El polémico terreno de narcos en Jamundí, donde estafadores venden costosos lotes: ¿mafia de invasiones?

Un terreno de 152.000 metros cuadrados en zona rural del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, que tiempo atrás quedó bajo extinción de dominio relacionado con narcotráfico y que ha estado bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se volvió un área por la que estafadores les ofrecen lotes a ciudadanos en Jamundí para que levanten sus viviendas. 

Lotes por hasta $ 8 millones 

Los venden a unos 4, 6 o hasta 8 millones de pesos, cada uno, como una manera de fomentar invasiones o nuevos asentamientos ilegales en estas tierras. 

Es que en Jamundí no solo se trata del narcotráfico por parte de grupos armados, como los disidentes del frente 'Jaime Martínez' con fuerzas aliadas con carteles mexicanos. También hay una mafia que promueve la venta de terrenos para generar estas ocupaciones irregulares de tierras. 

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha venido haciendo la denuncia en el último mes, manifestando que los delincuentes aseguran a la gente, cuando se hacer la venta, que la SAE y la misma administración municipal dieron las autorizaciones, lo que por supuesto, es totalmente falso, insistió la mandataria local. Este polémico predio se llama San Isidro. 

Lo grave es que, según la alcaldesa, esta comercialización, viene de años atrás, insistiendo en que el terreno tiene cortes irregulares. 

El director Territorial de la Sociedad de Activos Especiales, Felipe Tascón visitó el predio ‘San Isidro’. Comprobó que es un terreno en Jamundí que durante los últimos años fue comercializado parcialmente a familias de Jamundí y de otros municipios del Valle del Cauca y del Cauca. 

Según el funcionario la venta carece de normas legales teniendo en cuenta que el terreno está en manos de la entidad después de ser incautado a través de extinción de dominio.

Ante las denuncias de esta fraudulenta actividad, el director Territorial de la Sociedad de Activos Especiales, Felipe Tascón, visitó el predio San Isidro. Según el funcionario, la venta carece de normas legales, teniendo en cuenta que el terreno está en manos de la entidad después de ser incautado, a través de extinción de dominio.

“Iniciamos cualquier trámite después de que la comunidad haga la denuncia contra los estafadores. Hemos concertado que el próximo miércoles vamos a prestar el transporte para que lleguen hasta unas oficinas de la fiscalía donde van a hacer esa denuncia” dijo Tascón.

Hasta ocho millones de pesos fue el valor que familias pagaron por adquirir un lote de no menos de 300 metros cuadrados. La venta fraudulenta fue hecha, al parecer por una Fundación la cual, con documentos falsos, ofertó el predio por varios meses hasta lograr la entrega total.

“Nosotros aquí hemos sido estafados, nos han venido lotes a 4 millones de pesos, uno a 8 millones de pesos, 6 millones. El área de aquí abajo ya la vendieron toda esta avaluada por 7, 6 millones de pesos. Nosotros necesitamos que nos den soluciones porque hemos sido estafados, nosotros hemos un proyecto, cultivos, hemos hecho una inversión grande”, denunció uno de los afectados.

Según la visita y cotejo de la información que tiene la SAE, hay otros tres predios que estarían siendo vendidos, de manera ilegal, a través de fundaciones y empresas fantasmas. Tanto la alcaldía de Jamundí como la Sociedad advierten a la comunidad que no se dejen engañar y busquen información oficial que indique el estado jurídico de los terrenos en venta.

La comitiva de verificación integrada además por las secretarias de Gobierno y Seguridad de Jamundí logró establecer que otros predios circunvecinos como ‘Loma Larga’ están siendo invadidos. Sus propietarios niegan querer venderlo, al tiempo que alertan sobre el daño ambiental y ecológico que está sufriendo debido a la masiva llegada de personas que insisten en comprar lotes para construir sin conocer que algunos de ellos son de particulares.

Este es el predio legal entregado por el Estado

En otro proceso realizado en el último mes, en abril, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregaron 8,3 hectáreas de tierra para beneficiar a 358 familias que integran el Consejo Comunitario San Isidro de Jamundí 

Según la ANT, durante diez años, después de haberse firmado la consulta previa para la construcción de la cárcel en Jamundí, la ubicación de la penitenciaría generó reclamos por el incumplimiento de la Ley 70 de 1993, así como tensiones entre las comunidades que lucharon sin descanso para exigir sus derechos territoriales, y las autoridades locales.

Por lo tanto, el consejo comunitario señaló que el proyecto de construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de Jamundí (COJAM) les provocó diversas afectaciones, e incluso reportaron incendios de viviendas y la destrucción de bienes, como ocurrió con algunos ranchos en Bocas del Palo y Guabal.

Luego de una década, llegó esta entrega de predios que “reafirma el trabajo y compromiso del Gobierno del presidente Petro con las comunidades étnicas para facilitar, mediar y garantizar los derechos al territorio y acceso a la tierra, es una oportunidad para celebrar los avances, la vida”. Así lo sostuvo Astolfo Aramburo, director de Asuntos Étnicos de la ANT.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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