Desde el Congreso de la República ya empiezan a salir las primeras reacciones tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de inhabilitar por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en el contrato para la expedición de los pasaportes.
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La decisión, de primera instancia, fue tomada este martes sobre el mediodía, y tiene que ver con que Leyva vulneró varios principios de índole económico a la hora de declarar desierta la licitación con la que se buscaba adjudicar el contrato de los pasaportes, que se había ganado la empresa Thomas Greg.
Según el excanciller -en rueda de prensa tras culminar la audiencia-, "la decisión de la Procuraduría es el epílogo de un juicio disciplinario plagado de irregularidades", resaltando que lo fallado por el procurador ponente Ernesto Espinosa y su Sala Disciplinaria de Juzgamiento no es definitivo, pues su defensa apelará para que lo estudie, en segunda instancia, la procuradora general, Margarita Cabello.
El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, celebró la decisión del órgano de control y aseguró que "es lo mínimo que podía hacer para mandar un mensaje a los colombianos de que la institucionalidad la constitución y la ley nunca están por debajo de nadie, por más años que tenga. Además, es una sanción que manda un mensaje claro sobre la necesidad de que nadie se burle de las normas y menos de la sociedad, está ajustada a la ley y era necesaria esa sanción ejemplarizante", dijo.
Por su parte, el senador Mauricio Giraldo recordó que en reiteradas ocasiones Leyva omitió dar respuesta a los congresistas que cuestionaron el proceso licitatorio de los pasaportes.
"Lo dijimos cuando lo citamos a control político en @comisionsegunda en diciembre, Leyva desvió el debate y no contestó a las preguntas de la Comisión y del país. En ese momento, varios congresistas de la Comisión expresamos nuestro inconformismo con las respuestas. Los ministros deben saber que las citaciones al Congreso no son solo para que respondan a los Congresistas que ejercemos nuestro deber a hacer control político al Gobierno, sino que es una obligación con Colombia. El fallo no nos sorprende", escribió.
Leyva tenía en su contra dos cargos, uno por haber declarado desierta la licitación en septiembre del año pasado, y otro porque un día después, expidió la urgencia manifiesta para garantizar el servicio de impresión del documento. Frente al primero, el procurador Espinosa explicó que se acreditaron los argumentos para sancionar al excanciller por 10 años; sin embargo frente al segundo no se completaron las razones para ello, pues son hechos derivados de un solo suceso.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Periodista de Política