El riesgo de desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto, asegura la Misión de la ONU

La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país "es muy alto", tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación "de la maquinaria represiva" del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.

"Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales", dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión presentó este viernes ante el Consejo su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que ha podido documentar -como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual- son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.

Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición.

Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos "seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración".

Se identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates

A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se ha podido confirmar la muerte de 25 personas, que -con una excepción- fallecieron por disparos de arma de fuego, según el informe.

"La Misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas", indicó Valiñas.

La presidenta de la Misión indicó que se identificó "una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico" entre otros.

La jurista sostuvo que la comunidad internacional "enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia".

Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró "la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia".

Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la "verificación imparcial de los resultados electorales" y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.

María Corina Machado participa en la sesión del Consejo de Derechos Humanos

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, también intervino de forma telemática en la sesión que el Consejo de Derechos Humanos dedicó a Venezuela y en la cual la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para este país presentó su último informe.

En su intervención, Machado afirmó que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela porque fue forzado a ello, ya que sufrió "un terrible hostigamiento y amenazas a su vida", y recordó que todos los que tuvieron responsabilidad directa en la defensa del voto hoy están resguardados en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos".

Machado denunció la brutal represión emprendida por el Gobierno de Nicolás Madura con el fin de "apagar la protesta cívica" y que para ello "detuvieron a cientos de personas (2.200 según cifras de las propias autoridades), incluyendo niños a quienes acusaron de terrorismo".

La dirigente opositora pidió a la comunidad internacional que acompañe a los venezolanos para que "se respete la verdad y la soberanía popular" que quedó expresada en las elecciones presidenciales y que, afirmó, dio la victoria a González Urrutia.

También pidió que los países apoyen a los venezolanos que necesitan asilo o la emisión de salvoconductos.

Por otra parte, exhortó al Consejo de Derechos Humanos a que renueve un año más el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos que hace un seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela. 

La reacción del gobierno de Nicolás Maduro al informe de la ONU

En la sesión, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral ha sido generada "por la derecha fascista de Venezuela" que "empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas".

La persistencia de esta vergonzosa Misión es una muestra clara de la errática deriva a la que están llevando las instituciones del sistema de Naciones Unidas

"No fueron protestas pacíficas", señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de "grotesca burla escrita".

A través de un comunicado, compartido en Telegram por el canciller Yván Gil, el Gobierno también expresó que el documento de la Misión de la ONU fue redactado por una Misión "ilegítima, politizada e ideologizada" para "cumplir órdenes" de Washington y "aplicar" una "política estadounidense" contra Venezuela.

"La persistencia de esta vergonzosa Misión es una muestra clara de la errática deriva a la que están llevando las instituciones del sistema de Naciones Unidas, cada vez más extraviadas de sus funciones, convirtiéndolas en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos", expresó.

Además, explicó que Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su Alto Comisionado los "intentos de magnicidio" contra Maduro y "otros altos funcionarios", pero -prosigue el escrito- "lamentablemente" las personas que reciben las denuncias "parecen preocuparse más por conseguir los beneplácitos de Estados Unidos" para "ocupar los puestos en esta burocracia internacional".

El Gobierno manifestó que la Misión "pretende convertir a las víctimas del fascismo y la derecha extremista venezolana en victimarios", obviando "las acciones" de los 'comanditos' -grupos de organización política de la campaña de González Urrutia-, que -aseguró-, "asesinaron a 27 venezolanos y ocasionaron daños a instalaciones" públicas durante las protestas.

Nuevamente, los integrantes de la engañosa Misión presentan información sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela, por su parte, afirmó que los miembros de la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU para la nación caribeña presentaron información "sesgada", "incontrastable" y sin "detalles ni evidencias" que "permitan su revisión, en su último informe.

"Nuevamente, los integrantes de la engañosa Misión presentan información sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos, interpretada en base a sus prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión", indicó el MP en un comunicado publicado en Instagram.

La Fiscalía sostuvo que este reporte está diseñado para "alimentar los ataques contra Venezuela".

"En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones de derechos humanos, así como las condenas dictadas por el Poder Judicial contra muchos de ellos", añadió.