Joven en Estados Unidos fue deportado a El Salvador y su familia está desesperada: "Solo por tener tatuajes"

La deportación de 238 ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, señalados de estar vinculados con el Tren de Aragua, generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y las familias afectadas. 

Entre los casos que más llamaron la atención está el de Francisco Javier García, un joven de 24 años cuya familia sostiene que fue enviado a otro país sin antecedentes penales ni un juicio adecuado.

La historia de Francisco Javier García y su deportación a El Salvador

Francisco Javier García, ciudadano venezolano, fue arrestado y posteriormente deportado a El Salvador, según denunció su familia, como parte de una operación masiva impulsada por la administración de Donald Trump. “No tiene antecedentes penales ni aquí ni allá”, afirmó su madre en un video difundido en redes sociales. La mujer aseguró que su única “falta” fue ingresar de manera irregular a Estados Unidos con el propósito de solicitar asilo.

Mirelis Casique, madre del joven, explicó que su hijo trabajaba como barbero y había vivido en Perú antes de su llegada a Estados Unidos a finales de 2023. Desde ese país, enviaba dinero a su familia en Venezuela para ayudar con los gastos.

Durante su trayecto hacia la frontera estadounidense, sufrió una lesión al caer de un tren en México, aunque logró continuar su camino hasta entregarse a las autoridades migratorias, según declaró su madre al medio The New York Times.

De acuerdo con su testimonio, García fue detenido tras asistir a una cita migratoria de rutina, momento en el que los agentes notaron sus tatuajes. Entre las imágenes que lleva en la piel hay una corona con la palabra “paz” y los nombres de su madre, abuela y hermanas. Sin embargo, las autoridades interpretaron estas marcas como una posible vinculación con el Tren de Aragua, un grupo que el gobierno de Trump clasificó como una amenaza terrorista.

Tras permanecer bajo custodia en un centro de detención en Dallas por dos meses, un juez determinó que no representaba un riesgo y ordenó su liberación con la condición de usar un dispositivo de monitoreo electrónico. No obstante, el 6 de febrero, luego de la toma de posesión de Trump el 20 de enero, agentes de inmigración llegaron a su residencia y lo arrestaron nuevamente.

La familia perdió contacto con él tras la deportación

El 15 de marzo, García se comunicó por última vez con su madre desde un centro de detención en Laredo, Texas, según reportó The New York Times. En esa conversación, le informó que sería deportado junto con un grupo de venezolanos, aunque no sabía con certeza cuál sería su destino. Horas después, su nombre desapareció del sistema de inmigración y su familia perdió contacto con él.

Más adelante, por medio de imágenes divulgadas por el gobierno de El Salvador, Mirelis Casique reconoció a su hijo entre los deportados. En las fotografías, se observa a García vestido con ropa blanca, con la cabeza rapada y esposado junto a otros hombres. “Ahora está en un abismo, y quién lo va a rescatar”, expresó en la entrevista con The New York Times.

La familia utilizó redes sociales para defender a García y rechazar cualquier relación con organizaciones delictivas. Su hermano, Sebastián García, compartió un mensaje en Instagram para denunciar la situación. “Hoy escribo con el corazón destrozado, mi hermano se encuentra en El Salvador, deportado, enfrentando una situación muy difícil. Nunca ha estado preso, nunca ha cometido un delito”, afirmó.

Por su parte, Mirelis Casique también publicó un mensaje en redes sociales en el que solicitó apoyo para difundir el caso. “Lo vincularon con el Tren de Aragua solo por tener algunos tatuajes. Realmente se le violaron sus derechos. No verificaron si tenía antecedentes penales en su país o en Estados Unidos. Su lugar de deportación, por haber entrado de manera ilegal, debía ser su país de origen, no El Salvador”, explicó.

Ley de Enemigos Extranjeros: la norma utilizada en la deportación

La deportación de García y otros venezolanos se ejecutó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que permite la detención y expulsión de ciudadanos de países catalogados como enemigos en tiempos de guerra. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes han criticado su uso en este caso, argumentando que representa un abuso de autoridad.

El Venezuelan American Caucus, una organización que defiende los derechos de la comunidad venezolana en Estados Unidos, rechazó la decisión tomada por la administración de Trump en un comunicado oficial. “Legalmente errónea y moralmente indefendible”, expresó el grupo en su declaración. Según la organización, esta legislación fue creada para escenarios de guerra y no debería emplearse en deportaciones masivas basadas en acusaciones sin pruebas concretas.

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La Nación (Argentina) / GDA

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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.