Por lo menos veinte exministros de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos, premios nobel de paz, presidentes de fundaciones y otras figuras defensoras de derechos, enviaron una carta alzando su "voz de protesta" frente a lo que han llamado un ataque sistemático por parte de la Federación Rusa en Ucrania.
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Dicho texto, tiene como destinario a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, a quien describen la situación como una "monstruosa violación de la
Carta de las Naciones Unidas por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad".
Además, señalan que , como latinoamericanos, es un tema de importancia debido a que "América Latina contribuyó significativamente a la introducción de la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas", así como a avances del derecho internacional.
Por tanto, consideran que las normas frente a actuaciones violentas "no deben aplicarse de forma selectiva".
Pues es preciso mencionar que los organismos multilaterales han calificado como una violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario acciones que Rusia ha implementado en medio de su invasión a Ucrania y que, según la ONU, en casi tres años, ha dejado 11.743 civiles asesinados y más de 24.000 heridos.
Por estos continuos ataques, personalidades como Noemí Sanín, Guillermo Fernández de Soto y Carolina Barco, exministros de Relaciones Exteriores de Colombia, así como sus pares de los países Chile, Perú, México, Brasil, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Panamá y Costa Rica enviaron la siguiente carta:
Estimado Sr. Secretario General:
En este mismo momento, civiles están siendo atacados y asesinados de manera sistemática por la Federación Rusa en toda Ucrania. Somos un grupo de latinoamericanos y ucranianos que queremos, conjuntamente, alzar nuestra voz de protesta contra esta monstruosa violación de la Carta de las Naciones Unidas por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Noche tras noche, misiles y bombas llueven sobre las ciudades ucranianas sin otro propósito que matar y aterrorizar a la población. Según el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (marzo de 2024), “los ataques con armas explosivas en zonas pobladas siguen siendo la principal causa de muerte y lesiones entre la población civil en Ucrania”. Las cifras de la Comisión muestran que el 84% de las 10.582 muertes de civiles en Ucrania (a 15 de febrero de 2024) se deben a este tipo de ataques. Esto no es una coincidencia, sino más bien evidencia de un patrón de conducta criminal.
Los ejemplos abundan. En un ataque a una cafetería en Hroza, en octubre de 2023, murieron 59 personas, entre ellas 36 mujeres. El informe sobre la masacre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que “la OACDH tiene motivos razonables para creer que no había personal militar ni ningún otro objetivo militar legítimo presente o en las proximidades de la recepción en el café que siguió al funeral celebrado en el cementerio a las afueras del pueblo”.
En otro ataque en junio del año pasado en Kramatorsk (del que algunos de nosotros fuimos testigos), una pizzería fue destruida por un misil Iskander. Murieron 13 personas, entre ellas la gran escritora Victoria Amelina, y 64 quedaron heridas. Una semana después, mientras Victoria era enterrada en su ciudad natal de Lviv, a más de 1.000 km del frente, un edificio residencial cercano fue alcanzado por un misil ruso, dejando a 10 personas muertas y a 48 heridas.
Semana tras semana, Ucrania sufre estos ataques salvajes. Hace poco, otro misil Iskander cayó sobre un hotel en Kramatorsk, matando a un miembro de un equipo de Reuters e hiriendo gravemente a otros. Según cifras de la OACDH, julio y agosto han sido los meses más mortíferos en dos años. De ahí toda la urgencia.
El hecho de que hayan muerto civiles en prácticamente todos los oblast de Ucrania, como muestran los mapas de la OACDH, también demuestra que los ataques tienen escasa relación con el desarrollo de las hostilidades. Más bien, son parte integral de una campaña para aterrorizar a toda la población de Ucrania.
