BRASILIA — Daniel Silveira, un policía convertido en congresista brasileño de extrema derecha, estaba furioso: creía que el Supremo Tribunal de Brasil estaba persiguiendo a los conservadores y silenciándolos en las redes sociales.
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Así que se sentó en su sofá y comenzó a grabar. “¿Cuántas veces los he imaginado recibiendo una golpiza en la calle?”, dijo en una diatriba de 19 minutos contra los magistrados del tribunal. Publicó el video en YouTube en febrero del 2021, agregando: “Diré lo que quiera aquí”.
Un juez del Supremo Tribunal rápidamente ordenó su arresto. Un año después, 10 de los 11 jueces del tribunal lo declararon culpable y sentenciaron a casi nueve años de prisión por amenazarlos.
Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil en ese entonces, indultó a Silveira, pero el Supremo Tribunal lo anuló. Hoy, Silveira permanece en prisión. No hay recurso de apelación más allá del Supremo Tribunal.
Durante los últimos 5 años, el Supremo Tribunal de Brasil ha ampliado su poder para llevar a cabo una amplia campaña para proteger a las instituciones brasileñas de ataques, muchos de ellos en línea.
Para la izquierda brasileña, la ofensiva ha ayudado a rescatar la democracia brasileña. Para la derecha, ha convertido al tribunal en una amenaza para la democracia misma. Ambos quizás tengan razón.
Poco después de que Bolsonaro asumió la Presidencia en el 2019, el Supremo Tribunal se otorgó a sí mismo la autoridad para abrir una investigación penal sobre los ataques contra la Corte. Lo llamó el Programa de Combate a la Desinformación.
Eso llevó a una serie de investigaciones dirigidas por un solo juez, Alexandre de Moraes, que apuntaron a operadores de extrema derecha que hicieron un llamado a un golpe militar después de que Bolsonaro perdió la Presidencia en el 2022.
El juez Moraes también ha asumido nuevos poderes para ordenar redadas contra personas que criticaron al tribunal en línea y obligar a las organizaciones de noticias a eliminar artículos. Ha hecho que las empresas tecnológicas silencien a cientos de personas en las redes sociales y bloqueó al X de Elon Musk cuando no acató.
La mayoría de los otros 10 jueces han respaldado formalmente sus decisiones. Ahora, dos años después de la zozobra de las últimas elecciones y cinco años desde que el tribunal se concedió los nuevos poderes, se muestra reacio a renunciar a ellos.
“Si no fuera por esta investigación, la democracia en Brasil se habría colapsado”, dijo el juez Dias Toffoli, de 56 años, quien creó el Programa de Combate a la Desinformación y asignó al juez Moraes para dirigirla.
La agresión del tribunal ahora está atrayendo atención mundial, con la ayuda de Musk.
El juez Moraes, de 55 años, ha ordenado a las redes sociales bloquear al menos 340 cuentas desde el 2020, eliminando cientos de miles de sus publicaciones, arroja un análisis de The New York Times.
Eso ha enfurecido a la derecha brasileña y, recientemente, a Musk. El multimillonario se negó a acatar las órdenes. Entonces, el juez Moraes bloqueó a X. Finalmente, Musk cedió y cumplió. El juez Moraes levantó entonces el bloqueo.
En una encuesta de Pew Research realizada este año, el 47 por ciento de los brasileños dijo que los tribunales eran una mala influencia para el País, mientras que el 45 por ciento dijo que eran una buena influencia.