‘Hay una debilidad en las instituciones para atender este tipo de emergencias’: Carlos Carrillo, director de la UNGRD

La última semana fue de intensas lluvias en gran parte del territorio nacional, y las afectaciones no se han hecho esperar. Las dramáticas imágenes de las inundaciones en el Chocó dejaron en evidencia la magnitud de la tragedia que, de acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ya deja a unas 40.000 familias afectadas, según datos preliminares, tan solo en esta región, sin contar los damnificados en otras regiones del país, como La Guajira, el otro principal foco de las emergencias.

Precisamente, Carrillo, junto con una delegación del Gobierno encabezada por el presidente Gustavo Petro, visitaron en los últimos días los territorios afectados para conocer la magnitud de los desastres. Al tiempo, que se firmó la declaratoria de desastre nacional, que en su primera fase implicará la redirección de recursos por 1,7 billones de pesos para atender la emergencia.

En diálogo con EL TIEMPO, Carrillo se refirió a cómo será la gestión de estos recursos, así como a las diferentes acciones emprendidas para mitigar los impactos de esta temporada de lluvias.

¿Por qué gran parte del país está hoy inundado?

Esta vez, a diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos, la declaratoria de desastre no se da por las lluvias, se da por la variabilidad climática. Hace pocas semanas habíamos hablado de declarar el desastre nacional por la situación del agua en Bogotá. Aunque eso era legalmente viable y tenía un sustento, el Comité de Conocimiento del Riesgo decidió no recomendar la declaratoria de desastre en ese momento. Si usted revisa la pluviosidad ahora, cuál es la cantidad de mililitros que han caído, no es algo exageradamente alto, pero lo que sí es claro es que la variabilidad climática genera mayor vulnerabilidad en los territorios. Tenemos el año más caliente del que se tengan registros, unas sequías que no habíamos tenido en décadas, y ahora esta situación de lluvias. Todo junto nos da unas condiciones para que se generen estas inundaciones.

¿Cuál es la situación actual en cuanto a afectaciones por las emergencias?

Hay afectaciones en todo el país, como en todo el mundo, porque es un fenómeno global. Todo el territorio nacional se ve afectado por esta variabilidad climática, pero hay unos territorios que son particularmente vulnerables, no solo por el clima sino por la acción humana. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad de estos territorios está directamente asociada a un modelo económico y político que ha mandado a la gente más pobre a vivir en los lugares de mayor riesgo. Y, por supuesto, los departamentos con mayor afectación son los más pobres: El Chocó y La Guajira.

¿Y cuál es la situación en esos dos departamentos particularmente?

Tenemos el año más caliente del que se tengan registros, unas sequías que no habíamos tenido en décadas, y ahora esta situación de lluvias

Son situaciones distintas. El Chocó es uno de los lugares donde más llueve en el mundo y en La Guajira, por el contrario, lo que no hay es agua. En Chocó se habla de cerca de 40.000 familias afectadas por las graves inundaciones. Pero, insisto, estas cifras son preliminares, estamos esperando a que los gobiernos locales terminen sus reportes. En La Guajira, por ejemplo, en el caso de Manaure y Riohacha, sí hay lugares que están inundados, pero ahí también hay que decir que el tema es la ausencia absoluta de un alcantarillado pluvial en algunos casos. Y el problema de los corregimientos de Uribia es mayoritariamente de aislamiento. Cuando llueve, esas trochas se convierten en lodazales que son intransitables y eso empieza a generar otros problemas, como la imposibilidad de evacuar a los pacientes, desabastecimiento, hambre, etc.

Ya que habla de Uribia, allí el alcalde no ha querido firmar el decreto de emergencia y hay unos recursos congelados. ¿Qué está pasando allí?

Sigo peleando. El alcalde de Uribia secuestró hace unos meses 231.000 millones de pesos que le habían sido asignados de manera irregular mediante un Fondo de Inversión Colectiva (FIC). Esos recursos nos habrían sido muy útiles para atender esta emergencia, pero él incluso me entuteló para obligarme a que le entregara esos recursos. Entonces, lo más fácil habría sido que de mutuo acuerdo se liberaran y volvieran al presupuesto efectivo de la UNGRD, pero no ha sido así.

