El debate de transparencia que abrió la carta de Leyva: privacidad vs. claridad sobre la salud del presidente Petro

La carta del excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro, en la que habló de un supuesto consumo problemático de drogas, no tiene antecedentes en la historia política colombiana. Un exministro acaba de romper el secreto propio del día a día de los gobiernos para cuestionar las capacidades físicas y psicológicas de su exjefe que habrían afectado directamente sus labores.

El hombre que fue uno de los más fieles alfiles de Gustavo Petro hasta hace apenas unos meses lanza ahora dos cargas de profundidad contra el Gobierno del que formó parte por más de dos años. Por un lado, la supuesta drogadicción de Petro; por el otro, que esa presunta condición y otras situaciones habrían hecho del presidente Gustavo Petro una suerte de “secuestrado” de Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa, con quienes siempre tuvo choque cuando estuvo en el Gobierno.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, escribió Leyva, haciendo referencia a la visita de Estado que se hizo entre el 21 y 24 de junio. En ese viaje, el presidente Petro no apareció a la hora programada para el regreso a Colombia, lo que obligó a toda la comitiva a esperarlo por horas. Lo que sugiere Leyva es que la inteligencia francesa estableció el paradero de Petro y procedió a informarle. “Momento embarazoso para mí como persona y su canciller”, añadió.

El presidente Petro, que por meses había guardado silencio ante los pronunciamientos cada vez más duros de Leyva, decidió pasar esta semana al ataque. Sin negar ni confirmar el señalamiento de fondo, el supuesto problema con el consumo de drogas, calificó a su excanciller como “víbora” y sugirió que las horas perdidas en París las usó visitando a su familia y en parques y museos.

La de Leyva no es la primera versión en ese sentido. En uno de los chats conocidos por el país, el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti –quien públicamente ha admitido que tiene problemas con la droga–, sugirió que Petro también consumía cocaína. Tantos han sido los rumores que la periodista María Jimena Duzán lo invitó a develar si tenía “un problema de adicción”. A lo que el mandatario respondió: “Soy adicto al café”.

Las constantes llegadas tarde o incumplimientos de citas públicas de Petro y hasta la redacción y el contenido de sus trinos, como el de la madrugada del 26 de enero pasado, que puso en vilo las relaciones con Estados Unidos, también les han dado arsenal a quienes ponen en duda las plenas condiciones del jefe de Estado.

Pero lo cierto es que hasta ahora nadie del sanedrín de Petro había hablado públicamente de ese tema. Leyva no solo radicó su carta en la Casa de Nariño, sino que la reveló en un trino y le metió aún más fuego a la convulsionada discusión política en el país. Y, además, revivió un debate que es central en todas las democracias, pero que en Colombia nunca se ha profundizado: la difusa frontera entre el derecho a la intimidad de una persona y el derecho del país a conocer la salud y las facultades de quien está ocupando las máximas responsabilidades del Estado. Todo esto, además, cuando Palacio ni confirma ni desmiente que el presidente Petro se practicó una nueva cirugía. 

La oposición ya está capitalizando el nuevo episodio de ‘fuego amigo’ en el gobierno Petro. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, radicó una proposición para exigirle al mandatario un examen toxicológico y otro psiquiátrico que den fe de su estado de salud para continuar llevando las riendas del país. “La proposición se presenta como parte del debate general sobre la responsabilidad, la salud mental y física, y la idoneidad del Presidente de la República para continuar ejerciendo el mandato constitucional”, dice la congresista, que es además precandidata.

Wilson Ruiz, exministro de Justicia de Iván Duque, se remitió directamente a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural del Presidente. Pidió una investigación para determinar “si está tomando decisiones en un estado alterado de conciencia”. A consideración de Ruiz, “esto es una falta gravísima en el ejercicio del poder, e investigarlo es una urgencia nacional”.

A diferencia de países como Estados Unidos, donde la salud del Presidente es tratada como un asunto de interés nacional y el jefe de Estado reporta cualquier novedad –ocurrió con el expresidente Joe Biden y los problemas de salud que finalmente lo obligaron a dejar la campaña por la reelección–, en Colombia históricamente ha existido un fuerte hermetismo sobre la vida personal y la salud de quienes ocupan la Presidencia. Y, más allá de las disposiciones constitucionales y legales sobre las ausencias del presidente y quien asume temporalmente sus funciones, no hay en el ordenamiento jurídico ninguna norma que obligue formalmente a un mandatario a someterse a los exámenes y a informar a la opinión de su resultado.

