El escándalo de David Racero y los continuos usos irregulares de las UTL que desnuda la polémica

El escándalo en el que se vinculó al representante David Racero por un posible cobro de recursos a los miembros de su unidad de trabajo legislativo (UTL) volvió a desnudar un tema del que poco se habla en el Congreso: el uso indebido de dichos equipos de trabajo por parte de los congresistas.

Más allá del caso Racero, del que no hay certeza de algún comportamiento irregular más allá de las pruebas presentadas por el periodista Daniel Coronell en sus columnas escritas y radiofónicas, son varios los episodios de congresistas señalados y algunos hasta condenados por uso irregular de sus UTL.

Como dice la profesora, Floralba Padrón, del observatorio de agenda legislativa y asuntos electorales de la Universidad Externado, “no es un tema nuevo. Siempre ha habido un uso equivocado, se usan para todo menos para lo que es”. Es un extenso listado de casos a través de los años, en el que Incluso, hay figuras del Pacto Histórico.

Antes de Racero, la polémica más reciente por la coalición de izquierda fue el de César Pachón, el exsenador que espera su nombramiento como director de la Agencia de Desarrollo Rural. Este es investigado por supuestamente contratar a un colaborador en su UTL sin experiencia para pagar una deuda.

Según el dossier que lleva la Corte Suprema de Justicia, Pachón habría ofrecido al denunciante trabajar en su UTL para que pudiera suplir esa deuda con el sueldo, sin embargo cuando empezó a recibir los salarios “no pudo disponer de aquellos dineros con el objetivo inicialmente propuesto, dado que una vez recibidos el investigado le ordenaba que los entregara o consignara a terceras personas para cubrir gastos propios del congresista”.

También se ha puesto la lupa sobre posibles comportamientos irregulares del representante Sergio Marín, de Comunes. Una investigación periodística de Blu Radio aseveró que este le cobraría parte de sus sueldos a los miembros de su UTL.

Están otros casos como el de la representante Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, que ha sido cuestionada por llevar a personas a su UTL por cercanía y no por experiencia. Asimismo, tiene investigaciones disciplinarias por maltrato a sus trabajadores.

Pero estas conductas no son propias de la coalición de izquierda, los escándalos de irregularidades en las UTL y su uso contrario a lo dispuesto por la ley es reiterativo en todos los partidos. Hace tan solo una semana, la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Carlos Roberto Ferro por supuestamente exigirle parte de su salario a uno de sus trabajadores.

Asimismo, entre el largo listado está la exrepresentante Argenis Velásquez, que fue condenada a 10 años de prisión por exigirle la mitad de sus salarios a los miembros de su UTL. Esta condena apenas se emitió en octubre del año pasado.

Uno de los nombres más sonados por incurrir en estas prácticas es el de Regina 11. Esta tuvo un actuar similar a los anteriores, pues les exigía a sus trabajadores que aportaran al movimiento político y religioso que esta tenía. Por dicha conducta se le declaró la muerte política y una condena de cuatro años por estos hechos.

El listado es bastante extenso de condenas e investigaciones en ese sentido, demostrando que en Colombia debe ponerse más atención al tema de las UTL. Pues, no es solo el tema de cobros irregulares, sino que varias veces se ponen en dichos cargos personas que no saben de los temas o que incluso no desarrollan ninguna actividad pero se hace como contraprestación por favores anteriores, lo que se denomina una ‘corbata.’

Frente a esta situación, el analista Gonzalo Araujo, de la firma Orza, es preciso al decir: “Es una lástima que en Colombia, en términos generales, sean pocos los congresistas que tienen unas UTL fuertes, técnicas y de apoyo a su labor legislativa, y son pocos, pues la gran mayoría consideran que al tener un número determinado de salarios que pueden gestionar, buscan compensar y pagar favores a través de corbatas a esas personas que contratan para que cumplan múltiples tareas”.

Floralba Padrón también cuestionó el panorama, pues señaló que las UTL son “para que los congresistas tengan un excelente equipo para desarrollar sus proyectos, pero en realidad lo usan para darle cargos a algunas personas que no hacen asesoría legislativa o control político”. Incluso, esta advirtió que hay buenos trabajadores en algunas UTL, pero en otras se encuentran casos en los que sus trabajadores ni siquiera están en Bogotá

Tanto Araujo como Padrón apuntaron a que la solución a la crisis se da con establecer criterios meritocráticos. En ese sentido, la académica subrayó que debe evitarse que las designaciones sean “tan a discreción de los congresistas”.

Gonzalo Araujo fue más allá y apuntó a que se necesita una profesionalización de las UTL como ocurre en Estados Unidos y Europa. Luego retomó la tesis de que este tema no debe ser discrecional de los legisladores. “Habría que quitarles a los congresistas la potestad de nombrar funcionarios de libre nombramiento y remoción y construir un equipo de ‘staffers’ que trabajen desde lo técnico, legal y económico para tratar de evitar problemas como los que enlodan al expresidente de la cámara”, concluyó.