Tampoco dejan de atacar los bienes civiles. Hemos visto cómo los hospitales, incluidos
hospitales infantiles, son destruidos, como ocurrió en Dnipro y Kyiv; cómo las bibliotecas e imprentas arden en llamas, como ocurrió en Kherson y Kharkiv (Rusia ha destruido 138 bibliotecas, según el Ministerio de Cultura de Ucrania); cómo un gran centro comercial es arrasado a plena luz del día por una bomba guiada, como ocurrió en Kharkiv en mayo. Truth Hounds, una organización que documenta crímenes de guerra, estableció que la bomba de este ataque estaba “integrada en el kit de guiado con sistemas de navegación inercial y satelital”.
Los ataques a veces se repiten inmediatamente, en lo que se conoce como la táctica del “golpe doble”, destinada a causar el máximo daño. La OACDH documentó en su último informe sobre Ucrania “cinco casos en los que municiones de alta precisión impactaron en el mismo lugar u objetivo... dos veces en un breve intervalo de tiempo, causando la muerte o heridas al personal de primeros auxilios, policías, paramédicos y otros primeros intervinientes civiles que ayudaban a las víctimas del primer impacto”.
Es fácil ver un patrón y detectar una política en todos estos ataques, en consonancia con la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma: un crimen cometido “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Pero lo que estamos presenciando en Ucrania va más allá de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se trata más bien del desprecio absoluto de las Convenciones de Ginebra y los Protocolos Adicionales, que durante tanto tiempo han proporcionado a los civiles su única protección en tiempos de guerra y son una de las grandes conquistas de la humanidad.
La estrategia de la Federación Rusa de atacar y matar deliberadamente a civiles en Ucrania amenaza con convertir todo el edificio del Derecho Internacional Humanitario en un cascarón vacío, con consecuencias que van mucho más allá de Ucrania.
Es cierto, señor Secretario, que la erosión del DIH comenzó mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Los estudiosos la sitúan en la conducción por parte de los Estados Unidos de la llamada “guerra contra el terror”.
También es cierto que en otros lugares se están cometiendo al mismo tiempo crímenes atroces de guerra y de lesa humanidad, como lo sabemos por las imágenes de Gaza que vemos con espanto en nuestras pantallas de televisión. Y luego están los crímenes de guerra que no podemos ver, como en Sudán.
Todos estos crímenes deben ser condenados. Ignorar ciertas violaciones mientras se denuncian otras por preferencias geopolíticas contribuye a debilitar la protección de los civiles. Los dobles raseros son dobles raseros, independientemente de la ideología.
Como latinoamericanos, esto nos importa de manera particular. América Latina contribuyó significativamente a la introducción de la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y a muchos otros avances del derecho internacional y de los derechos humanos, como la codificación del delito de desaparición forzada en el Estatuto de Roma. Habiendo sufrido tanto, creemos que las normas no deben aplicarse de forma selectiva.
Pero también es cierto que la Federación Rusa representa un caso especial, porque es un miembro permanente del Consejo de Seguridad a quien, como tal, todos los miembros de las Naciones Unidas le han encomendado la “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional”, según la Carta de la ONU. La Carta también establece que “en el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas” (Art. 24).
América Latina, desde hace mucho tiempo, ha llamado la atención sobre la gran responsabilidad que conlleva ser un miembro permanente. En la conferencia fundacional de la ONU en San Francisco en 1945, el Ministro de Relaciones Exteriores colombiano y futuro presidente, Alberto Lleras, votó en contra de la concesión del poder de veto (ningún otro país lo hizo, salvo Cuba) y señaló a continuación que conferir el poder de veto a los miembros permanentes constituía “una prueba exorbitante de la confianza de los demás países asociados en la Organización de las Naciones Unidas”.
Exorbitante, sin duda. Es esta confianza de la comunidad de naciones la que la Federación Rusa ha traicionado integralmente. Por lo tanto le rogamos que transmita este mensaje al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, y que le pida al Presidente de la Asamblea que considere si la Federación Rusa no debería ser suspendida de la Asamblea, como lo fue Sudáfrica en 1974, hasta que se comporte de forma coherente con sus responsabilidades según la Carta y con las expectativas de los Estados miembros.