Los fenómenos de densidad poblacional y las dinámicas de inmigración, transversalizados por los índices de pobreza de Medellín dan sentido a una situación que se presenta hace décadas la capital de Antioquia y que ha favorecido que año tras año las laderas del Valle de Aburrá estén cada vez más ‘parchadas’ con viviendas construidas en contra de —casi— cualquier norma de la física, la ingeniería y el urbanismo.
En ese sentido, y con una concurrencia predominante en los territorios periféricos de Medellín y sus corregimientos, el fenómeno del loteo y la construcción ilegal continúa en constante y desmesurado crecimiento en la ciudad.
Poblando las laderas
Como se mencionó, se trata de un fenómeno que en Medellín ha estado en constante aumento por los procesos migratorios de los cuales la capital de Antioquia ha sido sujeto desde mediados del siglo XX, y que ahora, a raíz de las nuevas dinámicas de turismo en la ciudad ha hecho que se intensifique, favorecido por nuevos factores poblacionales y de vivienda.
Las barrios periféricos son los que registran mayor número de casos de loteo ilegal en la ciudad. Foto:Archivo EL TIEMPO.
Según la secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, en efecto, el borde urbano rural es donde más se presenta esta problemática a través de la cual siguen aumentando los cifras de población que reside en estos territorios cuyas características propias han hecho que la construcción en los mismos haya sido catalogada como ilegal.
En los primeros días de abril, la administración distrital anunció que funcionarios de Gestión Territorial habían realizado varias remociones, que son procesos en los que, tal como su nombre lo indica, se retiran las construcciones que han sido edificadas sobre porciones de terreno que tienen algún tipo de afectación de suelo, ya sea por condiciones ambientales, porque son zona de alto riesgo de deslizamiento, porque son predios del distrito de Medellín, o simplemente porque están tipificados en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad como zonas de no construcción.
Las remociones más recientes fueron realizadas en las periferias de Medellín, más particularmente, en dos de sus corregimientos adscritos: Altavista y San Antonio de Prado, con cinco y ocho procesos, respectivamente.
Posterior a esta labor, EL TIEMPO consultó a la secretaría de Gestión y Control Territorial, quienes entregaron un reporte consolidado de las remociones realizadas en las 16 comunas y los cinco regimientos de la ciudad entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2025.
Consolidado de remociones
De acuerdo a las cifras entregadas por esta cartera, la cifra total es de 515 procesos de remoción, en los que los territorios con mayores intervenciones son, precisamente, las zonas periféricas.
Puntualmente, la lista está liderada por el corregimiento de San Cristóbal, con 3.557 metros cuadrados recuperados tras las remociones, seguido por Altavista (1.727 m²), Villahermosa (1.501 m²), San Antonio de Prado (1.215m²) y Robledo (1.049 m²).
Sumando todos los procesos de remoción realizados en la ciudad y sus corregimientos, el distrito ha recuperado unos 13.542 metros cuadrados de terreno, según las cifras entregadas por esta dependencia.
A pesar de que, como se mencionó, usualmente estas dinámicas de ocupación de terrenos de manera ilegal responden a la necesidad de personas que buscan un espacio para vivir con sus familias en condiciones funcionales, este fenómeno que sigue en aumento esconde un oscuro negocio que representa rentas millonarias a diferentes grupos delincuenciales organizados de la ciudad, e incluso, a particulares que actúan como terratenientes sobre lotes que no les pertenecen, pero a los cuales logran tener acceso para gestionarlos.
Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, hasta ahora se han identificado 65 asentamientos irregulares donde el fenómeno del loteo ilegal se viene acrecentando desde 2019. Un crecimiento de la urbanización descontrolado que corre por cuenta de la criminalidad.
La administración ha identificado dichos terrenos por medio de sobrevuelos e imágenes georreferenciadas de estos puntos. A partir de estos insumos, se han intensificado los monitoreos de control para tomar medidas sobre los asentamientos irregulares que ponen en riesgo la vida de sus ocupantes y afectan el ordenamiento territorial.
De acuerdo a los datos de la secretaría de Seguridad, en 2025 han realizado 1.238 recorridos, entre aéreos y terrestres, para supervisar los asentamientos irregulares en toda la ciudad, con especial atención en el borde urbano rural, dado, tal como lo explicaron desde Gestión y Control Territorial, allí se registra un mayor número de invasiones.
Renta fija de estafas
El secretario Villa retomó lo mencionado sobre el papel de la criminalidad en este fenómeno, y explicó: “Las estructuras criminales en Medellín han entendido que lo que ellos hacen es un negocio que les debe dar suficientes rentas, y por eso se volvieron 'multi crimen' y controlan los territorios para tener dominio de las rentas que estos terrenos les representan”.
Manuel Villa ahondó en detalles: “Lo que hacen es invadir lotes públicos, por lo general. Se encargan de hacer quemas de bosques o intimidar a las personas, entran a los territorios, los lotean de manera ilegal y salen a vendérselos a personas en necesidad, como migrantes extranjeros y connacionales”.
Según el secretario de Seguridad de Medellín, las estructuras no solo venden el lote sino que obligan a las personas a que construyan sus viviendas con los materiales que ellos les proveen. Del mismo modo, coaccionan a los compradores para que contraten a los constructores que ellos —los grupos delincuenciales— disponen.
Incluso, según Villa Mejía, estas estructuras criminales terminan extorsionando a los compradores de los lotes con la excusa de proveerles seguridad y acceso a servicios públicos, que, generalmente no tienen cobertura en estas zonas de la ciudad.
En ese punto, según aseguró el Secretario, las estructuras incurrirían en amenazas que se derivan en desplazamiento intraurbano, lo cual les permite retomar el control de los lotes, ahora edificados, para venderlos nuevamente o arrendarlos, por lo que generan una renta fija de manera cíclica.
Los procesos de remoción toman un máximo de 48 horas por directriz normativa. Foto:Archivo EL TIEMPO.
Al respecto, EL TIEMPO consultó a una fuente enterada sobre las dinámicas criminales que se presentan en estos territorios de la ciudad, quien inició confirmando lo dicho por el secretario de Seguridad y reveló que estas viviendas tienen varios factores que las hacen atractivas para las personas necesitadas.
“Las bandas se adueñan del terreno y se lo ofrecen a la gente, les dicen vea, si construye con madera le vale tanto, si construye con plástico le vale tanto y si construye con ladrillo el precio es tal. La cuestión es que, las construcciones quedan listas en menos de 48 horas para que las personas y sus familias puedan mudarse lo más rápido posible”, explicó la fuente.
Del mismo modo, señaló que las personas que adquieren estas viviendas a través de la figura del loteo ilegal son conscientes de que es una actividad irregular y de cualquier manera lo hacen, precisamente, por la necesidad.
Por otro lado, desde la secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín le revelaron en exclusiva a EL TIEMPO que actualmente se tienen identificados cuatro macro casos de bandas que se aprovechan de la dinámica del loteo ilegal y la comercialización de terrenos en la ciudad.
En ese sentido, la secretaría de Gestión y Control Territorial, Seguridad y Convivencia y Policía Metropolitana crearon una mesa articulada con la Fiscalía para tomar acciones frontales que frenen las invasiones y construcciones sin licencias. En el marco de dicha reunión, se establecieron recompensas de hasta 20 millones de pesos para las personas que entreguen información sobre los individuos que estafan personas a través del loteo ilegal.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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