El asesinato de Marlen Fernanda Mozo, joven trabajadora de Supergiros, ha desatado la indignación de empresas del sector de juegos de azar y servicios postales, quienes exigen mayor protección para sus empleados y una respuesta contundente de las autoridades.
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Mozo fue víctima de un ataque sicarial el pasado 4 de noviembre mientras desempeñaba su labor en un punto de venta de Supergiros en Bosconia, Cesar.
Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de azar en Colombia, condenó enérgicamente el homicidio, expresando sus condolencias a la familia de Mozo y sus compañeros de trabajo. “Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de las personas”, declaró Coljuegos, resaltando la necesidad de promover la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores del sector.
La entidad también denunció las constantes intimidaciones que enfrentan empresas como Supergiros en áreas controladas por grupos armados y delincuenciales, recordando que este sector contribuye significativamente a la salud pública y genera miles de empleos en regiones vulnerables.
Coljuegos pidió a las autoridades que investiguen los hechos “con celeridad” y judicialicen a los responsables, reafirmando su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer este trágico incidente.
Por su parte la Asociación de Empresas de Servicios Postales (Asopostal), también manifestó su rechazo ante el asesinato, calificándolo de "cruel" e "inadmisible". La asociación expresó su consternación por la pérdida de una joven de apenas dieciocho años y ofreció su solidaridad a los familiares y colegas de Mozo. Según Asopostal, este acto de violencia no solo enluta a una familia, sino que representa una amenaza constante para los colaboradores de operadores postales de pago, quienes a diario se enfrentan a riesgos en su labor.
En su pronunciamiento, Asopostal hizo un llamado urgente al Presidente de la República Gustavo Petro y a los ministros de Defensa e Interior para revisar las políticas de seguridad pública en los municipios donde grupos criminales están asumiendo el control de manera alarmante.
La asociación solicitó que al Gobierno que recupere la autoridad en estas zonas y garantice la protección de los trabajadores que prestan servicios esenciales en las regiones más apartadas del país.
Ambas entidades coinciden en la necesidad de implementar estrategias integrales que afronten la problemática de seguridad y aseguren la protección de los trabajadores en sectores expuestos a altos niveles de riesgo.
“Es fundamental que las autoridades tomen decisiones firmes para que estos hechos no queden en la impunidad”, afirmaron, comprometiéndose a trabajar en conjunto.