La polémica ley que permitiría a ICE detener migrantes en sus casas sin orden judicial

La administración del presidente Donald Trump está considerando utilizar la ley de enemigos extranjeros para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueda detener migrantes en sus casas sin una orden judicial.

De acuerdo a un informe de Telemundo, esta ley fue invocada por el gobierno actual para la deportación de venezolanos hacia una cárcel en El Salvador.

De acuerdo al abogado especialista en migración en Estados Unidos, Álex Gálvez, de implementarse esta ley, el oficial de ICE solo tendrá que decir que está ingresando a una propiedad privada bajo las órdenes del presidente Trump.

Es decir que los oficiales migratorios no necesitarán comprobar que la persona a la que se está arrestando es integrante de una organización criminal, tiene antecedentes penales o por diversos motivos representa un peligro para Estados Unidos.

"Esa es la gravedad de lo que estamos enfrentando las próximas semanas", dijo Gálvez. Hoy por hoy, los agentes de ICE sí necesitan una orden judicial para poder ingresar al domicilio particular de cualquier migrante.

¿Qué es la ley de enemigos extranjeros, que Trump usaría para deportaciones masivas?

La ley de enemigos extranjeros fue promulgada en 1798 para ejecutar una deportación masiva de inmigrantes en situación irregular.

Según detalló Telemundo en otro informe, esta normativa, utilizada únicamente en tiempos de guerra, otorga al presidente la facultad de expulsar extranjeros sin necesidad de un proceso legal, siempre que provengan de un país con el que EE. UU. esté en conflicto.

Esta ley fue aplicada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó la detención de miles de personas de origen japonés, alemán e italiano, confinándolas en campos de internamiento, según la fuente citada.

Dichas medidas, implementadas sin órdenes judiciales, afectaron principalmente a familias japonesas tras el ataque a Pearl Harbor en 1941. Años más tarde, en 1988, el Congreso y el presidente Ronald Reagan acordaron otorgar reparaciones y emitieron una disculpa oficial por esas detenciones masivas.

Si bien un presidente puede activar esta ley sin necesidad de aprobación del Congreso, su uso en política migratoria y deportaciones no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que la jurisprudencia la ha reservado para situaciones de conflicto con naciones enemigas.