Las apuestas electorales detrás de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro

El llamado a consulta popular con el que el presidente Gustavo Petro respondió al virtual archivo de la reforma laboral en el Senado marca el banderazo anticipado para la campaña del 2026 con un trasfondo crítico: el de la consolidación de la más grave crisis entre el Ejecutivo y el Congreso como poder independiente en décadas. Mientras sigue moviéndose para tratar de evitar que el hundimiento de la laboral se oficialice en la Comisión VII, el ministro Armando Benedetti asegura que al Gobierno “le dieron papaya” para hacer campaña y que la consulta “va porque va”.

Benedetti, que ajustó esta semana un primer y duro golpe en su imagen de efectivo operador político en el Congreso, será pieza clave en la estrategia del presidente Petro, si es que materializa finalmente su nueva idea de acudir directamente al voto popular para tratar de respaldar sus proyectos. En marzo del año pasado, de la mano del excanciller Álvaro Leyva –hoy uno de sus más duros críticos–, Petro centraba discursos y trinos en la supuesta viabilidad de una constituyente que, según él, podía convocarse sin pasar por los retenes establecidos por la Constitución del 91.

La idea nunca cuajó –de hecho, fue desterrada con la llegada del antecesor de Benedetti, Juan Fernando Cristo–, y es por eso que senadores como Angélica Lozano aseguran que mientras no llegue la solicitud oficial al Congreso, la consulta seguirá siendo “un globo”.

Esa posibilidad es real. Pero con el sol a las espaldas y con cada vez más alarmas encendidas –en las relaciones con EE.UU., en seguridad y orden público, en materia energética– y con pocos resultados que mostrar en su gestión, la opción de montar al país en unas votaciones generales en pleno año preelectoral puede parecer ventajosa para el presidente Petro y su proyecto político.

Esto a pesar de las dificultades y riesgos que implicaría organizar unas votaciones nacionales en medio de la crisis fiscal –paradójicamente, cuando el Gobierno ha tratado de meterles tijera al presupuesto del Consejo Electoral y la Registraduría– y con amplias zonas del territorio nacional en plena crisis de orden público. ¿Puede, en cuestión de cuatro meses (el plazo establecido por la ley para realizar la consulta una vez tenga la bendición de la plenaria del Senado), garantizar el Estado que los ciudadanos llegarán libremente a las urnas en zonas como el Catatumbo, Arauca, el nordeste antioqueño o el Cauca? Esa es una de las primeras preguntas que deberá responder el Ejecutivo.

De entrada, no hay discusión en que la consulta popular es un mecanismo legítimo en nuestra democracia al que el Presidente (y otros actores habilitados legalmente) puede acudir en cualquier momento. A diferencia de figuras como la conmoción interior, la validez de las razones argumentadas por el Ejecutivo para acudir al mecanismo no tiene que ajustarse a parámetros específicos, más allá de convencer al Senado en pleno. Precisamente, lograr esa bendición de la cámara legislativa que menos le ha marchado al Gobierno será un primer reto para Benedetti y el mismo Petro.

Pero el hecho de que no necesite razones justificadas no implica que el Ejecutivo tenga carta abierta para imponer su narrativa sobre las razones del llamado a la consulta. Así, ante la decisión legítima de una comisión del Congreso de apoyar una proposición de archivo de un proyecto, la respuesta del Ejecutivo, empezando por el Presidente de la República, ha sido descalificar la actuación e insistir en la tesis del ‘bloqueo institucional’. Ese supuesto bloqueo, la infiltración del uribismo en su gobierno, el ‘golpe blando’ y hasta supuestos intentos de asesinato han sido piezas recurrentes en el discurso del jefe de Estado para tratar de explicar los resultados de su administración.

“La consulta popular es un mecanismo previsto en la Constitución. Se incorporó precisamente para resolver problemas como el actual conflicto. El Presidente, por tanto, a diferencia de su idea del proceso constituyente callejero, esta vez obra dentro de la Constitución”, dijo el exsenador Humberto de la Calle, uno de los ‘padres’ de la Carta del 91.

Así las cosas, ¿hay bloqueo institucional o ejercicio de la independencia de poderes? Si bien el presidente Petro ha sufrido varias derrotas en los últimos meses, como el archivo de su presupuesto del 2025 y de la reforma tributaria, ese mismo Congreso le aprobó la reforma pensional en junio del 2024. Es el mismo Poder Legislativo que en 2023 le aprobó la reforma tributaria más ambiciosa en la historia del país. Hace una semana, la Cámara de Representantes dio luz verde a la reforma de la salud 2.0. También hay avances en la reforma de la justicia y en la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que están en su etapa final y han avanzado gracias al consenso con las diferentes bancadas.

