El norte del Cauca se desangra por atentados y en el oriente, 47 mil personas tienen restricciones para movilidad

Un reciente informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), advierte que, al menos, 47.000 personas que viven en Inzá y Páez, en el oriente del Cauca, enfrentan restricciones a la movilidad por las disputas entre grupos armados y otras acciones que demuestran su constante presencia.

A este panorama se suma el de graves ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en zonas de Santander de Quilichao en el norte del Cauca, como los más recientes, ocurridos en el casco urbano y en el corregimiento de Mondomo, el Miércoles y el Jueves Santo, es decir, el 16 y el 17 de abril pasados.

“Son 47.000 personas afrocolombianas, indígenas y campesinas de los municipios de Inzá y Páez que enfrentan restricciones de movilidad, que agravan la seguridad alimentaria, el desarrollo comunitario, la autonomía económica y limitan sus prácticas tradicionales. La presencia, control y disputa de los Grupos Armados no Estatales (NSAG por sus siglas en inglés) por el territorio, limitan el acceso a servicios básicos, afectando las condiciones de salud, seguridad y acceso a servicios de educación, afectando gravemente a niños, niñas y adolescentes, que presentan mayor riesgo de protección”, dice una parte del texto de Ocha, de la ONU.

“En Inzá y Páez, a pesar del alto número de casos reportados de reclutamiento, uso y utilización, persiste, el subregistro, asociado al bajo nivel de denuncia por parte de las familias y comunidades, la baja respuesta institucional en materia de rutas prevención y atención al reclutamiento, amenazas por parte de los NSAG (grupos armados no estatales) y los limitantes en la gestión de la información por falta de denuncia oficial de los casos”, se lee en el informe.

Ante esta situación, desde Naciones Unidas han pedido implementar medidas de prevención y respuesta frente al reclutamiento de menores, además, piden protección para las comunidades.

“Se requiere fortalecer la protección integral de las comunidades, implementando rutas que aborden las necesidades de seguridad y derechos de niños, niñas, adolescentes, lideres y lideresas sociales, así como promover el acceso a información y servicios sobre derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y prevención de la violencia”, agrega el informe de Ocha.

En Inzá y Páez

Entre el 26 de febrero y el 7 de marzo del presente año, se realizó una evaluación de prioridades comunitarias (EPC) para los municipios de Inzá y Páez, con la participación de Unicef y Ocha. La implementación de esta evaluación permitió recoger las prioridades humanitarias y las recomendaciones comunitarias a las acciones de respuesta humanitaria y atención institucional. Durante el diálogo se trabajó con grupos de dos a cinco personas aproximadamente, donde participaron mujeres y hombres tanto indígenas como campesinos.

“Entre los hallazgos más relevantes de la EPC, están las alertas que hacen las comunidades sobre el aumento del reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, la imposición de códigos de conducta, el cobro de extorsiones, las amenazas, los homicidios, los retenes ilegales por parte de distintos NSAG que hacen presencia en la zona y las acciones armadas (enfrentamientos y combates) que han generado desplazamientos forzados y confinamientos en los territorios. Sin embargo, persiste el subregistro debido a las deficiencias en las rutas de atención y las medidas de control social violento que ejercen los NSAG en los territorios”.

Más de 800.000 personas enfrentan crisis humanitaria

Otro reporte del Equipo Humanitario País (EHP) señala que el Cauca actualmente vive una grave crisis humanitaria. Más de 800.000 personas enfrentan restricciones severas de movilidad y acceso a servicios esenciales como educación, salud mental, salud sexual y alimentación debido al conflicto armado.

“Estamos preocupados por la grave crisis humanitaria y las violaciones constantes al Derecho Internacional Humanitario que vulneran la vida de miles de civiles”, informó el EHP en su comunicado, destacando ataques directos contra comunidades, víctimas de minas antipersonales y explosivos remanentes de guerra.

El conflicto también afecta de manera desproporcionada a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz se encuentran en especial peligro debido a amenazas constantes.

En 2024 se registraron 47 incidentes que afectaron el acceso humanitario y ataques directos contra misiones médicas, limitando significativamente la capacidad de las organizaciones para brindar asistencia.

MICHEL ROMOLEROUX

Especial para EL TIEMPO

Popayán

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