Gobierno compromete recursos del Presupuesto, pero no ejecuta para sanear las finanzas públicas

A falta de tres meses para finalizar el año, el Gobierno tiene comprometido el 65,8 por ciento del total de las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación; sin embargo, las obligaciones todavía van por el 54,2 por ciento del total.

Según el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, esta última métrica es más precisa para monitorear el gasto efectuado por el Gobierno pues son las exigibilidades del pago adeudado por una entidad pública como consecuencia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad.

Entre tanto, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), los compromisos son la reserva de una parte de las apropiaciones para un gasto específico en el futuro, es decir, los recursos se pueden liberar de no ejecutarse el contrato.

De acuerdo con sus cálculos, este 54,2 por ciento a septiembre está por debajo del límite de 59,4 por ciento para esta época del año, lo que es una noticia positiva para la sostenibilidad de las finanzas públicas pero negativa en materia de actividad económica.

“La brecha entre compromisos y obligaciones sugiere que el Gobierno está presentando problemas en la ejecución ya que si bien compromete los recursos, estos proyectos no se están llevando a cabo, reduciendo las obligaciones de pago del Gobierno”, señala el informe liderado por Camilo Pérez.

Sin embargo, el equipo de economistas afirma que esta situación no siempre fue así pues durante el primer semestre la ejecución de un presupuesto “abultado” favoreció el crecimiento económico, pero perjudicó las finanzas públicas.

Entre enero y junio, el gasto público de funcionamiento e inversión experimentó un aumento anual de 23,8 por ciento en términos nominales (o de 15,6 por ciento al descontar la inflación), lo que explicó en gran medida el crecimiento de 5,1 por ciento de la rama de administración pública, cuando la economía como un todo lo hizo en apenas 1,5 por ciento.

“El aporte fue tal que, al excluir el sector público, la expansión de la actividad productiva local no habría sido de apenas 0,8 por ciento. No obstante, el costo de dicha mejora económica fue el sacrificio de la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues el déficit fiscal alcanzó un máximo 20 años, obligando al Gobierno a reducir su gasto de cara a la segunda parte del año”, se puede leer en el informe.

La historia cambió después del anuncio del Gobierno en junio de recortar el gasto para poder cuadrar las cuentas y así poder cumplir con la regla fiscal. Ello ante la caída del recaudo tributario y los menores ingresos esperados por el retiro del proyecto de ley de arbitramento de litigios por el que se pretendía recaudar 10 billones de pesos y que la Corte Constitucional tumbó la no deducibilidad de las regalías, por la que esperaban un flujo de caja de 6,7 billones.

Según el informe, el rubro con mayor sacrificio ha sido el de la inversión pues la brecha entre los compromisos y las obligaciones se fue incrementando hasta tal punto que en septiembre se ubicó en cerca de máximos históricos.

"La Nación comprometió los recursos en inversión, pero no está ejecutando los contratos para no generar obligaciones y así sanear las finanzas públicas con el aplazamiento de dichos recursos”, aseguran.

Al contrario, la brecha entre los compromisos y las obligaciones en el gasto de funcionamiento ha sido baja, lo que sugiere que en este componente el Gobierno sí compromete recursos y genera obligaciones de pago (ejecuta proporcionalmente).

“El saneamiento de las finanzas públicas, dadas unas restricciones presupuestales que se deben cumplir para garantizar la estabilidad macroeconómica del país, no solo afectaría el nivel de actividad del segundo semestre sino también el de largo plazo, dada la relevancia de la inversión pública sobre la formación de capital fijo en el país, en especial de infraestructura”, sostiene el reporte.

Hasta el momento, según las cifras reportadas en el Portal de Transparencia Económica, los sectores con mayores niveles de ejecución son el de Salud (75,77 por ciento), Educación (72,76 por ciento), Defensa (66,16 por ciento), Congreso (65,61 por ciento) y Minas y Energía (64,78 por ciento).

Del lado contrario, los que menos van ejecutados a nivel general son el rubro de Presidencia, con un 22,67 por ciento; seguido de Deporte, con 17,97 por ciento; y Agricultura, con otro 17,91 por ciento.

También están por debajo del 40 por ciento ejecutado sectores como el de Información Estadística, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Transporte, Registraduría, Planeación y Hacienda.