Estados Unidos acusa a 12 ciudadanos chinos por ciberataques contra el Departamento del Tesoro

Doce ciudadanos chinos, incluidos dos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de China, fueron acusados como responsables de una serie de ataques informáticos, incluida una violación de datos del Tesoro de Estados Unidos, informó el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

Las presuntas víctimas del grupo incluyen otros objetivos de alto perfil como disidentes chinos radicados en Estados Unidos, ministerios de Exteriores de varios países asiáticos, organizaciones religiosas y otras agencias gubernamentales federales y de estados del país, detalló la cartera.

La acusación presentada en Nueva York, menciona a ocho empleados de la empresa china Anxun Information Technology Co. Ltd y a dos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de Pekín como partícipes en el presunto ataque informático contra correos electrónicos, teléfonos móviles, servidores y sitios web entre 2016 y 2023.

"Durante años, estos diez acusados utilizaron sofisticadas técnicas de piratería informática para atacar a organizaciones religiosas, periodistas y agencias gubernamentales, todo con el fin de recopilar información confidencial para el uso de la República Popular China", señaló en un comunicado el fiscal estadounidense interino, Matthew Podolsky.

El Departamento de Justicia precisó que los acusados en algunos casos recibieron pagos desde los ministerios chinos de Seguridad Pública y de la Seguridad del Estado para apuntar a víctimas específicas.

Diez acusados de los actos de piratería están prófugos y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Por su parte, una segunda acusación por los mismos cargos fue presentada en Washington contra otros dos ciudadanos chinos, Yin Kecheng y Zhou Shuai, por cometer ataques informáticos desde hace años contra entidades estadounidenses.

Varios países, especialmente Estados Unidos, han alertado por lo que califican de actividades de piratería informática respaldadas por el gobierno chino que van dirigidas a sus oficinas gubernamentales, centros militares y empresas.

Pekín rechaza las acusaciones y sostiene que se opone a los ciberataques ante lo cual adopta medidas enérgicas para contrarrestarlos.