En Taganga no quieren planta desalinizadora por impacto ambiental y económico

Por más de 15 años, los habitantes de Taganga han vivido una paradoja. Mientras el corregimiento se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Santa Marta, con una creciente inversión nacional y extranjera, su comunidad de aproximadamente siete mil personas sigue luchando por el acceso al agua potable.

Aunque el Tribunal del Magdalena ordenó en 2023 garantizar este derecho fundamental, la solución definitiva sigue siendo un punto de disputa que deja más dudas que tranquilidad.

Una orden que no se cumple del todo

El fallo del Tribunal, con ponencia del magistrado Adonay Ferrari Padilla, estableció un plazo máximo de un año para que la Alcaldía, la Empresa de Servicios Públicos (Essmar) y el Ministerio de Vivienda garantizaran el suministro de agua en Taganga a través de la construcción de un acueducto.

Mientras se implementaba una solución definitiva, el Tribunal ordenaba la distribución del líquido mediante carrotanques.

José Cantillo, uno de los firmantes de la acción popular, reconoce que los carrotanques han aliviado la crisis, pero no son suficientes.

"Llegan entre tres y cuatro diarios, pero las familias deben pagar carrotanques privados porque no alcanza. Los hoteles y hostales también tienen que comprar su propia agua, lo que encarece su operación", afirma.

Pese a las promesas, los habitantes sienten que no hay avances significativos. "Parece que a nadie le importara. Mientras los turistas disfrutan de nuestras playas, nosotros seguimos recogiendo agua en baldes como hace décadas", expresa indignado Juan Carlos Martínez, un pescador del corregimiento.

La planta desalinizadora: ¿solución o problema?

En medio de la incertidumbre, el Distrito ha promovido la construcción de una planta desalinizadora como alternativa para garantizar el acceso al agua potable.

Según los planes oficiales, la planta tendría capacidad para procesar 8 litros por segundo de agua marina mediante ósmosis inversa y contaría con una red de distribución del 95% en la comunidad.

Desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito se defiende el proyecto, argumentando que se trata de una solución viable y en proceso de concertación.

"Este es un proyecto que estamos avanzando con unas mesas de trabajo, precisamente para solucionar a corto y mediano plazo el problema de abastecimiento de Taganga. Se han hecho estudios sobre la ubicación de la planta, que sería en lo que hoy es el colegio, y estamos analizando cómo llevar el agua hasta ese punto para su tratamiento y distribución", explicó el representante de la oficina al Tribunal en audiencia de seguimiento.

Sin embargo, la propuesta ha generado oposición entre líderes comunitarios y expertos ambientales.

"La desalinizadora generará un impacto ambiental grave. La salmuera que produce se vertería directamente en la bahía, afectando la fauna y flora marina. Además, su alto consumo de energía encarecerá el servicio de agua para la población", explica Camilo Espinosa, biólogo marino consultado por la comunidad.

La preocupación no es solo ecológica. Un informe de la Essmar presentado en la diligencia judicial reveló que la infraestructura de Taganga no está preparada para recibir el agua desalinizada.

"Las redes de acueducto están deterioradas o no existen. No hay alcantarillado ni emisario submarino, lo que podría generar un problema de salud pública", indicó una delegada de la empresa.

El costo del proyecto, estimado en más de 25.000 millones de pesos, es otro factor de controversia.

"La Essmar está intervenida y no tiene recursos para esto. Mientras tanto, garantizamos el envío de 36 carrotanques semanales para abastecer a la comunidad", añadió la funcionaria.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda respalda la idea de la desalinizadora como una solución de choque, pero admite que no es una alternativa definitiva.

"En conjunto con el Distrito hemos analizado el problema desde dos enfoques: una solución a corto plazo y otra definitiva. La desalinizadora es una medida contingente para mejorar la prestación del servicio, pero el plan maestro de acueducto de Santa Marta será el que determine una solución estructural a largo plazo", explicó un representante del Ministerio.

Según la entidad, cualquier proyecto debe incluir mejoras en las redes de distribución, pues "no basta con producir agua, sino garantizar que le llegue a cada vivienda a través de las redes adecuadas".

Una comunidad que exige ser escuchada

Los opositores a la desalinizadora proponen una alternativa: conectar a Taganga con la planta de tratamiento de El Curval y mejorar la infraestructura de acueducto.

Argumentan que esta opción sería más sostenible y evitaría los impactos negativos de la desalinizadora.

"El Distrito dice que todo está listo para la construcción, pero no nos han tomado en cuenta en las socializaciones. Exigimos que nos escuchen antes de tomar decisiones que pueden perjudicar nuestro ecosistema y nuestra economía", señala el lider de Taganga, José Cantillo.

El debate continuará en la siguiente audiencia de cumplimiento al fallo judicial programada para el mes de abril. Mientras tanto, los habitantes de Taganga seguirán esperando que la promesa del agua potable se convierta en una realidad

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Roger Urieles para EL TIEMPO Santa Marta. En X: @rogeruv