Sin mayores reflectores, en el Congreso de la República ha avanzado durante el último año una reforma constitucional que tiene como propósito fortalecer, según sus autores, la autonomía regional modificando los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
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De hecho, ya fue aprobada en cinco de ocho debates y ahora, de cara a su sexta discusión en la plenaria del Senado, se prendieron las alarmas sobre los riesgos fiscales que esta iniciativa podrían traer para Colombia.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que este proyecto podría ser "fiscalmente insostenible" algo que, argumentó el centro de estudios económicos, "no le sirve a nadie".
El proyecto, básicamente, plantea el fortalecimiento territorial estableciendo una meta para el Sistema General de Participaciones (SGP) de los departamentos, distritos y municipios mínimo del 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación para los 10 años siguientes a la entrada en vigencia de la modificación a la Carta Magna.
Y uno de los promotores de la iniciativa es el senador de Alianza Verde Iván Name, quien la promovió desde su llegada a la presidencia del Congreso, cargo que ocupó hasta el 20 de julio del presente año.
"Estoy profundamente convencido de que bastante bien le haría a nuestro país el establecimiento del modelo de regiones autonómicas, que ayudarían a resolver tantas inequidades y problemas sociales como los que vivimos actualmente en el Cauca, en Arauca, en gran parte del Pacífico, y en general la inmensa mayoría del territorio nacional. ¡Colombia es de todos, cabemos todos, es para todos!", aseguró Name en una columna publicada en este diario a finales del 2023.
"Aquí queremos hacer reformas a la salud, pensiones, educación y ninguna va a corresponder al cuenco general de la eficiencia, sino cambiamos la operación del modelo geopolítico", dijo Name durante una de sus defensas al proyecto.
La alerta de la Anif
Aunque el proyecto ya ha recorrido un largo camino en el Congreso, y solo está a tres debates de ser aprobado, comenzaron a surgir varias dudas alrededor de su pertinencia.
Según la Anif, que le ha puesto la lupa a las iniciativas parlamentarias, especialmente a las llamadas reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, poco se ha discutido públicamente la iniciativa. Sin embargo, se debe resaltar que durante la presidencia de Iván Name en el Congreso se realizó una serie de foros regionales exponiendo la pertinencia de promover la descentralización y la autonomía regional.
Para la entidad, "con esta fórmula, las transferencias del SGP aumentarían hasta un 9,2% del PIB en 2036, implicando una presión de gasto adicional de 395 billones de pesos constantes de 2024 para todo el período 2027-2036".
Además, señala que "de aprobarse dicho proyecto, las transferencias territoriales irían ganando participación hasta el punto de que el 83 por ciento de los ingresos del Gobierno Nacional en 2036 estarían comprometidos en tres rubros: pensiones, intereses y transferencias del SGP".
La reforma indica que, en caso de ser aprobado, el Gobierno Nacional debe presentar un proyecto de ley para precisar las competencias de los entes territoriales pero la Anif alerta que "resulta difícil analizar las bondades de un modelo de descentralización sin conocer una propuesta concreta de dichas competencias".
"Si este proyecto genera un debate nacional que incluya los temas de competencias y mejoras en la autonomía y administración tributaria de los entes territoriales, así como una reflexión sobre los montos y el período de transición, nos daríamos por bien servidos", complementó la asociación.
Y remató su alerta diciendo que "seguir avanzando en su trámite sin discutir sus enormes implicaciones fiscales y los importantes elementos ausentes no solo es grave para el país, sino que también puede ser contraproducente para el objetivo genuino de profundizar el desarrollo regional. Una descentralización fiscalmente inviable no le sirve a nadie".
Pero hay otras alertas. Por ejemplo, el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana señaló que al proyecto le hace falta especificar por qué incrementar los ingresos de las transferencias corrientes va a mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano.
"Para la relación Estado-ciudadano es fundamental que los municipios tengan autonomía territorial. Subir la proporción de los recursos va a quitarle dinero al Gobierno Nacional", se lee en la ponencia publicada para el sexto debate.
Mientras que la Gobernación de Cundinamarca señala que los recursos deben ir a un sistema de participaciones "de libre inversión porque la verdadera autonomía territorial es invertir y priorizar las necesidades en los Planes de Desarrollo".
Además, la iniciativa no cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. La cartera se abstuvo de omitir el concepto favorable.
Pero Name asegura que esos reparos de la Anif son "una vez más la voz del atraso que se opone al desarrollo de las regiones prefiriendo el modelo centralista causante del atraso la pobreza y nuestra guerra bicentenaria y eterna".
Se espera que en las próximas semanas el debate sea agendado para continuar su curso en el Senado y, hasta ahora, todo indica que sería aprobado en el sexto debate para que la Cámara concluya el trámite legislativo de la reforma.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política