La suerte de la reforma laboral se decide en medio de tensiones entre Petro y el Congreso: así está el pulso

En medio de las tensiones por las marchas convocadas por el propio presidente Gustavo Petro, que tendrían un impulso por la declaratoria de día cívico que causó polémica, este martes a las 10 de la mañana, la Comisión VII del Senado está citada para definir la suerte de la reforma laboral.

Según manifestó Nadia Blel, senadora conservadora y presidenta de esa célula legislativa, los ocho senadores que firmaron la ponencia negativa que se radicó la semana anterior y significó el virtual archivo de la iniciativa oficial de cara a su tercer debate, ratificarán la posición.

“No veo que los ocho senadores se vayan a mover. Por el contrario, les hago la invitación a otros senadores de la comisión para que nos acompañen en esta ponencia de archivo y que busquemos todos, más adelante, un proyecto que salga del Congreso y que sí pueda generar algún alivio a la clase trabajadora”, dijo la jefa del conservatismo a EL TIEMPO.

Y aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en entrevista con este diario que “siempre hay algo por hacer”, si esos ocho senadores mantienen su intención de archivar la reforma, se consumaría una nueva derrota para el Gobierno Nacional en el Congreso, específicamente en esa comisión, donde en abril del año anterior se hundió la primera reforma de la salud.

Convocatoria a marchas genera tensión en el Legislativo

Pero hay alta tensión. La convocatoria a las marchas, que va de la mano de una consulta popular anunciada por el presidente Petro como una respuesta ante el virtual archivo, ha sido vista como una manera de presionar al Congreso y evitar la discusión democrática.

“La marcha del martes está pensada para obstaculizar las sesiones del Congreso, teniendo en cuenta que la Comisión Séptima está citada para votar las diferentes ponencias”, aseguró el conservador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en entrevista con La FM.

Precisamente desde el Legislativo se han adoptado una serie de medidas para garantizar la protección de los parlamentarios que sesionarán este martes y se pidió a la Policía Metropolitana que se establezca un corredor para garantizar el ingreso de los congresistas al Capitolio y el Edificio Nuevo, donde está ubicada la Comisión VII.

Y es que la semana anterior más de 300 personas –la mayoría estudiantes del Sena convocados por el Pacto Histórico– ingresaron a las instalaciones del Legislativo en protesta de la radicación, algo que fue visto como una intimidación.

Además, hay alertas por la seguridad de los ocho senadores -Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Nadia Blel (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Miguel Ángel Pinto (Partido Conservador), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres)-, quienes incluso han sido amenazados.

Desde distintos sectores han insistido en la autonomía del Congreso y en el respeto de las instituciones de cara a esta discusión, que si bien podría representar un revés para el Gobierno, los congresistas de la Comisión VII están actuando según los parámetros establecidos en la ley.

La polémica por el día cívico decretado por el presidente Petro

La declaratoria del día cívico, cuyo decreto solo se conoció hasta este lunes en la tarde, ha sido vista como una movida del Gobierno para garantizar mayor asistencia a las movilizaciones, que serán en las principales ciudades del país y se espera que el propio presidente esté liderando las marchas en Bogotá, que concluirán en la plaza de Bolívar.

El decreto señala que la obligatoriedad del día cívico solo aplica para entidades públicas de la Rama Ejecutiva, tanto del orden nacional como en los niveles central y descentralizado, las cuales adoptar “las medidas apropiadas para facilitar a las personas el ejercicio del derecho de manifestarse y reunirse, de manera pública y pacífica, en el marco del día cívico para la participación ciudadana”.

Mientras que solo exhorta a las entidades territoriales y a la rama judicial a hacer lo propio. La judicatura, por ejemplo, ya anunció que no se acoge.

Varios alcaldes y gobernadores se han desligado y anunciaron desde el fin de semana que no se sumarán a la jornada.

Uno de los principales argumentos es que no se puede dejar a los niños sin clases, y más cuando muchas familias dependen de la alimentación que se les brinda a los menores en las instituciones educativas.

“La Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar. Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad”, advirtió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“En Medellín trabajaremos con normalidad. Garantizaremos el acceso a la educación para 310 mil niños, niñas y jóvenes en nuestras 421 sedes educativas, de igual forma garantizaremos el funcionamiento de Buen Comienzo para más de 80 mil niños y niñas, funcionarán toda la Alcaldía de Medellín, EPM, el Metro y todas las entidades en completa normalidad. Respetamos y garantizamos la protesta pacífica”, señaló, por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Es una situación similar a la que se presentó el 19 de abril del 2024, cuando el presidente Petro convocó a un día cívico argumentando el cuidado del agua. Ese día coincidió con su cumpleaños y la fecha de fundación del M19, extinta guerrilla a la que perteneció.

Y tal como sucedió en esa oportunidad, esta vez el mandatario arremetió nuevamente contra los alcaldes.

“Precisamente para trabajar hay que parar. Alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua”, escribió este lunes en su cuenta de X.

“Prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua. Alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas", agregó el jefe de Estado.

La jornada de este martes será la antesala de una nueva campaña, ya que sin importar lo que suceda en la Comisión VII, el Gobierno, dijo Benedetti, insistirá en el referendo para que sean los colombianos los que decidan si quieren la reforma laboral.

Sería, además, el arranque de la campaña. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo advirtió que bajo este escenario, las presidenciales del 2026 serán a cinco vueltas.

“Si se concreta la convocatoria a la consulta popular sobre la reforma laboral, en el 2026 tendremos una elección presidencial a cinco vueltas. La consulta será la primera hacia el mes de julio o agosto, la segunda será el tercer domingo de octubre con las consultas internas para escoger candidatos presidenciales de los partidos, en marzo con las elecciones de congreso y consultas interpartidistas será la tercera vuelta y la cuarta y la quinta serán en las fechas establecidas de mayo y junio del próximo año. Este martes, entonces, arranca una larga campaña por la sucesión presidencial. 15 meses intensos de confrontación política”, advirtió el exfuncionario.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política