Gobernador de Bolívar advierte crisis fiscal por alimentación a detenidos en URIs y estaciones de Policía

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lanzó una fuerte advertencia durante en el Congreso Nacional de Municipios, celebrado esta semana en Cartagena, porque a partir del próximo 30 de junio, los mandatarios territoriales estarían obligados a asumir una carga financiera, según el funcionario, insostenible.

Esto, como resultado de una decisión judicial que ahora tiene rango de ley, según la cual gobernaciones y alcaldías deberán financiar la alimentación de las personas privadas de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía.

“Nos están obligando a elegir entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños”, sentenció Arana con tono firme. “Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esto no puede ser una competencia de los entes territoriales”, añadió, visiblemente molesto.

La norma nace de un fallo de la Corte Constitucional de 2022, convertida en ley por el Congreso, que traslada a las entidades territoriales la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los detenidos en centros transitorios de reclusión, en respuesta al hacinamiento y las múltiples denuncias por violación de derechos humanos.

Sin embargo, para muchos mandatarios locales, esta transferencia de responsabilidades sin asignación de recursos es un golpe directo a sus finanzas. Solo en Bolívar, unas 3.000 personas permanecen en estaciones de Policía y URIs, lo que significaría una carga millonaria para el presupuesto departamental, que ya enfrenta restricciones para atender áreas sensibles como salud, educación y saneamiento básico.

"Esta obligación vulnera nuestra autonomía fiscal. No es justo que la Corte —a la que respeto profundamente— legisle desde sus fallos, sin considerar la realidad presupuestal de los departamentos", enfatizó Arana Padauí. "Nos trasladan responsabilidades que no podemos asumir. Nuestros ingresos son limitados, muchas veces regresivos, y ahora estamos en riesgo de tener que sacrificar programas sociales fundamentales".

El gobernador también cuestionó el silencio del Gobierno Nacional ante este tipo de medidas. "Lo mínimo es que se haga una evaluación del impacto fiscal. No se pueden imponer cargas desde el centro del país sin considerar la capacidad real de los territorios", dijo.

El clamor del gobernador de Bolívar no está aislado. Varios mandatarios regionales han elevado sus voces en las últimas semanas advirtiendo que esta decisión pone en jaque la sostenibilidad de los planos de desarrollo. Algunos incluso han pedido medidas cautelares para frenar su entrada en vigencia, hasta tanto no se garantizan los recursos necesarios.

La controversia ha puesto sobre la mesa una discusión de fondo: ¿quién debe financiar el sistema penitenciario y carcelario, especialmente en sus eslabones más débiles? Para los gobernadores, la respuesta es clara: esa es y ha sido históricamente una responsabilidad del Gobierno Nacional, y así debería continuar.

Mientras se acerca la fecha límite del 30 de junio, el debate sigue abierto y los entes territoriales exigen con urgencia un diálogo con el Ejecutivo y el Congreso para revisar los alcances de esta medida. De lo contrario, dicen, "serán los niños, los jóvenes y los más vulnerables quienes pagarán el precio de una decisión tomada sin el debido respaldo presupuestal".