En Córdoba denuncian traslados de usuarios presuntamente ilegales de EPS

Usuarios del servicio de salud en Córdoba han recibido con extrañeza la forma como fueron trasladados de sus EPS a otras entidades similares, sin ninguna autorización, lo que los pone en riesgo de una atención adecuada.

Son en muchos de los casos pacientes que tienen prioridad de una atención especializada, quienes necesitan atenciones de alto costo, en forma urgente y con el traslado se pondría en grave riesgo su salud.

Los traslados de los beneficiarios se hacen sin el debido consentimiento de los pacientes, lo que se refleja en una importante inconformidad en varios municipios.

La información fue confirmada por Javier Olea, secretario de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córdoba, quien de inmediato dio aviso a la Superintendencia de Salud para que iniciara las investigaciones del caso.

“Se revisaron las quejas que han llegado de los afectados y hasta el momento se ha logrado identificar el traslado de 151 usuarios, por lo que se le dio traslado la Superintendencia Nacional del Salud para que puedan indagar las razones que están motivando esa situación”, manifestó el secretario de salud departamental de Córdoba.

Son inicialmente cuatro EPS las investigadas

De acuerdo con la información del secretario de salud de Córdoba, Javier Olea, los primeros pacientes con transferencias sin el debido consentimiento fueron identificados en cuatro EPS.

Son estas las siguientes EPS y el número de casos:

Desde la EPS Mutual Ser fueron enviados a Cajacopi, un total de 33 usuarios. De igual manera, a Coosalud, 86 beneficiarios y desde la Nueva Eps a Coosalud, un usuario.

“Adicionalmente, existe un reporte por parte de la dirección local de salud del municipio de Puerto Escondido, en el que informó del traslado de 12 integrantes de un cabildo indígena a la EPS Familiar de Colombia, la cual no está habilitada para prestar el servicio en ese municipio”, contó el funcionario.

Para las autoridades de salud de Córdoba, esta última denuncia se convierte en una situación muy grave, porque se trata de una empresa que no tiene la viabilidad para atender a pacientes en el municipio de Puerto Escondido.

Al parecer se le dio prioridad a esta denuncia ante la Superintendencia de Salud, teniendo en cuenta que lo que se encuentra en juego es la vida de las personas.

Tratamientos de alto costo

Para el secretario de salud departamental, el caso de Puerto Escondido reviste la mayor atención, porque además se trata de una población indígena que va a dejar de ser atendida, ya que la EPS a donde los enviaron no tiene jurisdicción

“La mayoría de ellos con tratamientos de alto costo. La misma situación se replicó en Puerto Libertador, donde 19 personas fueron trasladadas a la misma EPS sin autorización ni solicitud previa por parte de los usuarios”, señaló.

Demanda ante la Fiscalía

El secretario de salud indicó además, que los usuarios que están siendo objeto de esos traslados sin autorización, pueden interponer una denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

“Y luego solicitar a la EPS donde estaban inicialmente que los vuelvan a afiliar. Para hacer efectivo este proceso de afiliación deben esperar tres meses, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2353 de 2015, que define los requisitos y procedimientos para la afiliación y los traslados de EPS y el artículo 50 del Decreto 2353 de 2015, que especifica el tiempo de permanencia requerido para solicitar un traslado de EPS”, explicó.

Así mismo precisó el funcionario que los usuarios deben hacer valer sus derechos y poder escoger la EPS a la que ellos quieran afiliarse para recibir los servicios en salud.

Se espera que la Superintendencia de Salud pueda resolver la problemática que se registra en estos momentos, para que los traumatismos sean menores.

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Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

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