La operación que frenó explotación ilegal de tierra con grave impacto al ambiente en Atlántico

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En la mañana de este martes 10 de diciembre, las autoridades reportaron una operación en la vereda El Pabilo, jurisdicción del municipio de Luruaco (Atlántico), por presunta explotación ilegal de tierra.

De acuerdo con el informe judicial, la intervención fue realizada por tropas de la Segunda Brigada, unidad militar adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

En dicha operación, lograron la captura de cuatro personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

El operativo fue liderado por los soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velazco, permitiendo la incautación de un cargador, una retroexcavadora y dos volquetas, maquinaria pesada necesaria para estas actividades ilegales.

El Ejército informó que estas actividades ilegales realizadas por estas personas consistían en la explotación de materiales de arrastre sin los títulos mineros ni las licencias ambientales requeridas.

Esta práctica, según añadió, genera destrucción de ecosistemas a cielo abierto, con graves consecuencias para la biodiversidad local, erosión y sedimentación de suelos.

El parte del vocero del Ejército

Estas operaciones buscan frenar las actividades ilícitas que deterioran los ecosistemas, promoviendo una minería legal y responsable, garantizando un desarrollo económico sostenible y el bienestar de las comunidades.

“El Ejército Nacional, a través del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2, reafirma su compromiso con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”, sostuvo la institución.

Por su parte, el teniente coronel Óscar Fernández, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate No. 2, confirmó lo sucedido y entregó un balance de la operación.

“En desarrollo de tareas de estabilidad, el Ejército Nacional, en coordinación con Sipol de nuestra Policía Nacional, realizó cuatro capturas y la incautación de un cargador, una retroexcavadora y dos volquetas, las cuales estarían siendo empleadas en la minería ilegal en el departamento del Atlántico. El Ejército Nacional continúa con su ofensiva contra las economías ilícitas y la protección del medio ambiente”, manifestó el vocero de la institución.

Otros resultados en el Atlántico

Estas operaciones se han intensificado por parte de las autoridades en el segundo semestre de 2024. Hay que recordar que, en julio de este año, la Fiscalía confirmó la judicialización de otra banda presuntamente implicada en este tipo de delitos.

Según la investigación de las autoridades, se evidenció que la mina, ubicada en la finca El Socorro, no contaba con los permisos ambientales ni los títulos mineros para desarrollar dicha actividad económica.

El material era distribuido a diferentes construcciones en Barranquilla y sus alrededores, bajo la fachada de una empresa dedicada al transporte y la disposición de escombros y residuos. Así burlaban los controles y comercializaban el producto.

Estas actividades le permitían a la organización ilegal obtener rentas ilícitas por, al menos, 2.400 millones de pesos al año, de acuerdo con las cifras oficiales que reporta el ente acusador.

Durante el operativo, que se realizó en agosto de 2023, fueron incautadas dos excavadoras, un libro de contabilidad y celulares que serían utilizados para la coordinación de las acciones delictivas.

Emitieron las órdenes de captura

Los elementos fueron fundamentales para emitir las órdenes de captura y judicializar a los responsables.

En ese entonces, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que “con estas capturas se logra determinar el daño ambiental, la contaminación a los recursos naturales y la identificación de maquinaria por parte de las autoridades competentes”.

Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, daños en los recursos naturales y ecocidio; y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados.

Un juez de control de garantías impuso medida no privativa de la libertad a los investigados, con prohibición de ingresar al predio donde se realizaban las labores de explotación.