González Posso alerta sobre grave escalada de violencia en Guaviare y Meta por choques entre Calarcá y Mordisco

El proceso de negociación con las disidencias de las Farc lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, atraviesa un momento crucial. A menos de un mes del fin de la tregua con esta organización armada, se conoció la propuesta de un plan de concentración para el frente 33 -una de las estructuras en la mesa de diálogo- impulsada por el comisionado Otty Patiño, aunque aún sin definiciones claras.

En entrevista con EL TIEMPO, Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el autodenominado ‘Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes’, analiza el plan de concentración, hace un balance de la tregua y advierte que los enfrentamientos entre las disidencias de Calarcá y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, podrían desatar una crisis similar a la del Catatumbo en otras regiones del país.

¿En qué temas se ha avanzado desde el último ciclo?

En el decreto de cese del juego que firmó el presidente, nos comprometemos con un plan de acción para la transformación territorial y el impulso de una agenda que aborda la transición hacia la vida civil. Hemos trabajado intensamente en cuatro zonas: Yarí, Caquetá; el sur del Meta; el nordeste de Antioquia y Catatumbo, con todas sus vicisitudes.

La transformación territorial tiene un componente ambiental clave, por lo que se han desarrollado programas relacionados con zonas de reserva campesina, delimitación de parques y respuesta a solicitudes de campesinos en áreas forestales. Estas acciones se están llevando a cabo en Caquetá, Meta y Antioquia. En Caquetá, nos hemos enfocado en la zona del Yarí, donde la Agencia Nacional de Tierras ha realizado caracterizaciones y levantamientos preliminares. Se han identificado áreas de conservación agrícola, reservas con presencia de colonos para titulación, reconocimiento de derechos y una zona de reserva campesina.

En la Macarena y su conexión con Chiribiquete, en el sur del Meta, también se han impulsado iniciativas. Además, en Antioquia, en el corredor que va del Nudo de Paramillo a San Lucas, se ha avanzado en programas de reforestación, recuperación para la estabilidad y cambio laboral. Estos son pasos significativos para demostrar la presencia institucional y generar oportunidades de transformación y bienestar para la comunidad. Es una alianza con la sociedad que es el componente más importante del proceso de transformación.

En un mes se acaba el cese del fuego con estas disidencias, ¿qué balance hace?

Contamos con un mecanismo de verificación integrado por organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal. En este también participan delegados de la mesa, directamente desde la oficina del comisionado.

Este mecanismo ha presentado informes mensuales y un informe trimestral, en los cuales se evidencian ciertos indicadores de reducción de la violencia, especialmente en lo relacionado con el respeto a la vida de líderes sociales y de personas ajenas a los enfrentamientos, así como en la no vinculación de menores, la ausencia de secuestros y la no afectación a firmantes.

En estos indicadores ha habido respeto a los compromisos, pero al mismo tiempo hay inquietudes por otros como el incremento de extorsiones, la colocación de minas y, de manera particular, el aumento de enfrentamientos entre grupos ilegales.

¿En qué zonas?

Se han registrado confrontaciones con el ‘Clan del Golfo’ en la zona de Antioquia y el Bajo Cauca, así como con sectores del Frente Primero de Iván Mordisco en San José de Guaviare, y hacia Puerto Leguízamo y el Bajo Caguán. Estas situaciones son sumamente graves, no solo por las muertes en combate, sino también por el impacto en la población y sus libertades. Además, en el Catatumbo se ha desatado una profunda crisis humanitaria, mientras persisten los enfrentamientos con algunos elementos del frente 33.

¿Es posible avanzar con esa violencia?

Sí, hay un tratamiento territorial de paz en marcha, y en ese sentido ya se han establecido bases concretas. Un ejemplo de ello son las zonas de reserva campesina en el arco amazónico. Hasta ahora, por iniciativa de los campesinos y con el apoyo y la facilitación de las delegaciones en la mesa, la Agencia Nacional de Tierras ha inscrito tres zonas de reserva, que abarcan cerca de 70.000 hectáreas y cuentan con la participación de más de 100 delegados de asociaciones.

Con el Plan de Manejo Especial de la Macarena, se completarían un millón de hectáreas destinadas a la formalización, regularización y titulación de tierras, así como al ordenamiento ambiental, la implementación de figuras de cierre de frontera y la protección contra la deforestación. Esta dinámica es fundamental, ya que envía una señal clara al campesinado en un territorio con 40 o 50 años de ausencia estatal y fuerte control de grupos armados.

Además, este proceso representa una oportunidad para que los grupos armados se integren a la institucionalidad, dentro de un esquema de transformación territorial diseñado de manera clara. En Antioquia, por ejemplo, se llevará a cabo una asamblea para socializar los avances logrados en este diseño. El Catatumbo está paralizado. Los grandes avances que se han hecho de diálogo social están congelados en esta situación de desplazamiento masivo y de terror que se disparó el 16 de enero, pero todo esto pesa a favor de un diseño con posibilidad de establecer una ruta para la paz.

Viendo esto, ¿hay posibilidad de que el cese del fuego se extienda?

El 15 de abril finaliza este periodo de prórroga del acuerdo, por lo que a partir del 1.º de abril comenzará la evaluación de todos los elementos. En las próximas semanas, se llevará a cabo un proceso de diálogo y definiciones clave para transmitir un mensaje claro al país. El presidente de la República ha solicitado avanzar hacia una ruta definitiva que establezca regiones de paz, realice censos de ubicación para transformaciones sociales, elabore políticas públicas, genere documentos CONPES y defina el camino para el tránsito a la vida civil. Ese es el gran reto. Es decir, que en el próximo periodo, de abril hasta final de año, nos enfocaremos plenamente en decisiones irreversibles que tracen el camino hacia la paz. Esto no significa que con las organizaciones armadas presentes en la mesa vayamos a replicar la entrega de armas realizada por las Farc tras el acuerdo del Colón. Sin embargo, sí buscamos construir una ruta creíble y confiable que conduzca a un desescalamiento efectivo de la violencia.

