Gobernadores del Caribe rechazan asumir alimentación de detenidos sin recursos asignados

A partir del 1 de julio de 2025, los municipios y departamentos en Colombia deberán asumir la responsabilidad de alimentar a las personas privadas de la libertad (PPL) en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), según lo establecido por la Ley 2346 de 2024.

Esta normativa, que da cumplimiento a la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, estipula que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) continuará prestando este servicio hasta el 30 de junio de 2025, brindando un periodo transitorio para que las entidades territoriales planifiquen y aseguren la prestación del servicio de alimentación en centros de detención transitoria.

Actualmente, cerca de 17.000 personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria reciben alimentación por parte de la USPEC. Para el año 2024, se proyecta una partida presupuestaria de $670.656 millones para cubrir esta necesidad . 

Preocupación en el Caribe: gobernadores alzan la voz

La nueva responsabilidad ha generado alarma entre los gobernadores de la región Caribe, quienes señalan la falta de asignación de recursos para cumplir con esta obligación. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su preocupación.

En Barranquilla, la Personería Distrital reportó que, a mayo de 2025, 748 personas privadas de la libertad se encuentran en estaciones de policía, cuya capacidad máxima es de 310 personas, lo que representa un hacinamiento del 241%. El 87,43% de estas personas están bajo medida intramural sin condena definida.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también manifestó su rechazo. Cerca de 3.000 personas se encuentran en esta condición en Bolívar, lo que representaría una carga fiscal considerable para el departamento.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, señaló que "anteriormente no se tiene ni para poder cumplir unos requerimientos puntuales para el acompañamiento de las cárceles. En nuestro caso, estamos ad portas de terminar la Cárcel Distrital de Riohacha, pero se requiere descongestionar todas las demás y superar la crisis humanitaria que estamos viviendo".

Advertencias de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional

La Defensoría del Pueblo ha advertido que, a partir del 1 de julio de 2025, alrededor de 17.500 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y URI podrían quedarse sin alimentación si los entes territoriales no asumen esta responsabilidad. 

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó que "la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos y un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria"

La Corte Constitucional, en su Sentencia SU-122 de 2022, concluyó que existe una violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en los denominados centros de detención transitoria. 

La Corte ordenó a las entidades territoriales que verifiquen el régimen de afiliación o aseguramiento en salud de cada persona detenida preventivamente y que gestionen la atención en salud y garanticen los traslados necesarios para la correcta, pronta y continua prestación de los servicios requeridos. 

Llamado a la acción: necesidad de soluciones concertadas

Ante esta situación, los gobernadores del Caribe hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se asignen los recursos necesarios y se establezcan mecanismos de financiación que permitan cumplir con esta nueva responsabilidad sin afectar otros programas sociales. 

La implementación de la Ley 2346 de 2024 requiere de una coordinación efectiva entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y evitar una crisis humanitaria en los centros de detención transitoria.

La situación plantea un desafío significativo para las autoridades locales, que deben equilibrar sus limitados recursos para atender las múltiples necesidades de la población. La colaboración y el diálogo entre los diferentes niveles de gobierno serán esenciales para encontrar soluciones viables y sostenibles que respeten la autonomía fiscal de los entes territoriales y garanticen el bienestar de las personas privadas de la libertad.

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