La comuna 13 avanza en su proceso para ser sujeto de reparación colectiva

En la historia del conflicto armado vivido en el país una de las poblaciones que más padeció el actuar de los violentos fue San Javier (comuna 13), territorio del centro occidente de Medellín, donde los grupos tuvieron a la población civil en medio de sus confrontaciones armadas.

Registra el informe ‘Comuna 13: Memorias de un Territorio en Resistencia’, publicado por cuatro organizaciones de la comuna, que los primeros en aparecer por allí, a mediados de la década de los años 90, fueron integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), seguidos por los Comandos Armados del Pueblo (CAP), quienes iniciaron acciones político- militares.

Para finales de la misma década llegaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep), organización guerrillera que se ubicó en la parte alta del barrio Nuevos Conquistadores, donde instalaron su centro de operaciones, desatando una confrontación armada contra los que ya hacían presencia en la zona, dejando víctimas de lado y lado.

Medellin,Antioquia,Colombia 19 de Julio de 2012.Policía Militar PM4 Compañía Escorpión ,encargada de orden publico en la comuna 13.

Foto:CEET JOHAN LOPEZ

Durante todo el tiempo, la población civil, organizaciones sociales y de derechos humanos estuvieron en medio del fuego y las intimidaciones de todos los bandos.

No pasó mucho tiempo y a la ciudad ingresaron estructuras paramilitares que comenzaron un proceso expansión que finalizó con su dominio territorial y cooptación de grupos delincuenciales ya existentes.

“La consolidación de la hegemonía paramilitar en la comuna 13 se desarrolló en tres periodos: (i) entre 1999 y 2001, cuando se desató la confrontación por el dominio territorial en la comuna. (ii) 2002-2003, consistente en la militarización estatal y paramilitar del territorio. (iii) 2004-2007, cuando se consolidó el dominio paramilitar y se dio continuidad a su presencia silenciosa”, dice el informe publicado por las organizaciones de la comuna.

Y agrega: “La tensión entre las organizaciones milicianas y organizaciones ligadas a la criminalidad común fue caldo de cultivo para que estas últimas formaran parte de la proyección de estructuras paramilitares en el territorio. Ello tuvo tránsitos diferenciados allí, que se pueden sintetizar en la cooptación de esos grupos de delincuencia común, proceso paulatino que permitió a los paramilitares conformar una fuerza lo suficientemente robusta, como la que se evidenció durante las operaciones militares y en su posterior dominio de esa parte de Medellín”.

Ello tuvo tránsitos diferenciados allí, que se pueden sintetizar en la cooptación de esos grupos de delincuencia común, proceso paulatino que permitió a los paramilitares conformar una fuerza lo suficientemente robusta

Ante estas memorias cargadas de hechos violentos que impactaron a varias generaciones y cuyas heridas aún no han cerrado, es que a través de un trabajo conjunto entre organizaciones del territorio y la Procuraduría General de la Nación se pidió que la comuna, con los 19 barrios que la conforman, sea reconocida como sujeto de reparación colectiva, lo que sería un hito en materia del conflicto en el país, pues sería el primer territorio urbano bajo el amparo de esta figura.

La solicitud, cuenta Aka, líder de San Javier y vocero de la Red Territorial de Memoria, se presenta porque, aunque en el territorio hay organizaciones que han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva, caso concreto, Mujeres Caminando por la Verdad, en la zona hay víctimas silenciosas que no se nombran.

“Nosotros vimos un camino importante para explorar ese sujeto de reparación colectiva bajo lo que nos nombra la comunidad en el territorio, que hay mucha gente que no está incluida como víctima del conflicto, pero que dice también sufrió y las afectaciones fueron distintas en este territorio”, asegura el vocero.

Con este argumento se construyó un informe que permite comprender los daños colectivos ocasionados a la comuna 13 durante el conflicto armado urbano, principalmente durante el periodo en que allí hizo presencia el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Se había visibilizado más que todo los daños individuales, sin profundizar en las repercusiones colectivas que el conflicto generó y genera en el territorio. En consecuencia, acorde al marco constitucional y legal de la Procuraduría en los escenarios de justicia transicional, especialmente en Justicia y Paz, se decidió convocar a las organizaciones sociales, comunitarias y líderes del territorio con conocimiento del conflicto o trabajo con víctimas de este con el fin de recoger información e identificar si se presentaron daños colectivos, si estos persisten y si son procedentes medidas de reparación para la comuna”, explica Andrés Armando Ramírez Gómez, procurador 346 Judicial Penal Medellín.

