El lío de los seguros de los carrotanques del escándalo de la UNGRD en La Guajira ¿Qué implicaciones tiene?

Al escándalo de corrupción por la compra de 40 carrotanques para La Guajira por 46.800 millones de pesos que hizo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que involucra a sus anteriores cabezas y funcionarios– Olmedo López y Sneyder Pinilla- se le suma el lío para poderlos asegurar.

La entidad, ahora en cabeza de Carlos Carillo, manifestó su preocupación por la falta de interés del sector asegurador en amparar a los servidores públicos y a los bienes.

A pesar de que la UNGRD ha abierto procesos en varias ocasiones para contratar las pólizas de responsabilidad civil para funcionarios y el seguro todo riesgo para los carrotanques, no ha podido finalizarlos.

Licitación desierta

Olmedo López, exdirector de la UNGRD.

Foto:Archivo particular

El pasado 28 de agosto la Unidad realizó la convocatoria pública para asegurar los 80 carrotanques (40 pequeños y 40 grandes) por 1.825 millones de pesos.

A pesar de que un proponente (MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A) presentó observaciones técnicas y solicitó prórroga de la fecha de cierre, el 19 de septiembre la UNGRD tuvo que cerrar el proceso de contratación porque no recibió ninguna oferta. Por lo que el 23 de septiembre fue declarada desierta la licitación.

“Yo tengo la obligación de mover esos carrotanques, de asegurarlos, y las aseguradoras no quieren hacerlo. No se presentan porque le temen al daño reputacional. Ni siquiera la aseguradora del Estado (Previsora) manifiesta interés. Ahora, tampoco hemos logrado asegurar a los funcionarios públicos de la entidad; las pólizas se vencieron y yo, por ejemplo, estoy aquí dando la cara contra un gran escándalo de corrupción, sin estar amparado”, aseguró Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Según la entidad la necesidad de este amparo obedece a que los funcionarios están expuestos a procesos disciplinarios, fiscales y penales por ser ordenadores del gasto, y hoy no cuentan con el respaldo del sector asegurador.

Lo que algunos oferentes señalan es que el presupuesto que plantea la UNGRD es insuficiente para el tipo de riesgo en el que se encuentra la entidad.

“Hemos venido reconstruyendo la confianza” 

EL TIEMPO se comunicó con el director de la UNGRD, Carlos Carillo, para preguntarle si van a volver a iniciar un proceso de contratación y saber qué está haciendo la entidad para reconstruir la confianza.

“Es nuestra obligación legal asegurar los bienes del Estado y vamos a abrir inmediatamente un nuevo proceso. Es un nuevo proceso, no es una licitación, se trata de un proceso de selección abreviada que ya tiene la orden la secretaria general de comenzarlo”, dijo Carillo.

Respecto a la falta de interés del sector asegurador en amparar a los funcionarios y los bienes de la entidad por la desconfianza que ha generado el escándalo de corrupción en esa entidad, el director de la UNGRD aseguró: “Desde el día uno que yo asumí la dirección de la UNGRD hemos venido reconstruyendo esa confianza cumpliendo la Constitución y la ley haciendo las cosas bien. El país ha visto cuales han sido los resultados como hemos podido mantener la misionalidad de la entidad andando a pesar del escándalo”.

Sobre las conversaciones con Fasecolda Carillo dijo: “Las puertas de mi oficina están abiertas de par en par para reunirme no solamente con el presidente de Fasecolda sino también con todos los presidentes y gerentes de las aseguradoras. Aquí nunca ha habido ningún veto de ningún tipo a ellos”.

¿Qué implicaciones tiene?

EL TIEMPO consultó con expertos para saber qué implicaciones tiene que todavía no se hayan asegurado los vehículos y sigan parados.

Las consecuencias según Ariel Lozano Gaitán, abogado especialista y Magister en derecho Administrativo, son graves: “Pero es un tema de gestión, porque el aseguramiento no es solo las que brindan las empresas sino hay otro tipo de aseguramiento o respaldo como por ejemplo cartas de respaldo”.

Por su parte, Mateo Coronado, abogado penalista, aseguró que los carrotanques no se podrán utilizar hasta que estén asegurados.

“La entidad quedaría desprovista de pólizas de manejo que cubran los perjuicios derivados de los actos deshonestos de sus funcionarios. Finalmente, los directivos de la UNGRD tendrían que asumir de su propio bolsillo los gastos de representación judicial con ocasión de procesos penales, disciplinarios o fiscales adelantados en su contra como consecuencia de hechos relacionados directamente con la entidad”, afirmó el penalista.

Este lío no ha permitido que los vehículos sean utilizados por lo que llevan meses parados. Este diario consultó con los expertos qué sucede si no se da uso de estos bienes del estado.

“Sino se usan los vehículos y se dañan por no uso, se configura un detrimento patrimonial del estado y hay responsabilidades disciplinarias por omisión o falta de gestión”, aseguró Lozano Gaitán.

Por su parte, Diego Duarte, politólogo especialista en Gestión Pública señaló: "Con los vehículos detenidos los más afectados son la población que iba a ser beneficiaria de su uso, en este caso la población del departamento de La Guajira. El tenerlos quietos también es algo negativo ya que se deterioran, se ha evidenciado que ya algunos vehículos sen encuentran con evidentes daños en sus llantas, vidrios y carrocería, lo que se traduce en un detrimento patrimonial, en donde además que hubo un sobrecosto en la compra de estos vehículos, ni siquiera se les está dando uso".

La falta de confianza a la UNGRD, por el escándalo de corrupción, es el principal factor por el que las empresas no están volviendo a contratar con la entidad.

El abogado penalista Mateo Coronado dijo: “Es importante que la UNGRD genere confianza en las aseguradoras. Deben implementarse manuales de cumplimiento que identifiquen, gestionen y mitiguen los riesgos a los que está expuesta la entidad”.

EL TIEMPO también consultó con experto qué otras salidas puede tener la UNGRD para asegurar los carrotanques y señalaron que es hacer un aseguramiento con títulos o cartas de respaldo.

Este diario le preguntó a Carillo si habían contemplado alguna de esas alternativas y dijo: "Se han considerado pero el concepto jurídico que tenemos es que no es posible. Debe ser una póliza de seguro que es eso lo que ordena la ley y no otro tipo de fianzas o de aseguramientos". 

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Periodista de Política