‘Es necesario terminar la ocupación en Gaza y empezar una apuesta decidida por el futuro de los palestinos’: Paula Gaviria, relatora de la ONU

Tras 15 meses de una ofensiva militar israelí en Gaza en la que han sido asesinados más de 47.000 palestinos y que expertos, juristas y académicos, han calificado por su intencionalidad aniquiladora de “genocidio”, la noticia de un cese al fuego y de un intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás fue recibida con alivio por las víctimas y con esperanza por quienes han pedido repetidamente a las partes respetar el derecho internacional.

Uno de esos llamados lo hizo la jurista colombiana Paula Gaviria, relatora especial de la ONU sobre los desplazados internos, quien, el 13 de octubre de 2023, menos de una semana después de que Israel declaró la guerra contra Gaza como respuesta a los ataques indiscriminados de Hamás, pidió a Israel suspender la orden de evacuación que había dado a más de un millón de palestinos en el norte de Gaza.

La relatora escribió entonces que la transferencia forzada de población es un crimen contra la humanidad y que el derecho internacional humanitario prohíbe los castigos colectivos.

En el mismo comunicado, Gaviria recordó a las autoridades israelíes que cumplir con el derecho internacional en situaciones de conflicto no es opcional.

¿Cómo recibió el anuncio del acuerdo para el cese al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes?

Es una noticia que estábamos esperando hace mucho tiempo. Es importante recibir con optimismo cualquier mensaje de una salida negociada a una crisis tan devastadora para las personas en Gaza, para las familias de los rehenes y los prisioneros y para toda la gente que está sufriendo las consecuencias de lo ocurrido en estos 15 meses. La gravedad de la situación en Palestina requiere una respuesta de la comunidad internacional en términos de rendición de cuentas. Es necesario mantener la presión para que se establezcan responsabilidades y para que Israel permita que se desarrollen las investigaciones requeridas por la Corte Penal Internacional, así como el trabajo de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados y de los relatores especiales de Naciones Unidas.

¿Qué cree que es fundamental para la reconstrucción de Gaza?

Para mí, la reconstrucción debe venir acompañada del restablecimiento del orden y de los objetivos fundantes de lo que debe ser el Estado de Palestina y me alegra ver que, desde que se supo de la noticia, se habla de esto como un paso previo hacia ese propósito.

Se trata de solucionar una situación que no empezó en octubre de 2023, sino en 1948, cuando ocurrió lo que se conoce como la Nakba (el desplazamiento forzado de unos 750.000 palestinos de su tierra, en lo que ahora es Israel).

En el acuerdo se establece que los palestinos desplazados en Gaza van a poder “retornar a sus barrios”. Sin embargo, Israel destruyó casi la totalidad de la infraestructura civil. ¿A qué y a dónde regresan estas personas?

La destrucción masiva de Gaza no tiene antecedentes ni comparación con ningún país en tiempos recientes. Estamos hablando de la destrucción de aproximadamente el 70 % de la infraestructura civil y el 87 % de los hogares. Estimamos que dos millones de personas, es decir el 90 % de la población de Gaza hoy está desplazada. Entonces, cuando se habla de que un primer millón de personas podrían retornar, aunque todavía falta ver los términos precisos del acuerdo y seguramente de esto se va a saber más en la segunda fase, la pregunta es esa: a dónde y a qué van a regresar ante la destrucción de sus hogares, de los servicios públicos, hospitales, centros educativos, colegios, y universidades.

También está destruida la provisión de servicios básicos para alimentarse: como lo detectamos expertos de la ONU, hay niños que han muerto de hambre y, de hecho, el relator especial sobre el derecho a la alimentación dijo hace unos meses que en Gaza había indicios de hambruna.

Otros expertos han reportado la destrucción del alcantarillado y del saneamiento básico, el impacto sobre el medioambiente y la salud pública que tiene el hecho de que haya personas muertas bajo los escombros, así como el peligro de las bombas, los remanentes de guerra o las minas que siguen ahí sin explotar: se trata de un campo de guerra que hay que descontaminar.

En ese panorama, ¿cómo puede preverse un retorno?

Ese es el tema fuerte: cómo va a ser el retorno y esa vuelta a sus hogares y no diría a la “normalidad”, porque lo que había antes no era normal. Creo que lo que sigue es realmente cumplir con las órdenes de las diferentes instancias que se han pronunciado en estos meses sobre la oportunidad de resolver la situación de Palestina. Como se dijo en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, es necesario terminar la ocupación en Gaza y empezar una apuesta decidida, integral y sostenida por el futuro de los palestinos como no lo han podido hacer. Creo que se lo deben.