El Gobierno insiste en que ocho senadores no pueden desconocer la voluntad de los 11 millones de votantes que apoyaron al presidente Petro en las urnas. Por eso, el llamado a la consulta, pero también a las calles. “Al bloqueo institucional se le responde con democracia real y la decide el pueblo. El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión, no de ocho, sino en plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no”, dijo el martes el Presidente.

El pronunciamiento, rodeado de la guardia indígena, se dio cinco horas después de que en la Comisión VII del Senado fue radicada la ponencia de archivo de la reforma laboral, aprobada el año anterior en la Cámara de Representantes. Ese escenario no estaba en las cuentas ni del jefe de la cartera política ni del ministro del Trabajo, el también exsenador Antonio Sanguino, que aún saboreaban el triunfo de hace una semana con la aprobación de la reforma de la salud en la Cámara.

Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Nadia Blel (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres) firmaron la ponencia negativa argumentando que hay problemas de fondo que hacen inconveniente el proyecto. Afirman que aumentaría el desempleo, que no beneficia a los millones de colombianos que no tienen una vinculación formal y que a pesar del aval fiscal que entregó a última hora el Ministerio de Hacienda, no se han calculado realmente los impactos económicos de la reforma.

Desde el Congreso, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda dice que el Presidente está desconociendo “el mandato que el pueblo colombiano le entregó al Congreso, antes de su elección y superior en votos. Incita a la violencia y a desconocer sus decisiones. Se rompe el orden constitucional y la separación de poderes”.

La radicación de la ponencia negativa y su anuncio, un día después, estuvieron marcados por el ingreso de estudiantes del Sena al edificio del Congreso, en lo que fue interpretado como un intento de sabotear a los opositores organizado por parlamentarios del Pacto Histórico como Alfredo Mondragón y Wilson Arias.

Precisamente, el martes la Comisión empezará el debate de la ponencia, el mismo día en el que sindicatos e indígenas marcharán en todo el país. El Presidente incluso decretó día cívico, lo que en la práctica implica que los trabajadores oficiales no tienen que ir a laborar.

“El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones”, anunció Petro.

Entre los dos proyectos, salud y laboral, que serían llevados a las urnas, suman más de 140 artículos. La ley prohíbe someter proyectos de articulado en una consulta, por lo que en Casa de Nariño y La Giralda (sede del Mininterior) ya están trabajando en tratar de encontrar un texto que sea viable. “La primera pregunta es: ¿quiere que el día (laboral) en Colombia termine a las 6 de la tarde y sean festivos el sábado y el domingo y por tanto habrá recargo salarial si se trabaja en horas extras? Sí o No”, planteó el presidente Petro este viernes.

Con preguntas de ese tono, fácilmente vendibles al electorado, y sin tener que exponer los argumentos técnicos que esgrimen los opositores de la reforma laboral, parecería una empresa política relativamente factible. El problema para el Gobierno y sus fuerzas es que deberá convencer al menos a 13,6 millones de votantes para que acudan a las urnas, y lograr que la mitad más uno de ellos digan sí a sus preguntas. Esto tras dos años y medio de un gobierno desgastado y cuando ha sido claro que la movilización popular fue para el petrismo mucho más efectiva en campaña que en el poder.

“Desde ambos lados del espectro político están haciendo cálculos con resultados diferentes. La izquierda, además de usar la consulta como un mecanismo de presión ante el Congreso, podría estar contemplando que de elevarse la solicitud, el plenario del Senado la rechace. En ese escenario es probable que el Gobierno insista en su narrativa y retórica de bloqueo institucional e, incluso, que le sirva como excusa para promover masivas movilizaciones sociales ante la negativa del Congreso de permitir que el pueblo se pronuncie”, dice el analista Gabriel Cifuentes, columnista de este diario.

Que el anuncio de la consulta lo están usando como presión al Congreso lo confirmó el propio ministro Benedetti: “Quiero ver si va a negarle al pueblo pronunciarse sobre las reformas sociales”, dijo esta semana. El ‘coco’ del llamado al pueblo y ‘a la calle’ ya ha sido utilizado para tratar de convencer a los congresistas que no le copian al Gobierno o para tratar de presionar decisiones del Poder Judicial. Y están además las descalificaciones contra parlamentarios que, en concepto del presidente del Senado, Efraín Cepeda, ponen en peligro su integridad y la de sus familias. El presidente Petro los llamó “traidores” y en los medios oficialistas, como RTVC, fueron duramente fustigados.

