Las claves de los 'superpoderes' del Ministerio de Agricultura que tienen en vilo a los gremios del agro

La reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de asumir mayores funciones de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias ha generado una preocupación y profunda controversia en diversos gremios del sector agrícola y campesino.

La nueva medida, establecida en la reglamentación de la Ley 2219 de 2022, mediante la resolución 000052 de 2025 del Ministerio de Agricultura, es vista por los gremios como una forma de concentrar poder en el Ministerio y como una amenaza para la autonomía de las asociaciones que representan a los pequeños y medianos productores del país.

La norma propone medidas preventivas y sancionatorias cuando se compruebe que estas asociaciones excedan los límites de la ley, en ejercicio de su actividad.

Los principales puntos que causan preocupación son: 

Las preocupaciones sobre el control y vigilancia

En cuanto al primer punto, la resolución dispone que "el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá aplicar las medidas preventivas para evitar de manera transitoria que una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional, sean o no agremiaciones, en ejercicio de su actividad no cumpla o exceda los límites impuestos por la ley, por la voluntad de sus fundadores o por sus propios estatutos, en lo relacionado con su constitución y funcionamiento".

Esto, de acuerdo con el Consejo Gremial Nacional y sus 33 gremios afiliados, representa una grave extralimitación de funciones y "una amenaza directa a la libertad de asociación y la autonomía gremial, principios fundamentales de un Estado democrático”.

Pues la norma, dicen, "abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre entidades privadas, otorgando al Gobierno la facultad de controlar y solicitar información financiera de gremios independientes, remover administradores y representantes legales de las asociaciones, interpretar los estatutos gremiales según su conveniencia e intervenir en las asambleas sin justificación alguna".

Las preocupaciones sobre la libre asociación

El Consejo Gremial agregó que la Constitución, en los artículos 38 y 39, establece el derecho de los ciudadanos a "asociarse libremente sin injerencias indebidas del Estado" y que la resolución lo cambiaría.

Este punto lo retoma Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): "esta resolución es gravísima porque, en nuestra opinión, va en contravía del artículo 38 y del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia que garantizan el derecho a la libre asociación y sin intervención del Estado".

Según el líder gremial, todos los puntos de la resolución expedida por el Ministerio de Agricultura son "absolutamente críticos" porque con ellos el Gobierno busca simplemente tener injerencia y control de aquellas actividades que son de naturaleza privada.

Bedoya dijo que con esta medida, el Gobierno pretende tener autoridad para interpretar los estatutos y remover a los representantes legales.

Agregó que los comentarios y reparos sobre esta resolución fueron enviados a la Ministra de Agricultura y también en su momento a la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por considerar que esta cartera debería garantizar el derecho de la libre asociación sin intervención del Estado.

Preocupación por las sanciones 

La resolución establece que "cuando se compruebe que una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional, sea o no agremiación, en ejercicio de su actividad exceda los límites impuestos por la ley o no cumpla la misma, al igual que viola la voluntad de sus fundadores o de sus propios estatutos en lo relacionado con su constitución y funcionamiento, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá ordenar medidas preventivas y de sanción".

Las sanciones van desde amonestaciones escritas, cancelaciones de personería jurídica, multas, modificaciones de estatutos, hasta la prohibición definitiva y temporal de su actividad.

Con la medida, asociaciones como la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y las cooperativas de caficultores o productores en todo el país, entre otras, quedarían bajo la supervisión total de esta cartera.

Para Aliadas, gremio de gremios, la medida excede el marco legal y constitucional al otorgar facultades inconstitucionales de control e intervención sobre las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales.

"Esta resolución - dice Aliadas- vulnera el derecho fundamental a la libre asociación y la libertad de empresa, sienta un precedente inaceptable para la democracia y abre la puerta a la instrumentalización política de la supervisión estatal".

De acuerdo con la organización, la medida "fomenta el debilitamiento de la autonomía gremial y de la institucionalidad campesina, entrega facultades discrecionales al ministerio que pueden derivar en intervencionismo indebido y uso político del control estatal, fomenta la ausencia de deliberación democrática en su formulación, afectando la confianza en las instituciones".

Preocupación por la carga administrativa y económica

Aliadas además apunta que la medida puede generar una carga administrativa y económica excesiva para las asociaciones y un impacto negativo en la competitividad y productividad del sector agropecuario.

Incluso, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, alertó  sobre esta situación: "el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, tiene la intención de tomarse los gremios agropecuarios y quedarse con los recursos parafiscales. No veo otra intención detrás. Una resolución del ministerio le está dando facultades para cambiar a los directores de los gremios e imponerles sanciones millonarias", dijo.

La respuesta de la ministra de Agricultura: se está cumpliendo con la ley

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, respondió a las críticas de los voceros gremiales aclarando que estas funciones de control fueron asignadas legalmente por el Congreso de la República a través de la Ley 2219 de 2022, sancionada por el entonces presidente Iván Duque.

Esta ley, dijo la ministra, fue un mandato legislativo claro que otorga al Ministerio y a las Secretarías de Gobierno municipales y distritales la facultad de supervisar y sancionar las actividades de estas asociaciones cuando no cumplan con los límites legales, estatutarios o los principios establecidos por sus fundadores.

“La ley asignó funciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las normativas que rigen las asociaciones campesinas y agropecuarias”, argumentó 

Además, subrayó que la resolución 052 de 2025 establece los procedimientos administrativos necesarios para ejercer estas funciones, asegurando la transparencia mediante la publicación de los proyectos de resolución en plataformas oficiales como el SECOP, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana y que buscan que le permitan al sector seguir creciendo.

"No está en discusión la facultad legal del Ministerio de Agricultura, entendemos la angustia frente a las medidas que ha implementado el ministerio, pero es importante decirlo, provienen del conjunto del régimen administrativo de inspección, vigilancia y control que existe en Colombia y que ejercen el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación o las superintendencias", agregó.

Carvajalino apuntó que "la intención de la cartera no es otra que cumplir la ley y que ese mandato legal se cumpla con los mejores estándares y el respeto a la constitucionalidad. Nadie por fuera de la ley, ni por encima de la ley. Construimos de cara al país".

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