El laberinto sin salida del Catatumbo | Van 73 días de una guerra que no parece tener freno: ¿hay una solución?

Por más de dos meses, Maritza Bayona ha repetido el mismo recorrido: desde la casa de su hermana en el barrio Carora hasta el estadio General Santander en Cúcuta, donde se concentra la logística de ayudas humanitarias desde que se desató la crisis humanitaria en Catatumbo.

“Llegué a la ciudad en busca de ayuda tras soportar el horror de los disparos y las amenazas en mi vereda. Al principio nos negábamos a salir, pero con los días no hubo alternativa”, relata la mujer, al tiempo que señala que la atención que ha recibido del Estado “no es suficiente”. 

Bayona huyó de su vereda en El Tarra el pasado 22 de enero, justo dos días antes de que el gobierno declarara la conmoción interior en la región del Catatumbo, municipios del área metropolitana de Cúcuta y los del Río de Oro y González en el Cesar. 

Desde hace un mes, la mujer empezó a trabajar en los semáforos para ganarse la vida. Sus tres hijos la esperan en casa, dos de ellos menores de siete años. “No pienso volver pronto, no mientras la guerra continúe. Esperamos que las medidas anunciadas por el gobierno surtan algún efecto”. Ella hace parte de las más de 60 mil personas que han abandonado sus hogares, luego de que se desatara la crisis  en la región —la más grave de los últimos 20 años en Colombia— la cual arrancó el pasado 16 de enero tras los  enfrentamientos registrados entre el Frente nororiental del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y el Frente 33 las disidencias de las Farc. 

La violencia terminó afectando a la población civil. El éxodo forzado ha convertido a los albergues en refugios improvisados, pero también en escenarios de desesperación. Marli Acosta, lideresa social y directora de la Fundación Mujer Popular, conoce de cerca el drama de quienes han sido desplazados y de aquellos que retornaron. 

“Los grupos armados se apropiaron de las casas. Algunos familiares de combatientes han sido ubicados allí, mientras que otros inmuebles fueron convertidos en campamentos transitorios. Incluso, algunos campesinos habían sembrado coca y los guerrilleros rasparon el producido y se apropiaron de ellos”, relata.

El temor se extiende más allá del desplazamiento. Los líderes sociales, quienes han intentado mediar en la crisis, enfrentan amenazas y persecución. “No hay garantías para retornar. Los que se quedan en la ciudad no tienen recursos para sobrevivir, y si regresan, no hay seguridad”, afirma Acosta. La presión para volver es fuerte, pero el miedo a la violencia lo es aún más.

Los testimonios han develado un escenario de horror que es sustentado por las cifras de las autoridades, quienes en los últimos 73 días han reportado el confinamiento de 23 mil personas, 94 homicidios, la evacuación de 625 firmantes de paz y la recuperación de 27 menores de las garras de los grupos armados. 

El temor de las comunidades

La vereda Versalles, el kilómetro 25 y Guachimán son algunas de las veredas de la zona rural de Tibú más golpeadas por la violencia. En San Pablo y San Juancito, el Ejército ha desplegado operaciones, pero el Eln evita enfrentamientos prolongados y se moviliza constantemente. Mientras tanto, en los albergues, el tiempo se agota. La convivencia se vuelve insostenible, la salud mental se deteriora y el hambre acecha.

“El gobierno recoge listas, promete soluciones y se va. Nada cambia”, denuncia Acosta. En medio del caos, las víctimas siguen esperando. Algunas ansían regresar a casa; otras, simplemente, escapar. Pero en el Catatumbo, el destino de cada desplazado sigue en manos de la guerra.

Oner Galván, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Gabarra, en Tibú, describe con angustia el ambiente de zozobra en su comunidad. 

“Estos últimos meses han sido muy difíciles. Nos afecta a todos, humana y psicológicamente. Pagamos justos por pecadores”, dice.

A pesar del temor, Galván sigue trabajando para brindar soluciones a la gente, aunque sabe que esto podría costarle la vida. 

“He recibido amenazas por llamada y por WhatsApp. Me preocupa ser ajusticiado o desaparecer, como le ocurrió a mi amigo y líder Henry Pérez”, confiesa.

De hecho, Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, reveló esta semana detalles de una investigación testimonial que realizaron en el Catatumbo la cual documentó “de manera muy grave” violaciones cometidas tanto por el Frente 33, como por el Eln “en casos de homicidios, de secuestros, casos de reclutamiento forzado de menores, desapariciones, trabajo forzado y por supuesto, casos de confinamiento y desplazamiento forzado”.

¿Y la solución?

Como estrategia de contención de la crisis, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, lanzó la ‘Operación Catatumbo’ con la intención de estabilizar el territorio, salvar vidas y permitir la entrada de la oferta institucional del Estado. En ese orden, las acciones realizadas por 10.400 uniformados han permitido la incautación de 229 armas y de 1.235 artefactos explosivos, así como el decomiso de 1.483 kilos de cocaína y la destrucción de 84 laboratorios destruidos. Se destaca la realización de 33 combates contra las estructuras armadas y la neutralización de 6 atentados terroristas. 

En paralelo a la operación, el gobierno declaró la conmoción interior, lo que permitió la expedición de 21 decretos legislativos para atender a la región no solo en materia de orden público, sino también en materia de protección, lineamientos económicos y jurídicos. Sin embargo, fuentes de la fuerza pública, así como líderes comunitarios y expertos en conflicto, aseguran que los efectos reales de la medida “no han sido contundentes”.