¿No hay forma de liberar esos recursos?

Es que en este momento están congelados. Porque yo no los he entregado y no los voy a entregar. Yo no le voy a dar a ese señor los 231.000 millones de pesos que le regaló Olmedo López. Lo que hemos hecho en otros casos, como los FIC que se firmaron con Antioquia, ha sido llegar a acuerdos, a mutuo acuerdo para liberarlos. El señor alcalde de Uribia no quiere y también tendrá que asumir la responsabilidad política de privar a todo su departamento de sus recursos.

A todas estas emergencias se suma que vendría una declaratoria oficial del fenómeno de La Niña. ¿Cómo esperan que sea la situación cuando esto ocurra?

Nosotros venimos esperando a esa Niña que no llega desde septiembre, y nuevamente volvemos a la variabilidad climática. No es que el Ideam esté haciendo mal su trabajo, es que todos los servicios meteorológicos del mundo están con el mismo problema: el clima es cada vez más impredecible. Estas lluvias no son incidencia del fenómeno de La Niña. Esperamos que si llega, llegue con un impacto bajo, pero lo que vemos hoy nos indica que puede venir una situación muy delicada.

¿Había forma de prevenir lo que estamos viviendo con las inundaciones de estos días?

Nosotros tenemos centenares de obras en el país. Nosotros hacemos obras de mitigación, y en eso se han gastado unos recursos bien grandes a lo largo de los últimos años. Pero ha habido sistemáticamente un enfoque equivocado en esa prevención del riesgo. Ha habido un esfuerzo sistemático, por ejemplo, en La Mojana, de hacer diques que se van a romper. Hay problemas estructurales sobre la gestión del riesgo.

Pero sabíamos que tras la sequía, los suelos no iban a resistir las lluvias actuales. Ustedes lo habían advertido. ¿Qué se hizo para evitar lo que ocurre, por ejemplo, en el Chocó?

No es que el Ideam esté haciendo mal su trabajo, es que todos los servicios meteorológicos del mundo están con el mismo problema: el clima es cada vez más impredecible

Hay, indudablemente, una debilidad en las instituciones para atender este tipo de emergencias. Ha habido una pérdida de tiempo sin duda alguna. El traumatismo de la UNGRD tiene un impacto. Pero hay algo que debo decir y de lo que además me siento orgulloso: con todo en contra, con la institucionalidad precaria, hemos logrado hacer algunas obras, por ejemplo, la que se hizo en Nuquí, en Termales, en El Chocó. Llevar la maquinaria amarilla hasta ese punto fue casi imposible porque tenemos todo tipo de problemas. Esas obras mantuvieron el agua en su curso.

La declaratoria de emergencia permite redirigir dineros de la Nación. ¿Cómo asegurarnos de que la plata no se va a perder?

No es lo mismo tener a un hampón en frente de la UNGRD que tener a una persona que, buena, regular o mala, no tiene ninguna intención de enriquecerse. Por otro lado, para garantizar que esto suceda, mientras hacemos las reformas a la institucionalidad, tenemos que tener a una sociedad civil cada vez más atenta y más vigilante del comportamiento de sus funcionarios. Necesitamos unos organismos de control que estén acompañando todos los procesos.

¿Este dinero que entra en la declaratoria ya se está entregando?

Aún no. Hacienda tiene que garantizarlo. La UNGRD hace un estimativo de que la respuesta a la emergencia nos va a costar a la entidad unos 423.000 millones de pesos, lo cual es una cifra relativamente austera.

¿Hay un estimado de cuánto se empiezan a repartir?

Hay varias fases en esta declaratoria. Este 1,7 billones es para la respuesta. Esto tiene que ejecutarse en meses. Ojalá podamos terminar esa fase de respuesta lo antes posible y empezar a garantizar ahí sí, con el Plan de Acción Específica, para la fase 2, los recursos para la reconstrucción. Ahí podríamos estar hablando de 7 u 8 billones de pesos. 

REDACCIÓN VIDA Y POLÍTICA