Gobierno publicó borrador de decreto para reglamentar el servicio social para la paz, ¿qué incentivos tendrían los estudiantes que se postulen?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó el borrador de decreto con el que busca formalizar el denominado ‘Servicio Social para la Paz’ -creado en la Ley 2221 de 2022- para los estudiantes de educación superior en los municipios en los que se implementan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -instrumento creado tras la firma del acuerdo de paz de 2016- y dar incentivos como acreditación de experiencia laboral y criterio de desempate en concursos de entidades pública a aquellos que realicen estas actividades.

De acuerdo con el borrador, estos incentivos aplicarán para estudiantes que cursen programas de nivel técnico profesional, tecnológico y profesional y que opten de manera voluntaria por prestar el servicio social como requisito de grado. Estos podrán optar por adelantar proyectos, comprometerse en proyectos o hacer una práctica laboral en algunos de los 170 municipios PDET.

¿Quién vigilará el programa?

Para la puesta en marcha del servicio social, el decreto plantea la creación de un Comité Técnico Operativo, el cual tendrá la misión de implementar, acompañar y de hacerle seguimiento al menos cuatro veces al año a los estudiantes. Este deberá estar conformado por funcionarios del Ministerio de Educación, Función Pública, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia de Renovación del Territorio y el Icetex.

En el caso de los programas y los proyectos que sean propuestos, estos deben cumplir con dos requisitos cruciales según el borrador: aportar a la implementación y ejecución de iniciativas enmarcados en los Planes de Acción para la Transformación Regional, o PATR, o “aportar al fortalecimiento de capacidades comunitarias, institucionales y al cierre de brechas en los municipios PDET”.

“La Agencia de Renovación del Territorio, realizará acompañamiento técnico para el diseño de los proyectos y/o programas relacionados con el cumplimiento de las dos condiciones previamente establecidas a las Instituciones de Educación Superior (IES), y de las estrategias para la identificación de plazas cuando lo requieran”, se lee en el documento.

Además, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final o aquella que haga sus veces presentará un informe de seguimiento y evaluación de los resultados del programa ante las comisiones VI y VII constitucionales de la Cámara de Representantes y del Senado.

¿Cuáles son los incentivos por participar en el programa?

Si bien en la ley 2221 de 2022 ya se habían incorporado los incentivos para los estudiantes que presten en el servicio social para la paz, en el borrador se amplían las disposiciones. Sobre la experiencia laboral, el documento dice que esta será válida siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado.

Cabe mencionar que según la ley 2221, las entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro deberán expedir un certificado en el que conste que el estudiante finalizó el servicio social, especificando el tiempo prestado y las funciones realizadas.

También mantiene el incentivo del criterio de desempate en concursos de entidades públicas por haber prestado este servicio y la condonación de los intereses para aquellos que cursen sus estudios con un crédito del Icetex.

“Se buscará condonar hasta el 100% de los intereses corrientes generados durante la etapa de estudios en los créditos educativos. Este incentivo será aplicable para los estudiantes con crédito educativo vigente al momento de realizar el Servicio Social PDET y para aquellos que posteriormente soliciten crédito para realizar estudios de posgrado. Se encuentra sujeto a la disponibilidad de recursos, tendrá como fuentes principales”, se lee en el borrador.

¿De dónde saldrán los recursos?

Con respecto a los recursos para la puesta en marcha del servicio social, el borrador de decreto plantea que la financiación se hará a través de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación -disposición que ya aparecía en el decreto 1079 de 2024-, del Sistema General de Regalías, de apropiaciones de los presupuestos de las entidades territoriales, de recursos de empresas privadas que operen en municipios PDET (aquellas que presenten un proyecto de inversión), de donaciones y de cooperación internacional.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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