'Estamos listos para iniciar las obras': presidente de Covimar ante las advertencias de la Contraloría sobre el proyecto Mulaló-Loboguerrero

la Contraloría advirtió la semana pasada de graves afectaciones económicas y ambientales si hay una eventual terminación anticipada del contrato del proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, ubicado en el Valle del Cauca, por parte de la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar). En entrevista con W Radio, Alberto Mariño, presidente de la concesión, respondió a las advertencias de la entidad y dio las razones del retraso de la construcción de la vía. 

Este proyecto, que tiene planeado reducir en 52 kilómetros y en, aproximadamente, una hora y media el trayecto que actualmente se realiza por el corredor Cali, Mediacanoa y Loboguerrero, fue adjudicado desde el año 2015. 

La Contraloría denunció que, si se llega a una cancelación del proyecto, le implicaría al Estado pagar una millonaria suma (700.000 millones de pesos) sin haber recibido a cambio ni un metro de vía en casi diez años de su adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Por el bien de la comunidad y del país esta indefinición no puede continuar por más años

Covimar ya había decidido ahondar en las razones que han impedido que el proyecto Mulaló-Loboguerrero se realice a través de una carta dirigida al contralor Carlos Hernán Rodríguez. Sin embargo, el presidente de la compañía se pronunció este miércoles, 20 de noviembre, en la radio antes citada para dar las explicaciones pertinentes, aclarando que desde la empresa se tiene "la mejor disposición para realizar las obras". 

Mariño agregó que la concesionaria, de hecho, está lista para iniciar la construcción en el momento en el que se llegue a un acuerdo con las partes involucradas.

"Hemos seguido preparándonos para realizar las actividades que se pueden desarrollar, tenemos los equipos listos. Es decir, en el momento en el que se llegue a un acuerdo, estamos listos para iniciar las obras. Por el bien de la comunidad y del país esta indefinición no puede continuar por más años", comentó en la entrevista y afirmó que esto lo último había sido la razón para convocar un nuevo tribunal de arbitramiento que decida la terminación del contrato o defina el monto de recursos que debe aportar el estado para que el proyecto se pueda desarrollar.

¿Cuál es el problema del contrato?

El presidente de la concesión explicó que, pese a que la empresa ha venido haciendo los esfuerzos para que la obra se ejecute, han existido diferentes situaciones que han demorado el inicio de la misma. 

Mariño aseguró que la construcción de la vía debería haberse realizado desde septiembre del año 2016 hasta agosto del año 2021, pero las dificultades con el trámite de las consultas previas con las comunidades, con el cambio de la normativa que impuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) durante el tramite de la licencia ambiental del proyecto y el aumento del presupuesto que se tenía pactado desde el contrato, fueron las causantes fundamentales de la traba en la ejecución. 

"En el contrato del año 2015 estaba previsto un valor de esas obras para ejecutarlas durante el año 2016 y 2021. Hoy lo que pretende La Agencia Nacional de Infraestructura es que las obras se construyan diez años después por el mismo precio. Ustedes entenderán que esto es absolutamente imposible", enfatizó. Mariño informó que se ha intentado buscar conciliaciones a través del diálogo sin respuestas contundentes. 

Hoy lo que pretende La Agencia Nacional de Infraestructura es que las obras se construyan diez años después por el mismo precio. Ustedes entenderán que esto es absolutamente imposible

Covimar señaló que los borradores de acuerdos se han realizado desde el 2022 y en múltiples oportunidades con la administración del Gobierno Petro. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha comunicado en  dos oportunidades que no se tenían recursos adicionales para que el contrato se realice. 

"Hace dos años la Ani y el Concesionario buscaron unos peritos independientes e hicieron unos ejercicios, estos trabajaron sobre el modelo financiero de la Ani por el que se estructuró el proyecto de Mulaló-Loboguerrero y la conclusión sin ninguna duda era que el contrato estaba desequilibrado económicamente. ¿Dónde radica el problema? En que el Ministerio de Hacienda le ha manifestado a la ANI en dos oportunidades que no tiene recursos adicionales para ejecutar el proyecto", manifestó.

Mariño también habló de la declaración la Contraloría sobre que la empresa sigue cobrando dinero sin entregar kilómetros construidos y explicó que "estos contratos de concesión tienen unas inversiones iniciales en la elaboración de los estudios y diseños, todos los trámites ambientales, al realización de las consultas previas, apoyos de la ANI como lo es el pago de la interventoría, compra de predios y todos los apoyos que requiere la ANI". 

En esta lista mencionada de los gastos, se aclaró que la empresa viene aportando con pagos desde el comienzo del año 2015. "Sin estos estos aportes de capital no hubiera sido posible adelantar esta etapa que se denomina de preconstrucción del contrato", concluyó y enfatizó que la concesionaria, con aportes mayores previstos en el contrato, sigue funcionando y desarrollando actividades de la obra.

El gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional y tiene que entender que el valor no es el mismo que hace 10 años

"Nosotros tenemos desde hace tres años equipos listos y disponibles para iniciar las obras, pero el costo de las obras debe ser acordado con la Ani", dijo en la entrevista y finalizó haciendo un llamado al Gobierno Nacional para analizar la situación y poder realizar las obras, que si se logran acordar, estarían iniciando el año 2026 y terminando en el año 2031.

"El gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional y tiene que entender que el valor no es el mismo que hace 10 años, creo que en eso ha sido demostrado en dictámenes prediales", aseveró. 

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.