Con respecto al ingreso masivo de ayuda humanitaria, el acuerdo contempla la entrada de por lo menos 600 camiones diarios a Gaza. ¿Cómo puede tener lugar un operativo logístico tan grande, especialmente, ante la prohibición de la cooperación israelí con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA)?

La UNRWA es la columna vertebral de la garantía y el restablecimiento del alivio humanitario en Gaza: tiene no solo la experiencia, sino la capacidad, como lo ha hecho desde su establecimiento en 1949. A pesar de la sanción moral que se le quiso imponer y que, de hecho, tuvo el impacto que tuvo porque disminuyó sus recursos y operaciones y, de alguna manera, su legitimidad por toda la propaganda que se hizo en su contra, la UNRWA sigue firme y sólida. Pero, claramente, sola tampoco puede. Me impresiona que se desconoce que en Gaza hay una presencia fuerte de organizaciones humanitarias que trabajan de la mano con la UNRWA, y su función pasa por la articulación de esa respuesta humanitaria para evitar desorden o demoras.

El 13 de octubre de 2023 su relatoría publicó un comunicado en el que pedía rescindir la orden de evacuación de más de un millón de palestinos del norte de Gaza, emitida por el ejército israelí, por considerarla una transferencia forzada de población. ¿Cómo debería ser una orden de evacuación que fuera coherente con el derecho internacional?

Los relatores reaccionamos inmediatamente después del 7 de octubre. Un primer comunicado fue de la relatora sobre los territorios palestinos ocupados, al que nos unimos muchos, y el segundo fue el mío. A partir de ahí seguimos sistemáticamente y ya tenemos casi 70 pronunciamientos de los relatores, expertos y grupos de trabajo, además de los informes. Mi relatoría obedeció a que nos impactó ver que esta orden de evacuación daba a las personas 24 horas para salir. Corroborando y comprobando con expertos y con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios ocupados cómo habían sido dadas estas órdenes, vimos que no cumplían con los mínimos que se requería según la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe los traslados forzosos salvo por razones imperativas y temporales, es decir, que garantice que las personas puedan retornar cuando cese la situación que generó la evacuación.

Pero, el ejército de Israel seguía manteniendo la inseguridad que ellos mismos generaron.

En ese momento, vimos que no había garantías suficientes de protección a la población civil para hacer los trayectos y que el lugar de llegada no tenía condiciones de acceso a ayuda humanitaria ni de seguridad. Como lo dije en mi comunicado del 30 de diciembre de 2024: tenemos evidencia de que no hay una intención de proteger a la población civil.

Esto parece contrastar con las evacuaciones que tuvieron lugar en Israel. ¿Estas personas también son desplazadas internas?

Hay un interés, por parte de otros expertos y de académicos en Jerusalén, por revisar el estado de la población desplazada en Israel. Efectivamente, después del 7 de octubre se habla de entre 100.000 y 200.000 personas. La cifra no está clara porque no se ha hecho el ejercicio de identificar a las personas desplazadas que permanecen en esta condición.

Desconozco si hubo órdenes de evacuación, cómo fueron o si cumplieron con todas las características de precaución, que es el principio que impone el Derecho Internacional Humanitario para minimizar el impacto en la población civil. Pero, claramente hay mucho dolor y sufrimiento en el pueblo de Israel también, no solamente en las familias de los rehenes, y creo que eso también merece ser acompañado, estudiado y atendido.

Otro país de Oriente Medio que ha experimentado cambios acelerados es Siria. ¿Cómo han sido los movimientos de población tras la caída de Bashar al-Asad?

Finalizando 2023, allí teníamos siete millones de desplazados. A raíz de la caída de Asad, el 8 de diciembre, alrededor de 500.000 personas han regresado principalmente al noroeste de Siria desde otras partes del país. Es la cifra más actualizada que tenemos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. En paralelo, a la buena noticia de los retornos, por todo lo que generó la salida de Asad se desplazaron nuevamente aproximadamente un millón de personas, que llegaron a las ciudades y a diferentes lugares de recepción que existían antes, provocando un hacinamiento en los centros de atención.