Los riesgos que abre esa narrativa son notorios, dice el analista Jairo Libreros: “No solo no se justifica la convocatoria de una consulta, sino que además se descalifica y se provoca la ruptura de la armonía entre las ramas del poder público por una decisión que forma parte de las libertades de los congresistas. Es una apuesta muy arriesgada, porque medirse popularmente no es fácil; una derrota en esa consulta podría desencadenar una estruendosa derrota en las elecciones al Congreso”.

Mostrarse como el rostro de la bandera del pago de más horas extras o de la idea de que las mujeres que están en el período no tengan que ir a sus lugares de trabajo puede ser un eficiente gancho de cara a las elecciones del 2026, tanto para Cámara como para Senado. Y al Gobierno, además, le funciona el ruido que naturalmente genera el tema de la consulta para tratar de sacar de primeras planas los problemas en la ejecución y escándalos como el de ‘Papá Pitufo’, que siguen creciendo (ver entrevistas).

La senadora María José Pizarro, que está en el grupo de los que aspiran a contar con la bendición de Petro para aspirar en las presidenciales, ya está lista para la campaña. “Defenderemos en el Senado y en las calles la propuesta de consulta popular y todo mecanismo de participación ciudadana, como expresión máxima de la democracia directa con la que cuenta el pueblo para hacer valer su opinión soberana. La democracia del Estado de derecho hoy sigue pendiente en Colombia, hagamos valer la Constitución del 91”, aseguró.

Todo dependerá, de nuevo, de que el Presidente presente la solicitud (que podría en todo caso retirarse en cualquier momento) y de que el Senado la apruebe. Por lo pronto, en la oposición tendrán que definir si le apuntan a una campaña por el no, buscando un golpe de opinión contra un gobierno que perciben débil ante los colombianos, o si se van por el camino menos riesgoso de promover la abstención. Ese filtro, el de la participación mínima, mató el referendo de Álvaro Uribe en uno de sus mejores momentos de prestigio político (2003) y la consulta anticorrupción promovida por Claudia López, que logró respaldos por el sí superiores al 90 por ciento, pero que se ‘colgó’ porque no llegó a los 12,3 millones de votos que entonces requería (hoy se necesitan al menos 1,3 millones más).

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, insiste en que se debe dar luz verde y buscar la derrota del Gobierno. “Colombia no se debe dejar intimidar por Gustavo Petro ni sus llamados a la consulta popular”, señaló. En el Centro Democrático, el otro buque político de la oposición, el tono es similar.

¿Le conviene al país salir a las calles a una campaña anticipada? “Si bien es jurídicamente viable, creo que es políticamente inconveniente. No solo porque se cruza con un año preelectoral, donde además es probable que haya consultas de la izquierda para elaborar sus listas al Senado e ir decantando candidatos, sino porque el mensaje que se envía no conduce a nada distinto a atizar una ya agravada polarización”, dice Cifuentes. Eso sin contar con los al menos 500.000 millones de pesos (la consulta del 2018 costó 310.000 millones) que tendría que invertir la Registraduría para sacar adelante el proceso.

El exsenador De la Calle, que insiste en la legitimidad de convocar una consulta, reconoce también su poca viabilidad en el momento actual: “Los problemas son los que anuncia la realidad. Se requiere un umbral y una votación voluminosa. Es el Senado el que puede o no convocarla, si triunfa, las normas deben ser adoptadas, de nuevo, por el Congreso, salvo que este se niegue. Y todo eso en medio de un delicado proceso electoral. Lo razonable es buscar un acuerdo. No es imposible en lo laboral. Más difícil en salud”.

La reforma de la salud entrará a la agenda de la misma Comisión VII de Senado en los próximos días. Allí ya se hundió el primer proyecto, el de la ministra Carolina Corcho, y el actual entra con el campanazo de la ponencia negativa para la laboral.

El presidente Gustavo Petro, que asegura que ha buscado genuinamente un acuerdo nacional con “la oligarquía”, mantiene el discurso y las acciones que a lo largo de estos años han impedido los consensos. “La fundación de Colombia es un momento de libertad y emancipación y así queremos ser hoy, emancipadores. No más esclavitudes modernas, no más esclavistas manejando como su hacienda el país hermoso que tenemos y que llamamos Colombia”, dijo el viernes.

Al respecto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, considera que todavía se está a tiempo “para que se conforme una mesa de concertación efectiva alrededor de la cual se pueda construir la reforma laboral que signifique un verdadero avance para trabajadores”.

El martes, los ocho senadores de la Comisión VII que apoyaron la ponencia negativa deberán oficializar su posición. Lo que se decida en el Congreso, probablemente con una plaza de Bolívar arengando en contra de sus miembros, determinará el siguiente movimiento del Presidente y su consulta.

MATEO GARCÍA

Redacción Política

X: (@teomagar)