Durante el sexto debate del proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 en el Senado, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció en favor de una mayor descentralización de los recursos, sugiriendo que las transferencias a las regiones aumenten al 46 %.
Conforme a los criterios de
Verano, acompañado por una veintena de gobernadores, respaldó esta modificación del Sistema General de Participación (SGP) que actualmente busca elevar los fondos regionales del 21 % al 39,5 %, porcentaje que él considera insuficiente para garantizar la autonomía territorial.
Verano, presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, argumentó que este ajuste es esencial para avanzar en la descentralización y reducir la dependencia de los territorios respecto al Estado central, que actualmente retiene el 78 % de los recursos.
“Somos de los países con un reparto más desigual de los recursos. En otras naciones desarrolladas, el 50 % lo gestiona la Nación y el otro 50 % las regiones. Aquí, en cambio, estamos en un 78-22, lo que hace casi imposible un desarrollo territorial adecuado”, afirmó.
La reforma, impulsada por el partido En Marcha y apoyada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y Asocapitales, plantea modificar los artículos 336 y 357 de la Constitución para fortalecer la autonomía de los departamentos y municipios. Para Verano, incrementar las transferencias al 46 % sería alinearse con el espíritu descentralizador de la Constitución de 1991, asegurando que los recursos lleguen directamente a las regiones.
Con la propuesta actual de elevar el SGP solo al 39,5 %, el gobernador sostuvo que la centralización continúa siendo una barrera para la eficiencia local. “No solo no se ha avanzado en descentralización, sino que, por el contrario, la centralización crece, haciendo que el gobierno central absorba funciones y se torne más ineficiente”, criticó.
La votación final sobre esta propuesta de reforma está prevista para las próximas semanas, con el apoyo de gobernadores que subrayan la necesidad de una estructura de asignación de recursos más equitativa y eficiente para el desarrollo de los territorios.