Expertos dicen que cambios a la reforma del SGP no disipan los temores ni resuelven los problemas de fondo

En un intento por disipar los temores que generó la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), el Gobierno Nacional y el senador ponente, Ariel Ávila, acordaron varios cambios al acto legislativo para lograr consensos. 

La principal modificación es que el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se transferirá a las regiones ya no será 46,5 por ciento, sino que la cifra quedará en 39,5 por ciento.

Hoy en día, estas transferencias que llegan a los departamentos, distritos y municipios son del 25,7 por ciento, tomando como base el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el 2025.

Según destacó César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la cifra propuesta (39,5 por ciento) casi duplica la participación de este año en un plazo muy corto y deja la responsabilidad de su implementación al próximo Gobierno.

De acuerdo con el senador Ariel Ávila, uno de los argumentos para hacer este cambio es garantizar la sostenibilidad fiscal, pero al mismo tiempo asegurar la entrega de mayores recursos a los municipios, porque actualmente hay más de 300 que están quebrados.

Lo que se había aprobado en el quinto debate era insostenible fiscalmente

Este porcentaje ha sido el centro de la polémica que se ha generado en los últimos días en el país y llevo, incluso, a que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla asegurara que "lo que se había aprobado en el quinto debate era insostenible fiscalmente".

Pese a que la propuesta del incremento de las transferencias se bajó en siete puntos porcentuales, varios expertos del mundo económico aseguraron que la preocupación continúa y que este acuerdo no disipa mucho los temores.

Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, este cambio no ayuda en mucho y considera que lo más importante es "hacer un debate más profundo que simplemente hacer una transición más larga o modificar el porcentaje de transferencias del Gobierno a los entes territoriales".

Mientras que José Ignacio López, presidente de Anif, afirmó que cualquier cifra que supere el 35 por ciento "es difícil". Sin embargo, una disminución al 39,5 por ciento reduce en casi un punto porcentual la presión del gasto en términos del producto interno bruto (PIB) en el mediano plazo.

Con la propuesta inicial del 46,5 por ciento, esta presión en el gasto llegaba a 9 por ciento del PIB en el 2036, pero con la nueva cifra que se acordó, en el 2036 sería el 7,4 por ciento y luego aumentaría a casi 8 por ciento.

Trasladar recursos sin un mejoramiento en los mecanismos de gestión y control terminará generando ineficiencias

Otro cambio que se acordó fue aumentar la transición, pasando de 10 a 12 años. Además, se dejó claro que este periodo comenzará cuando se expida la ley de competencias y no antes de 2027.

Esto quiere decir que el incremento se hará más lento, pues los 14 puntos porcentuales del aumento de los giros se repartirán en 12 años y no en 10, como se planteó en un inicio.

Este punto también sería una forma de alentar a los congresistas a meterle el acelerador a la ley de competencias, pues se establece que la reforma al SGP se comenzará a aplicar cuando esté lista esta norma. El Gobierno tendrá un plazo máximo de seis meses para presentar este proyecto de ley ante el Congreso.

No obstante, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que ni reducir el porcentaje al 39,5 por ciento ni ampliar el periodo de transición resuelve el problema de fondo, que es la inflexibilidad del gasto público y la incapacidad de transferir competencias de gasto por dos o tres puntos del PIB.

"Lo primero que hay que hacer es un estudio técnico que haga una cuantificación de cuánto gasto se puede trasladar y cómo se va a hacer, porque trasladar recursos sin un mejoramiento en los mecanismos de gestión y control terminará generando ineficiencias y derroche de recursos", agregó.

Hacer el debate al revés representa un riesgo inminente tanto para la sostenibilidad fiscal 

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, también coincide con que el problema no se resuelve con ninguno de estos dos cambios. "El problema es que las finanzas del Gobierno no pueden asumir transferencias adicionales si simultáneamente no se descarga al Gobierno de un incremento igual a aquel en que se aumenten las transferencias", señaló.

Por eso, considera que la ley de competencias es indispensable y debe ser previa a la aprobación del acto legislativo que se discute en el Congreso de la República, porque de lo contrario no cuadrarán las cuentas fiscales.

Otro tema que genera preocupación entre los expertos es el orden en el que se está debatiendo la reforma del SGP, pues las discusiones que se están teniendo generan algo de nerviosismo y, probablemente, pueden generar inquietud entre los inversionistas de TES.

"La iniciativa, por sí misma, no es mala. Nosotros hemos dicho que el país necesita más descentralización, pero nos hubiese gustado que la discusión iniciara por el tema de competencias para mirar qué tantas competencias se pueden y se quieren trasladar y desde ahí empezar a cuantificar de cuánto son los requerimientos fiscales", comentó José Ignacio López.

Mientras que para César Pabón hacer el debate al revés representa un riesgo inminente tanto para la sostenibilidad fiscal como para el desarrollo regional. "Lo ideal es definir claramente las responsabilidades, compromisos y competencias desde el inicio, y luego discutir la cifra adecuada para su incremento", dijo.

En esta misma línea, el exministro José Manuel Restrepo afirmó que, antes de entrar a hacer una redistribución de los recursos de la Nación, se debe tener absoluta claridad de cuáles son las competencias, los roles y la capacidad de los entes territoriales para asumir esas nuevas tareas que les van a entregar.

También se debe tener claro cuál será la fuente de los recursos adicionales que se les transferirá a las regiones y cómo se hará. "Esto supone reducir el tamaño del Estado, es decir, un Estado con el tamaño actual y con las inflexibilidades que tiene el presupuesto, necesita repensarse y eso implica cambios constitucionales y legales para permitir esa posibilidad", agregó.

Otro de los acuerdos logrados es que el proyecto debe dejar claro que los nuevos recursos del SGP que irán para financiar la educación deberán usarse para aumentar en cuatro años la cobertura escolar por persona. 

"⁠Se incluye la financiación de, como mínimo, dos años de escolaridad de la educación preescolar y, como mínimo, dos años del ciclo educativo de la educación superior", establece el acuerdo.

Adicionalmente, en el proyecto debe quedar claro que el aumento del SGP es para cerrar las brechas que históricamente han tenido los territorios y debe haber un artículo que condicione el aumento del SGP a que sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.