“La Constitución, a partir del artículo 188, regula la figura del Presidente de la República. El artículo 191 establece que los requisitos para acceder al cargo son ser colombiano por nacimiento, mayor de 30 años y ciudadano en ejercicio. No existe ninguna disposición constitucional ni legal que obligue al Presidente a someterse a exámenes o procedimientos médicos. Cuando en 1991 el constituyente diseñó los requisitos para ejercer y mantener el cargo, nunca se contempló esta situación”, dice el exfiscal Francisco Barbosa.

El abogado Santiago Trespalacios complementa: “La única forma de lograr que un Presidente esté obligado a someterse a pruebas médicas o toxicológicas es expedir una ley, y probablemente no pasaría el control constitucional, pues observo una injerencia inadecuada en la intimidad del Presidente”.

Gonzalo Araújo, de la firma analista Orza, considera que, sin embargo, “lo que Leyva presenta debería de oficio ser suficiente para que la Comisión de Acusación inicie una investigación al Presidente”. De acuerdo con el experto, “el Congreso y el país político no pueden dejar esto en una camorra pública ni en meras insinuaciones”.

Para algunos sectores, la fórmula que se podría utilizar está consignada en el artículo 194 de la Constitución. En este se establece que una de las faltas absolutas del Presidente es la incapacidad física y una de sus faltas temporales es la enfermedad. Ambas situaciones deben ser certificadas por el Senado. En este caso, señalan, el consumo problemático de drogas del que habla el excanciller podría encajar en las exigencias legales. El artículo 326 de la Ley 5.ª de 1992, establece que “los informes médicos y el cuadro sintomático certificado autorizan al Senado para declarar en estado de incapacidad física permanente al Presidente de la República. Oficializada tal declaración, se informará al vicepresidente de la República en los términos del artículo 321 anterior”.

¿Avanzaría el Congreso en una incierta vía legal que, además, seguramente sería utilizada por el Ejecutivo para revivir la narrativa del ‘golpe blando’ a un año escaso de que termine el mandato? Es una pregunta que los analistas consideran central y que, dadas las condiciones tan polarizadas de la política colombiana, la mayoría responde con dos palabras: “Altamente improbable”.

¿La privacidad es total?

El tema pasa por el debate entre el derecho a la privacidad del primer mandatario y el interés de la ciudadanía, que debería tener información básica sobre sus gobernantes. No es una discusión menor

Como indicó el abogado Trespalacios, la situación pasa por el derecho a la privacidad de quien es presidente, más allá de si es Gustavo Petro o cualquier otro. En este punto concuerda el profesor y analista Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, que apuntó que, “apartando el caso concreto, se debe dar un debate sobre hasta dónde llega el derecho a la intimidad de un primer mandatario”.

Añade que parte de la discusión que debe darse es la reglamentación de temas como los exámenes, pero también la del “juicio de indignidad, que está consagrado en la Constitución, pero no ha tenido ningún desarrollo”. Precisamente, el tema del posible consumo problemático ha puesto este asunto sobre la mesa. Por eso, Cuervo señaló: “Hay que determinar cuáles conductas privadas terminan afectando las funciones. Es muy difícil establecer ese alcance”.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, fue partidario de mayor transparencia en la salud del primer mandatario. Sin entrar propiamente por una ley que obligue al mandatario a hacerse exámenes, señaló: “En una democracia debe privilegiarse el control ciudadano sobre los actos de gobierno. Eso incluye que los ciudadanos tengan información plena y completa del estado de salud mental y físico de los dignatarios”. Herrera dice que esta transparencia es fundamental para garantizar que no haya vacíos de poder y para garantizar la continuidad en la función pública.

Los expertos dicen que una vía sería replicar el modelo estadounidense, donde los presidentes, de forma voluntaria y por tradición, se realizan un examen anual y revelan sus resultados, enviando así un mensaje de transparencia.

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JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política