Intervención de Air-e prende las alarmas por el servicio de energía eléctrica en el Caribe

La intervención administrativa de Air-e iniciada el jueves por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios trae de nuevo una situación crítica para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Por esta circunstancia, expertos lanzan advertencias sobre riesgos sistémicos y sobre la participación estatal a la que se termine llegando en la actividad.

Air-e fue una de las dos empresas que llegaron a esta región luego de que se ordenara la liquidación de Electricaribe en marzo de 2017, solo cuatro meses después de su intervención.

Para entregarle el servicio de energía a nuevas empresas, el gobierno del expresidente Iván Duque decidió segmentar la operación, ya que por la gran participación de Electricaribe en el mercado (23 por ciento) no era viable entregársela a una sola compañía.

Por lo tanto, desde octubre de 2020 Air-e se convirtió en la empresa encargada de prestar el servicio de energía eléctrica a más de 1,17 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Mientras que Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), atiende a los 1,5 millones de usuarios que están ubicados en los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba.

No obstante, hace unos días, Air-e le pidió al Gobierno una intervención porque las condiciones actuales del mercado, incluyendo altos costos de generación y la volatilidad de la bolsa de energía, pusieron presión en la estabilidad financiera de la empresa.

El problema de Air-e es mucho más complicado. No es el tema de los subsidios

Al respecto, gremios del sector eléctrico señalan que es imprescindible que la intervención "se lleve a cabo de manera ordenada, respetando el debido proceso y minimizando el impacto sobre los usuarios, así como sobre los demás actores del sector eléctrico".

Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, "el problema de Air-e es mucho más complicado. No es el tema de los subsidios, es el tema de las inversiones que no hicieron y que generan pérdidas negras muy altas que están afectando las tarifas".

Sin embargo, Jaime Lombana, abogado de Air-e, sostuvo que "el ministro quiere minimizar el efecto de las variables del no pago de subsidios a la empresa en esta crisis financiera, lo que es evidente desde su rol funcional; pero inaceptable para un observador objetivo".

Afinia no es ajena a una situación difícil y por eso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió implementar medidas urgentes e, incluso, puso sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno Nacional adquiera el 100 por ciento de las acciones que tiene EPM en la compañía.

"Habrá que mirar con EPM qué va a pasar con Afinia, porque están teniendo exactamente el mismo problema de Air-e y el mismo problema que tuvo Electricaribe en el pasado: ninguna de las empresas tiene la capacidad de prestar el servicio y mucho menos la capacidad de garantizar el recaudo", afirmó el ministro de Hacienda.

La Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios

Al igual que el alcalde de Medellín, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, cree que si la situación de Afinia se agrava, también se afectarían otras empresas como EPM y las finanzas del municipio de Medellín, porque se afectarían las transferencias que la empresa le hace a la ciudad a través de las utilidades.

Además, advirtió que una intervención del Gobierno Nacional no solo implica el conocimiento técnico y financiero de la operación, sino disponer de recursos del presupuesto nacional.

Este último punto genera mayor preocupación teniendo en cuenta que el Presupuesto General de la Nación para 2025 está desfinanciado en 12 billones de pesos y por eso el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria.

Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez, una nueva intervención a otra empresa le podría costar al Gobierno Nacional 4 billones de pesos al año, que corresponde al déficit de operación, por ejemplo, de las dos compañías Air-e y Afinia para solventar no solo su operación, sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad que se necesitan.

"Por los anuncios que hemos visto en los últimos días, la Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria", agregó.

La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe

Así mismo, el contralor advierte sobre un riesgo sistémico: "La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional, y comprende además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta".

Para Tomás González, director del Centro Nacional de Estudios de Energía (Cree) y exministro de Minas y Energía, es una mala idea que el Gobierno asuma la prestación del servicio de energía eléctrica en el país porque no tiene ni la caja ni la capacidad requerida para hacerlo como se necesita. 

"El mejor ejemplo reciente es la intervención de Electricaribe. En los tres años largos que duró la intervención, el Gobierno tuvo que meterle más de 10 billones de pesos, se cayó el recaudo y aumentaron las pérdidas", recordó.

Igualmente, destacó que el mercado de la región Caribe es "distinto a todos los demás por la combinación de pobreza, atrasos de inversión y dificultades de recaudo. Además son mercados muy grandes, lo que hace que los problemas de esas empresas (Air-e y Afinia) se sientan en todo el sistema".

Por su parte, la gerente general de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, Katty Sevillano, aseguró que la intervención en sí sola no garantiza una buena prestación del servicio de energía eléctrica si no viene acompañada de los recursos necesarios para la ejecución de todas responsabilidades que tiene una compañía que presta este servicio.

Pensar que el Gobierno asuma la prestación del servicio domiciliario de energía configuraría un retroceso

Explicó que, más allá de la compra y venta de energía, la buena calidad del servicio se logra con inversiones y estos planes son los que tiene cada una de las empresas del país. También destacó que es importante que el Gobierno Nacional mire a las empresas como sus aliadas.

Sobre una posible estatización del sistema, dijo que "pensar que el Gobierno asuma la prestación del servicio domiciliario de energía configuraría un retroceso para el país, pues la naturaleza de la Ley 142 de 1994 fue precisamente que los particulares realizaran las inversiones que en su momento el Estado no podía hacer para garantizar una seguridad energética".

También reitera el llamado que han hecho en varias oportunidades las empresas de energía al Gobierno Nacional para que efectúe los pagos de los subsidios que a la fecha ya han sido asumidos por cada compañía para beneficiar a los hogares de estratos uno, dos y tres.

Según estimaciones de Asocodis, al 31 de agosto de 2024 el Gobierno Nacional les debe a las empresas 1,3 billones de pesos de subsidios que les han entregado anticipadamente a los usuarios.

Esta deuda se suma al déficit de 1,3 billones de pesos que existe para cubrir los subsidios de 2024, y a los 700.000 millones de pesos que hacen falta en el Presupuesto de 2025 para cubrir los subsidios de ese año.

Esta situación viene generando un faltante 
de caja para las empresas

"Esta situación viene generando un faltante de caja para las empresas que, de no ser cubierto a través del giro oportuno de subsidios, desencadenaría en una crisis financiera para las empresas, pues no cumplirían con sus obligaciones frente al mercado de energía mayorista y se verían expuestas a la limitación de suministro, y el Estado tendría que entrar a intervenir muchas empresas del sector", comentó Katty Sevillano.

No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que los subsidios se están entregando. "Los subsidios siempre se pagan con un desfase de tiempo y está en función de cómo las distintas comercializadoras manejan la caja", agregó.

Otro tema que está afectando la caja de las empresas es la deuda de la opción tarifaria, que al 31 de julio de 2024, sumaba aproximadamente 4 billones de pesos. Aunque en mayo el presidente Gustavo Petro anunció que la Nación asumiría esta deuda, esto aún no se ha materializado.

"Todo esto pone en dificultades a algunas empresas, no a todas. Las más críticas son las de la región Caribe porque representan el 50 por ciento del saldo de la opción tarifaria y el 45 por ciento del déficit de subsidios", manifestó el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur.

Sumado a esto, la gerente general de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo aseguró que la situación de las empresas se ha visto "fuertemente afectada" por la exposición a bolsa y los precios de energía que en 2023 alcanzaron más de 1.000 pesos por kilovatio hora.