Expolicía asesinado a tiros en zona de la U. de Antioquia sería testigo clave en casos de corrupción en Medellín

El pasado martes 6 de mayo, la noticia de una balacera en cercanías del campus de la Universidad de Antioquia estremeció a los habitantes de Medellín, en tanto, en medio de los disparos, dos personas fueron asesinadas: un hombre, que fue la víctima directa de este ataque armado, y una mujer perteneciente al servicio de aseo urbano de la ciudad.

En un primer momento, todos los reflectores estuvieron puestos en la muerte de la mujer, identificada como Flor María Mosquera, quien, como se mencionó, hacía parte de los 'escobitas' de Emvarias. La mujer recibió un impacto de bala en el pecho que le costó la vida en el sitio. 

El asesinato del expolicía

Sin embargo, tras las primeras horas del episodio, se empezaron a conocer detalles de la víctima principal de los disparos. Un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota en el sector de El Chagualo. 

Posteriormente, se reveló que se trataba de John Jairo Mazo Paniagua, de 44 años, y quien en el pasado se desempeñó como policía de la Sijin, en Medellín. Mazo, quien salió de la institución en el año 2006, fue uniformado durante 19 años. 

Un año después de su salida de la Policía, el 25 de agosto de 2007, Mazo tuvo un inconveniente con la justicia: le incautaron un arma de fuego en el barrio Enciso, oriente de Medellín, que no tenía los permisos requeridos. Aunque el expolicía explicó que había comenzado a trabajar como escolta, no le devolvieron el arma.

Después, Mazo registró otras dos anotaciones por movilizarse en vehículos hurtados. El primero ocurrió el 28 de septiembre de 2009, cuando lo encontraron en Barrios Unidos conduciendo una motocicleta robada el 27 de julio de 2002 en el barrio Belén Rosales. El segundo registro es del 21 de julio de 2015, cuando lo capturaron en el barrio Acevedo por el delito de receptación, luego de que fuera detenido movilizándose en un carro robado en el barrio Guayabal dos años antes.

Además le aparecen dos anotaciones más como indiciado, uno por perturbación de la posesión sobre el inmueble y otro por acto sexual con menor de 14 años.

El ataque al expolicía se presentó cuando este estaba esperando el cambio del semáforo ubicado en la carrera 55 con la calle 62. Allí, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a su ventanilla, el parrillero descendió del vehículo y le disparó a Mazo en al menos seis oportunidades, impactándolo en torso y cabeza. 

Mazo Paniagua murió en el lugar. 

Tras el crimen, las autoridades comenzaron las labores técnicas correspondientes para determinar el móvil del crimen. De entrada, a los investigadores les alertó el modus operandi de los sicarios, puesto que el accionar de los mismos denotó que se trató de un ataque premeditado.

Y a pesar de que preliminarmente se manejó la hipótesis de que el crimen podría estar vinculado con las organizaciones delincuenciales de la ciudad, documentos judiciales habrían revelado que el asesinato de Mazo respondería a un intento por debilitar una investigación judicial, en la que el ex uniformado sería testigo clave.

¿Testigo clave?

Mazo sería uno de los testigos principales presentados por la Fiscalía General de la Nación en un caso de corrupción policial protagonizado por cinco uniformados adscritos al Grupo contra Atracos de la Sijín.

Los hechos ocurrieron en julio de 2024, cuando el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Andrés Jiménez Noguera y Cristian David Valencia Valencia y los patrulleros Thyana Karina Rodríguez Melo y Jeisson Fernando Rolón Sepúlveda se presentaron en una propiedad del municipio de Girardota, con una orden de allanamiento falsa. 

Según reportes judiciales, los uniformados ingresaron a la propiedad, donde encontraron a un adulto mayor con su sobrina menor de edad y del inmueble se llevaron una camándula avaluada en más de 40 millones de pesos y un arma de fuego semiautomática. Además, los uniformados habrían extorsionado al adulto mayor para no denunciarlo con Infancia y Adolescencia. Según los informes, los policías pretendían señalar a la menor de edad de ser quien portaba el arma. 

Por ello, el adulto mayor habría accedido a pagar la cifra que le requirieron: 20 millones de pesos. Sin embargo, los uniformados, en medio de la ambición y con poder sobre el anciano, le habrían exigido otros 150 millones de pesos para no denunciarlo a él por porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. 

John Jairo Mazo Paniagua, se habría enterado de los hechos por sus vínculos en la Sijin y habría denunciado lo sucedido ante las autoridades. Su actuación llevó a la captura de los uniformados, quienes fueron imputados en marzo pasado por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión.

A todos los implicados se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso judicial en su contra. No obstante, EL TIEMPO investigó y estableció que el pasado 3 de abril, el defensor de los uniformados presentó una apelación alegando que la captura de sus apoderados fue ilegal. 

Posteriormente, el 30 de abril se ordenó la reprogramación de la siguiente audiencia en contra de los uniformados de la Sijin. En el marco de dicha decisión, el defensor presentó una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a sus defendidos. Esto sucedió el pasado lunes 5 de mayo, un día antes del asesinato de Mazo Paniagua, quien actuaría como testigo en las audiencias. 

EL TIEMPO estableció que la mencionada audiencia para evaluar la revocatoria a la medida de aseguramiento contra los cinco uniformados fue programada para este viernes 9 de mayo a las 10:10 de la mañana. 

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín. 

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