¿Eso incluye el plan de concentración del frente 33 que propuso el comisionado Otty Patiño?

Sobre ese tema hay pronunciamientos públicos del presidente y del comisionado. Ellos hablan de la importancia de definir un camino debido a la crítica situación en el Catatumbo por la ofensiva del Eln. Eso ha significado un repliegue y golpes muy fuertes a la estructura del frente 33, entonces allí hay toda una dinámica de definición para ver cómo se aceleran los diálogos y eso es sumamente importante. El diseño más específico de este proceso está a cargo del comisionado, pero lo fundamental es establecer parámetros que garanticen la seguridad de los diálogos de paz. Esto debe hacerse teniendo en cuenta las particularidades del Catatumbo, así como su interrelación con la situación en Antioquia y con el Bloque Jorge Briceño, liderado por Calarcá. Se trata de adoptar una visión integral del proceso, reconociendo que, si bien hay dinámicas distintas en cada región, todas están interconectadas.

¿Esto no podría generar una fragmentación de la mesa? ¿Este plan fue consultado con ustedes?

Después de abril del año pasado, tras la fragmentación de los bloques del Cauca, quedaron en la mesa los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes, que también tiene una relativa autonomía. Las relaciones entre estos bloques son relaciones bastante horizontales, no se trata de una estructura con mando centralizado único y con unas características de jerarquía como las tenían las Farc antes de La Habana. Entonces, aquí hay particularidades dentro de nuestra delegación, hay una división de responsabilidades y hay un equipo particular que se está encargando de la situación del Catatumbo. Por supuesto, hay comunicación, pero también hay una serie de asuntos que son reservados y que maneja un grupo de trabajo encabezado por el comisionado.

¿Cuál es la situación hoy del frente 33 en términos de hombres y de estructura?

Sobre eso hay informaciones bastante diversas. Lo primero es que se produjo una dispersión de los milicianos que integran estas estructuras. Son estructuras, sobre todo, milicianas, es decir, no son estructuras que hayan tenido la organización que tenía el frente 33 de las Farc antes de 2017. Eso explica por qué la ofensiva del Eln los cogió sin ninguna preparación para ese tipo de combate. Entonces, eso provocó que una parte de sus efectivos se presentara directamente en las instalaciones de las Fuerzas Militares e hiciera dejación voluntaria de armas. Otros se han dispersado y otros se mantienen en actividad, buscando resistir y recomponerse. Eso es como el panorama. 

En términos numéricos, unos hablan de 300 efectivos resistiendo, otros hablan de menos de 150. De todas formas, lo fundamental es que la gente pueda retornar en condiciones realmente autónomas, sin sometimiento a las reglas ni del frente 33 ni del Eln.

¿Qué le dice ‘Andrey Avendaño’ de todo esto?

Hemos conversado, es una conversación que no es muy continua, pero sí hemos comentado la importancia de que ese proceso en el Catatumbo sea un proceso que se haga dentro de los criterios definidos, de acuerdos y protocolos para la paz.

¿Qué análisis hacen de esas guerras que hay en otras regiones? ¿Ven cercano otra situación como la del Catatumbo?

Tenemos noticias recientes de enfrentamientos en la zona de Calamar, Guaviare, donde hay una confrontación entre las unidades de Calarcá y Mordisco. Allí se registraron cerca de 30 muertos en una zona selvática, por lo que no hubo repercusiones en cuanto a desplazamiento masivo como en el Catatumbo, pero sí un impacto destructor impresionante. Y eso ha seguido, porque ahora lo que tenemos es un comunicado público del bloque Jorge Briceño informando sobre su expansión hacia otras zonas en San José de Guaviare, donde han copado territorios de presencia de Mordisco. Eso genera zozobra en la población y miedo.

Frente a eso, hay que señalar el encuentro de la mesa por la paz que se realizó en estos días en San José del Guaviare. Allí se reunieron delegaciones de organizaciones sociales de todos los signos, matices políticos y sensibilidades, y yo creo que es muy significativo. Se pronunciaron de manera muy abierta, pidiendo respeto a las normas humanitarias. Yo creo que eso marca una diferencia con la situación del Catatumbo, porque es una expresión social que se está anticipando y hay una presión muy grande precisamente para que no caigamos en una situación similar.

¿Cuándo será el próximo ciclo?

Estaba convocada para finales de marzo, pero vamos hacerlo a principios de abril.

¿En qué esperan avanzar este año?

Que se mantenga la participación social en la construcción de propuestas de transformación es fundamental. Avanzar en iniciativas en relación con economías ilegales, ojalá en la proscripción de rentas del narcotráfico y de cualquier tipo de alianza con estructuras criminales transnacionales. El respeto al compromiso ambiental y, por lo tanto, a las políticas de conservación es fundamental. Es necesario avanzar en las figuras del movimiento territorial y, al mismo tiempo, tomar decisiones en cuanto a la transición. 

También en las formas de transición gradual de las organizaciones armadas a la vida civil; por eso, es fundamental avanzar en las consideraciones de justicia transicional. Debemos analizar experiencias internacionales de manejo gradual en relación con el abandono del uso de las armas, que es otro tema absolutamente importante. Son tareas urgentes, de modo que tengamos certeza de nuestro camino a seguir en el año 2026.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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