Santander y Norte de Santander.

Foto:Jaime Moreno

Nariño aseguró  que es inconcebible que el Ministerio diga que el proyecto de

resolución se sustenta en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables

y no cumpla ninguno de los requisitos establecidos dentro del mismo.

"El cual respeta los derechos adquiridos y no se refiere a recursos minerales, ni excluye su aprovechamiento. Aspectos que sorpresivamente no tiene en cuenta el proyecto de

resolución”, detalló.

De acuerdo con el directivo resulta preocupante que el Gobierno tome esta decisión sin culminar el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, bajo las garantías establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361/17.

Presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño.

Presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño.

Foto:ACM

La ACM solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que informe a la ciudadanía, con carácter prioritario, el cronograma detallado del plan de participación ciudadana y concertación con las comunidades, que se desarrollará como parte esencial del proceso previo a la expedición de de la resolución. 

"Pues de ninguna manera puede entenderse que la publicación por 20 días calendario,

constituye un proceso participativo suficiente", detalló el directivo.

Para Nariño, la medida de esta magnitud, que incorpora decisiones trascendentales en relación con el medio ambiente, compromete derechos fundamentales, impacta significativamente el desarrollo económico del departamento.

"Esto influye en los usos del suelo, afecta la actividad minera y altera directamente los planes de vida de los habitantes de la región, no avance sin garantizar una participación y concertación previa, adecuada, informada y verdaderamente efectiva, de acuerdo a los criterios de la Corte Cosntitucional", apuntó.

Según datos de las ACM, la medida afectará en la provincia de Soto Norte a 35.000 personas que dependen directamente o indirectamente de la minería, en municipios como: Suratá, Matanza, Vetas, California, Charta, Tona y Bucaramanga.

"La provincia de Soto Norte abarca más de 119.000 hectáreas, de las cuales 41.000 ya

están delimitadas y 75.357 serán parte de la nueva zona de reserva temporal. Esto

equivale a dos veces el área de la zona urbana de Bogotá", argumentó

Según el directivo “estamos hablando de una actividad que aporta más de 20 billones de pesos a la economía nacional en regalías, renta y contribuciones. Cuando el país más necesita estos recursos, la decisión del Ministerio castiga injustamente a miles de familias y territorios que dependen de la minería”, indicó.

Nariño agregó que este es un precedente que nos debe poner en alerta a todos, "pues esta resolución podría ser la primera de muchas que se tomen de manera indiscriminada en diferentes regiones del país o incluso en otros sectores, con consecuencias económicas y sociales irreversibles".

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