Gerson Arias, miembro del grupo de investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostiene que si bien la reorientación de los recursos financieros y capacidades institucionales no es inmediata, la presencia nacional no se siente en esta región, a excepción de la atención prestada desde el Ministerio de Defensa y la fuerza pública. 

“Hay que destacar el esfuerzo del gobierno nacional y autoridades locales para atender los primeros días críticos, en donde también aportaron los organismos humanitarios y el sector privado. Sin embargo, se instaló una mesa intersectorial cuya lógica parece ser que las iniciativas de inversión se deciden desde Bogotá, lo cual es contradictorio con el discurso del gobierno”, dijo el experto.

Además, señala que más que tener un tablero de control, lo que se necesita “es una presencia permanente de los ministerios en la región”, que puedan identificar con alcaldes y comunidades qué tipo de iniciativas ayudan a estabilizar la región y a reducir la violencia.

A las apreciaciones de Arias, se suman las de Henry Cancelado, experto en temas de seguridad, quien señala que los desplazamientos en la región se mantienen debido a que la violencia se sigue registrando en el Catatumbo.

“Es la fuerza pública la que está enfrentando el problema, el resto del Estado parece no articularse y este es un problema bastante estructural que necesita de todas las capacidades y recursos del Estado”, dijo. 

Lo anterior se refleja en Cúcuta, donde cientos de desplazados buscan refugio. Leandro Ugarte, secretario de Víctimas de la ciudad, se enfrenta a un reto monumental. “Las personas necesitan salud, educación, acompañamiento psicosocial y garantías de derechos, pero la Alcaldía no tiene la capacidad de hacerlo sola”, afirma.

Actualmente, la administración municipal ha habilitado tres albergues, con un cuarto en camino. “Por ahora, al menos 500 personas están recibiendo atención integral, pero los recursos son limitados. No es sostenible tener personas en hoteles, por lo que estamos trasladándolas a albergues con condiciones humanitarias”, explica Ugarte, a la que se suma una situación más compleja: las toneladas de donaciones de gremios locales y del sector privado dejaron de llegar.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en Norte de Santander, advierte que ni siquiera los funcionarios están a salvo. “Las personas en los albergues siguen sintiéndose amenazadas por los grupos en confrontación, pero ahora también los funcionarios estamos recibiendo amenazas. Alcaldes, personeros, secretarios de gobierno y seguridad. Todos estamos en la mira”, afirma.

La estrategia macabra de las disidencias

Los combates, según fuentes de la fuerza pública, permitieron el repliegue tanto del Eln como de las disidencias en la región, pero desde hace dos semanas, de acuerdo con informes de inteligencia militar,  las disidencias del Frente 33 han venido incrementando la guerra en la región y han comenzado “un proceso de reacomodo” y fortalecimiento, reincorporando a muchos de sus integrantes que se habían salido.

“Han estado recibiendo el apoyo logístico y armamento del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de ‘Calarcá’”, reveló una fuente de inteligencia. De hecho, en las últimas confrontaciones han hecho uso de drones con explosivos, rampas con explosivos y francotiradores.

“El Eln se ha visto débil; incluso, se quedó sin armamento y sin municiones. Se puede decir que han ido ganando las confrontaciones. Mientras que las disidencias han llegado casa por casa a sacar a los miembros del Eln que se están escondiendo en las viviendas de los pobladores de la zona”, dijo uno de los investigadores. 

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y defensor de derechos humanos, alerta sobre la contraofensiva de la disidencia de las Farc en la región. “Las detenciones ilegales, asesinatos y enfrentamientos han recrudecido el desplazamiento. Pero la gente ya no quiere volver a vivir lo que ocurrió en enero. Prefieren confinarse o buscar refugio en lugares cercanos”, explica. Según los cálculos que maneja la Fundación, el 40 o 50 por ciento de los desplazados han retornado, pero no porque haya garantías, sino por desesperación.

Los informes de inteligencia revelan que las disidencias han contado con el respaldo de las disidencias en Arauca, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, quien, a pesar de ser contradictor del Frente 33 (por ser del ala de Calarcá), fue precisamente el que envió a ‘Richard’ al Catatumbo. “Este grupo también ha recibido apoyo de unidades en el sur de Bolívar y el sur del Cesar”, dice uno de los documentos.

Recursos y articulación

EL TIEMPO conoció un análisis que publicará próximamente la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en la que expone que la unificación del esfuerzo militar y policial en la región, con el nombramiento de un comandante militar, “es un paso acertado para diseñar y ejecutar un plan sólido frente a la disputa entre el Eln y las disidencias”. 

Sin embargo, considera la Fundación, que “su efectividad dependerá de los recursos disponibles y sobre todo de la articulación con la rama judicial y la Fiscalía para dar respuestas oportunas a los habitantes del Catatumbo”.

Por otro lado, considera que la seguridad resulta un factor fundamental para facilitar el retorno de los desplazados, además de poner fin a los confinamientos y generar condiciones más favorables para el trabajo de las demás entidades del Estado. 

“Resulta clave complementar estos esfuerzos con soluciones rápidas y efectivas en aspectos como la sustitución de cultivos ilícitos, la reactivación económica, la mejora de la infraestructura vial, la prevención del reclutamiento de menores y un control fronterizo más eficiente. De manera especial y urgente, es imprescindible fortalecer la protección de los firmantes de paz y sus familias, así como agilizar su acceso a la tierra”, señala el informe.

Los expertos consultados advierten que si el problema se sigue viendo desde Bogotá y no se alcanza a dimensionar lo que ocurre en las regiones, se está a poco tiempo de que Cauca y Putumayo se conviertan en otro Catatumbo.

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