'Es un acto de inmensa injusticia': presidente Petro defiende a Álvaro Leyva tras sanción de la Procuraduría por caso pasaportes

Luego de que la Procuraduría sancionó al excanciller Álvaro Leyva con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años, esto por las irregularidades cometidas en la licitación para adjudicar el contrato de impresión de pasaportes, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa e insistió en que el Ministerio Público no puede imponer este tipo de sanciones.

“Ha inhabilitado políticamente a Álvaro Leyva con una sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad. Eso es un choque de frente contra la convención americana de DD. HH. que prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar derechos políticos. Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias”, manifestó el jefe de Estado en X para luego afirmar que esta decisión va "en camino de destruir la convención americana de DD. HH.". 

En su publicación, el primer mandatario insistió en que es un riesgo que una empresa privada "controle" los datos de la ciudadanía y en que la licitación estaba hecha a la medida de Thomas Greg & Sons. 

"No me gustó para nada lo que pasó en la Cancillería, donde iban a premiar a esa empresa con un pliego de licitación sastre, con el que esa empresa siempre gana. Lo mismo ha sucedido en la registraduría con la misma empresa. Mi crítica a ella me atrae la oposición del ex registrador Vega y de mi anterior amigo Benjamín (Ortiz), hoy firmante del adefesio del CNE", dijo, y luego agregó: "Pero lo que ha hecho la procuradora con Álvaro Leyva es un acto de inmensa injusticia". 

La decisión, de primera instancia, fue tomada este martes y allí se indica que Leyva vulneró varios principios de índole económico a la hora de declarar desierta, bajo la Resolución 7485, la licitación con la que se buscaba adjudicar el contrato de los pasaportes, cuyo monto ascendía a los 600.000 millones de pesos y el cual había sido ganado por la empresa Thomas Greg.

Según Leyva, frenó la licitación para salvaguardar los recursos estatales, pues supuestamente todo estaba acomodado para que la compañía se quedara con el contrato. Sin embargo, para la Procuraduría con ello pudo haber vulnerado principios establecidos en la ley en términos de transparencia.

"La decisión de la Procuraduría es el epílogo de un juicio disciplinario plagado de irregularidades", señaló el excanciller en rueda de prensa. Además, afirmó que su defensa apelará la decisión para que esta sea estudiada, en segunda instancia, por la procuradora general, Margarita Cabello.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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