El Tribunal Supremo de España investigará al fiscal general por un delito de revelación de secretos: ¿de qué se trata la polémica?

hace 1 mes 40
E

l Tribunal Supremo español (TS) ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

Conforme a los criterios de

La decisión está motivada por la difusión de información sobre el procedimiento judicial por un fraude a la hacienda pública cometido presuntamente por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, según un auto conocido este miércoles.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se mantiene desde hace años en interinidad.

El tribunal también se considera competente para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández.

Foto:Martín García. Archivo EL TIEMPO

El tribunal también se considera competente para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz, su superior jerárquico, datos para la elaboración de una nota de prensa con esa información.

El fiscal general anunció hoy que continuará en el cargo tras ser imputado, convencido de que la continuidad en el mismo "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía".

El empresario González Amador presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su caso. En concreto, sobre la oferta que hizo a la Fiscalía en la que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.

Es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía

Tras asumir García Ortiz su responsabilidad en esta cuestión, el TSJM envió la causa al Tribunal Supremo, que ahora acuerda la apertura de una investigación penal contra el fiscal general.

Según el auto citado, a la vista de la documentación judicial y de las denuncias presentadas, se desprende la imputación del fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid por la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

En esa nota se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación sobre la pareja de Díaz Ayuso.

Así, el TS deberá determinar si, desde su condición de autoridad o funcionario público, revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.

"Desmentir un bulo no es delito"

MADRID, 09/10/2024.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, este miércoles en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

MADRID, 09/10/2024.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, este miércoles en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Foto:EFE

El ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, respaldó al fiscal general y opinó que este asunto "quedará en nada" porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito.

El Supremo español también investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz, su superior jerárquico, datos para la elaboración y publicación del desmentido sobre la negociación con González Amador.

El empresario presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos miembros del Ministerio Público por la difusión de datos a medios sobre su caso.

En una nota informativa con membrete de la Fiscalía, se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación sobre González Amador.

Tras asumir García Ortiz la responsabilidad de difusión, el TSJM envió la causa al Tribunal Supremo, que deberá determinar si los fiscales revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.

La polémica ha acompañado varias decisiones de García Ortiz desde que asumiera la Fiscalía General española, en 2022.

La derecha le ha cuestionado por defender la aplicación total de la ley de amnistía a los líderes del proceso independentista catalán ilegal de 2017 y le ha acusado de actuar "a las órdenes" del Gobierno.

Leer Todo el Artículo