Santa Marta se ha convertido en escenario de una guerra silenciosa pero letal entre grupos armados ilegales que luchan a sangre y fuego por el control del territorio.
La violencia, lejos de disminuir, sigue cobrándose vidas y cada vez amenaza más con arrastrar a la juventud samaria a un camino sin retorno.
En 2024, la ciudad registró 206 homicidios, lo que equivale a un promedio de 0,56 asesinatos por día, es decir, aproximadamente una muerte violenta cada dos días. Esta tendencia se mantiene en 2025, pues hasta la fecha ya han muerto 20 personas en hechos cometidos con arma de fuego.
La mayoría de las víctimas, hombres y mujeres con antecedentes penales, eran miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (Pachencas) o de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), principales actores de esta guerra urbana.
La policía ha aumentado su presencia en los barrios periféricos de la ciudad. Foto:Prensa Policía de Santa Marta
Reclutamiento de jóvenes: la nueva amenaza
Más allá del saldo mortal, otro fenómeno está encendiendo las alarmas: el reclutamiento de jóvenes y adolescentes por parte de estos grupos criminales.
Según el defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, cada vez son más los casos de padres y familiares que lamentan la pérdida de sus hijos en esta espiral de violencia.
"Las propuestas que reciben los jóvenes de estas organizaciones, a pesar de las consecuencias judiciales o incluso mortales, resultan atractivas. Muchos de ellos ni siquiera han terminado el bachillerato", explica Dimas.
El reclutamiento no es improvisado. Los menores son seducidos con promesas de dinero fácil y un 'estatus' dentro del barrio. Los sueldos varían según la edad y el rol que desempeñen dentro de la organización.
”Informantes o transportadores de drogas ganan poco menos de un salario mínimo y sicarios en formación pagos de hasta millón 600. Ambos casos reciben comisiones o incentivos por sus trabajos ejecutados”, dijo Lerber Dimas.
En Santa Marta se registra un homicidio cada dos días. Foto:Prensa Policía de Santa Marta
Dimas advierte que estos grupos tienen campamentos de entrenamiento en zonas rurales, donde los nuevos reclutas reciben formación en tácticas de combate, manejo de armas y estrategias de sicariato.
"El reclutamiento ha crecido, porque muchos miembros han caído en la disputa de territorio, así que necesitan más jóvenes para fortalecer sus operaciones en narcotráfico, microtráfico, extorsión y homicidios", añade el defensor de derechos humanos.
Barrios y zonas rurales en la mira del crimen
Las organizaciones criminales conocen con precisión dónde encontrar jóvenes vulnerables para reclutarlos.
De acuerdo con Dimas, los sectores con mayor incidencia de este fenómeno son: Ondas del Caribe, Chimila, Los Fundadores y barrios aledaños a la Vía Alterna. Igualmente El Yucal, Divino Niño y Ciudad Equidad. De la misma manera, las veredas ubicadas en las faldas de la Sierra Nevada y municipios como Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Fundación.
"Son barrios donde la pobreza es extrema. A las familias les cuesta evitar que sus hijos sean absorbidos por el crimen, porque el Estado no tiene una presencia fuerte con educación y empleo", dice un funcionario público que prefiere mantenerse en el anonimato.
Los habitantes de estas zonas lamentan cómo jóvenes que vieron crecer terminan muertos en ajustes de cuentas.
"Eran muchachos que conocíamos y queríamos. No sabemos en qué andaban, pero duele ver cómo terminan", dice una líder comunal de Ondas del Caribe.
'Los sicarios del futuro empiezan como campaneros'
El proceso de captación criminal inicia temprano. Según Dimas, los menores de 14 años ya están cumpliendo labores como campaneros, es decir, vigilan movimientos sospechosos en el barrio y reportan la entrada de extraños o posibles objetivos para la extorsión.
"Algunos nunca han tocado un arma, pero igual los asesinan y les dejan letreros con la palabra 'sapo', acusándolos de ser informantes del grupo rival", señala el defensor de derechos humanos.
Con el tiempo, estos adolescentes empiezan a conducir motos de alto cilindraje, sin que sus vecinos tengan claridad sobre sus actividades. Sin embargo, el destino de muchos es predecible: tarde o temprano terminan ejecutados en ajustes de cuentas.
Dimas advierte que los sicarios reciben bonos extra dependiendo del perfil de su víctima: “miembros de mandos bajos del grupo enemigo: entre $ 500.000 y $ 600.000 por asesinato. Objetivos de alto valor montos significativamente mayores”, anota.
¿Qué dice el gobierno local?
El alcalde Carlos Pinedo Cuello ha reconocido que la situación de seguridad en Santa Marta está en un punto crítico. Sin embargo, advierte que el problema no se puede erradicar de la noche a la mañana, sino que es un proceso que ya comenzó con la fuerza pública y funcionarios de seguridad.
"Este conflicto de autodefensas lleva años y nos toca enfrentarlo en un momento en que la ciudad la encontramos sin herramientas e infraestructura para combatirlo", dijo el mandatario.
Las comunidades sufren al ver a sus jóvenes asesinados en ajustes de cuentas. Foto:Prensa Alcaldía de Santa Marta
Para hacerle frente a la crisis, Pinedo Cuello anunció que su administración está trabajando en un plan de inversión en seguridad que incluirá: “Más cámaras de vigilancia; dotación de motocicletas para patrullaje y mayor presencia policial y operativos en puntos estratégicos”.
Adicionalmente, se vienen estructurando programas sociales para sacar a los jóvenes de las drogas y actividades irregulares e iniciar toda una reconversión social a través de la educación para que se formen y conviertan en ciudadanos de bien y con la capacidad de emprender o ingresar al campo laboral.
Precisamente, expertos consideran en que la represión a los grupos armados no es suficiente. Es urgente reforzar la educación y las oportunidades laborales para evitar que los jóvenes caigan en las redes criminales.
"La única manera de frenar el reclutamiento es asegurarnos de que los jóvenes tengan acceso a colegios, formación técnica y empleos dignos", concluyó un analista en temas de violencia y conflicto armado.
Mientras las balas siguen silenciando vidas en Santa Marta, las comunidades más afectadas esperan que las promesas de seguridad no se queden solo en discursos. En Santa Marta, la violencia ya no solo mata, sino que está construyendo el futuro de una nueva generación sumida en el crimen.
Le puede interesar:
Roger Urieles
Para EL TIEMPO Santa Marta
En X: @rogeruv