Pero en Siria, luego de un conflicto tan prolongado y devastador, hay una cierta apertura por la transición en el régimen, ya se está distribuyendo ayuda o mejorando el saneamiento y desde la ONU se han hecho llamados a incrementar los recursos para el país, al que recientemente visitó el alto comisionado Türk, enviando el mensaje de que esta transición debe tener un enfoque de derechos humanos.

Uno puede decir que este es un país de personas desplazadas, que además presenta una intersección con los efectos adversos del cambio climático. Como en el caso de Gaza, aquí también cabe preguntarse a qué y a dónde van a regresar.

Hay que hacer un proceso grande de transición, obviamente ojalá democrática en todos sus sentidos, pero también uno de reconstrucción de las condiciones para que la salida a la crisis, como lo ha dicho el secretario general de la ONU, sea desde y por la gente de Siria.

Sudán terminó el 2023 con el mayor número de desplazados internos jamás registrado. ¿Cómo fue la situación a lo largo de 2024 y cuál es la tendencia para 2025?

La de Sudán es, efectivamente, la cifra total de personas desplazadas más alta jamás registrada: a la fecha son más de 12 millones de personas que han huido de sus hogares, nueve de las cuales son desplazados internos. El porcentaje mayor de este número fue generado desde abril de 2023, cuando se desató la guerra entre las fuerzas armadas sudanesas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

En esos enfrentamientos la violencia sexual ha sido un arma de guerra muy utilizada por los grupos, hoy también es una de las peores crisis de hambruna en el mundo y con una de las mayores necesidades de ayuda humanitaria: 17 millones de personas que habitan Sudán la requieren.

El año terminó con la crisis en un punto súper agudo: en las últimas semanas, 100.000 personas han tenido que desplazarse a diferentes de los países vecinos, en particular a Sudán del Sur. Pero, a pesar de toda la destrucción, y de los últimos desarrollos de la guerra, en la que ambas partes han tomado prisioneros de la otra facción, hoy detenidos en condiciones infrahumanas, algo muy importante ocurre en Sudán: la mayoría de las personas desplazadas internas se han alojado en las comunidades de acogida, con conocidos o familiares.

Cuando me reuní varias personas refugiadas en El Cairo supe que hay una base que ha mantenido la cohesión social y la fortaleza para que la devastación de la guerra y el impacto de las violaciones de los derechos humanos, o la violencia sexual, no sea peor.

Me conmovió mucho ver que una sociedad tan adolorida tiene la capacidad de trabajar unida. Ellos tienen mucha esperanza en que haya una salida negociada al conflicto y saben que por la vía de seguirse atacando no van a llegar a nada. Tienen claro el proceso de paz en Colombia y, de hecho, les conté de sus aciertos y desafíos.

¿Qué otras crisis de desplazamiento interno es importante tener en el radar este 2025?

África en general, que, con 35 millones, es el continente con mayor número de desplazados. Particularmente, tengo mucho interés en la República Democrática del Congo, donde estuve en noviembre. Está Yemen, que sigue con apuestas de paz, pero también con grandes desafíos que le impactan por la crisis de Medio Oriente. El Líbano, con la invasión de Israel en septiembre y su crisis ya anterior de refugiados y desplazados, es un país que también tiene desafíos en reconstrucción y casi 800.000 personas desplazadas solo por estos últimos hechos.

Me preocupa mucho Haití, en donde ya hay más de 700.000 desplazados como consecuencia de las actividades de organizaciones criminales.

Mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos va a ser sobre ese tema, toda vez que en 2023 aumentó un 45 % con respecto a 2022 el número de desplazamientos forzados por este tipo de violencia que también se observa en partes de Nigeria, Myanmar o Colombia, donde el confinamiento tiene que ver con grupos al margen de la ley, pero también con actividades criminales.

¿Qué perspectiva tiene de los efectos cambio climático como detonante de desplazamientos forzados en el mundo?

Ese es el gran desafío de la humanidad. Vimos los desplazamientos en Brasil, que siguen ocurriendo, por ejemplo, en África, Asia, Rusia, India y Bangladesh. En el año 2023, de cuando datan las últimas cifras consolidadas, se cerró con 7,7 millones de personas desplazadas por desastres. Me interesa mucho la elevación del nivel del mar, y creo que vale la pena poner el ojo en los países en islas o costas donde las personas no tienen otra opción que desplazarse para protegerse.

Carmen Lucía Castaño - Para EL TIEMPO - Ginebra