Entre la información recopilada, se contó con la participación de diversos colectivos, organizaciones y líderes del territorio que dieron a conocer sus experiencias y vivencias durante el conflicto y posterior al mismo. Dice el reporte, se realizaron 21 entrevistas individuales y grupos focales, en donde se recogieron los relatos de aproximadamente 40 personas.

Se decidió convocar a las organizaciones sociales, comunitarias y líderes del territorio con conocimiento del conflicto o trabajo con víctimas de este con el fin de recoger información e identificar si se presentaron daños colectivos

Durante los encuentros salieron a relucir temas como la violación masiva de derechos humanos, reclutamiento de los jóvenes, fomento de la cultura bélica, el poder de las armas, el dinero fácil, el control territorial y social a través del miedo, toma de instituciones educativas como lugares para el conflicto, la muerte como escenario del conflicto, así como homicidios selectivos de líderes sociales y la desaparición forzada.

“De lo más complejo del conflicto fueron las desapariciones posteriores a Orión luego de señalamientos de encapuchados a la población”, dijo uno de los entrevistados para la creación del informe.

Esta operación militar (Orión) fue una de las cerca de 25 que se realizaron entre los años 2001 y 2003, donde el pico más alto ocurrió en el 2002 cuando se registraron 15 de ellas.

“Se encontró que, efectivamente, el conflicto ha fracturado el tejido social de la comuna 13, que existió y persiste una violación sistemática de derechos humanos con diferentes daños colectivos que han afectado el derecho a una institucionalidad presente, a la seguridad, al desarrollo, la salud, la educación y la paz; incluso a las formas de relacionamiento y la gestión de emociones por quienes viven en el territorio”, agrega el procurador Ramírez Gómez.

Este conflicto ha sido persistente en el territorio, haciendo que perduren las afectaciones a través de ciclos de violencia que han legitimado una cultura de la ilegalidad, con daños colectivos a grupos poblacionales de jóvenes y mujeres.

“Nosotros lo que hemos notado es que hay unas afectaciones por la guerra, es una trauma colectivo ocasionado por la guerra y que hasta el día de hoy, pues se siguen materializando muchos temas muy dolorosos de la comuna”, acota Aka.

¿Qué implica este reconocimiento para la comuna?

Se encontró que, efectivamente, el conflicto ha fracturado el tejido social de la comuna 13, que existió y persiste una violación sistemática de derechos humanos con diferentes daños colectivos que han afectado el derecho a una institucionalidad presente

De acuerdo a lo señalado por el procurador, lo primero es el hito que esto supone para el conflicto del país, al ser el primer sujeto de reparación colectivo urbano, un hecho que no es de poca monta.

A esto le sigue un trabajo administrativo por parte de la Unidad de Víctimas para su inclusión en el registro único de víctimas y las medidas administrativas que deben tomarse para la reparación del territorio.

En tercer lugar, como el informe también fue presentado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, donde se solicitó que sea reconocida como sujeto de reparación colectiva, de ser aceptada, se comenzaría el seguimiento de las medidas de reparación por parte del procedimiento de ejecución de sentencias de justicia transicional, debiendo cumplirse lo ordenado por la Sala de Justicia y Paz.

“La población del territorio se vería impactada a través de un proceso administrativo y jurisdiccional tendientes a lograr su reconocimiento y dignificación, a través de la reconstrucción de la confianza de la sociedad en el Estado, la recuperación o el fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio en materia de garantía de derechos”, concluye el procurador.

Todo este proceso irá acompañado de la construir memoria y garantías de no repetición para una comunidad que por estar ubicada en un sitio estratégico de Medellín se convirtió en el fortín que los ilegales buscaron dominar a sangre y fuego.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Periodista de Nación

Medellín