El balance tras 21 meses de diálogo sociojurídico entre el Gobierno, ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ en Buenaventura

Allí, insistieron en que los objetivos siguen siendo los mismos que cuando se inició el proceso: el desmonte de las estructuras armadas, la transformación del territorio y la consolidación de la paz. Indicaron que uno de los resultados es la reducción del homicidio en un 41 por ciento (según Buenaventura Cómo Vamos, fue del 44,1 %), y que esto habría repercutido en el crecimiento del turismo.

“Como este, el ‘Gran Acuerdo por la Paz de Buenaventura’ ha permitido gestionar y articular esfuerzos descentralizando el diálogo para la materialización de acciones por la paz, como la reapertura de la Galería de Matías Mulumba y el desarrollo económico libre de extorsión; encuentros deportivos y culturales, y el aporte de organizaciones como la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, que han sido aliados clave en el fortalecimiento de procesos organizativos comunitarios para las economías legales”, indicó la delegación del Gobierno en un pronunciamiento.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos regional y local, entes de control, la Iglesia católica y la comunidad internacional.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buenaventura, destacó que se siga priorizando el camino del diálogo. “El paso más difícil y complejo era que estas bandas aceptaran sentarse a dialogar con el Estado. Ahora, hay que entender que todo es un proceso y este es particularmente complejo”, afirmó.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, manifestó que “debería prestarse más importancia a estos procesos”, mientras que Fabio Cardozo, vocero del Gobierno en este espacio, afirmó que es necesario que las estructuras armadas demuestren con hechos su voluntad de desescalar las violencias.

“Somos conscientes de que la tregua entre las estructuras ha sido muy importante para la reducción de homicidios, pero les hemos dicho a los voceros de las estructuras que esa tregua tiene que renovarse, reinventarse, tomar en cuenta la verdadera realidad”, dijo.

Cabe mencionar que el pasado 8 de abril, en diálogo con W Radio, uno de los voceros de ‘Los Shottas’ afirmó que uno de los pedidos al Gobierno es que la gobernadora Dilian Francisca sea garante del proceso, a lo que la mandataria departamental respondió en El Espectador que aceptaría si las estructuras armadas que operan en el puerto se desmovilizan y abandonan el narcotráfico y la extorsión.

Las barreras para alcanzar la paz

El espacio de conversación sociojurídico en Buenaventura –como el Gobierno denominó los procesos con grupos sin estatus político– con ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’ fue instalado por Danilo Rueda, excomisionado de paz, el 18 de julio de 2023, con la presencia de la Iglesia, la Misión de Verificación de la ONU y el representante Alejandro Ocampo como principal delegado del Gobierno.

Para entonces, la tregua entre las dos bandas que dominaban la extorsión, el microtráfico y la delincuencia en el puerto de Buenaventura cumplía nueve meses. Según datos del Grupo de Información de Criminalidad (GICRI) de la Policía Nacional, citados por un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en ese período se evidenció una reducción del 32 % en los homicidios en Buenaventura, al comparar los 579 días previos a la tregua con los 579 días posteriores. Sin embargo, otros delitos registraron un aumento significativo.

Según cifras de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, el proceso involucra a 1.700 integrantes de ambas bandas. ‘Los Espartanos’, la estructura más grande, con cerca de 900 hombres armados –en su mayoría jóvenes entre 17 y 25 años– es liderada por Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya. ‘Los Shottas’, por su parte, son dirigidos por Diego Fernando Bustamante, alias Diego Optra, y Eloy Alberto Candelo, alias Pepo.

Desde la instalación de la mesa hasta la actualidad, los avances en el proceso han sido escasos, al punto de que hoy no existe una agenda definida. Uno de los principales interrogantes sobre este proceso –como ocurre con los de Medellín y Quibdó– es la falta de una oferta jurídica para los miembros de estas agrupaciones armadas. La preocupación de diversas organizaciones sociales y sectores políticos radica en la decisión de la Corte Constitucional, que, a través de la sentencia C-525 de 2023, estableció límites a la política de ‘paz total’.

Uno de estos límites fue la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que el Gobierno tuviera la potestad exclusiva de definir los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. La Corte advirtió que las reglas de juego deben ser establecidas por el Congreso mediante una ley de sometimiento, la cual, más de dos años después de la llegada de Gustavo Petro al poder, ni siquiera ha sido radicada.

Debido a esto, los esfuerzos de los delegados del Gobierno en estos espacios se han centrado en establecer treguas para reducir los homicidios y en alcanzar compromisos con la sociedad civil, sin concretar acuerdos efectivos que permitan reducir la criminalidad.

De hecho, según un informe de la Fundación Conflict Responses (CORE) y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), desde la implementación de la política de paz total, las bandas han afianzado su control sobre los barrios en los que operan. Además, han desarrollado al menos cuatro estrategias para mantener su influencia en las comunidades, siendo el uso de la violencia como método de control y la extorsión a comerciantes las más visibles.

A esto se suma lo que el informe denomina la “administración de la justicia”, es decir, una estrategia mediante la cual las bandas actúan como árbitros y sancionadores en disputas entre vecinos. Un testimonio recogido en la investigación ilustra esta práctica: “Si alguien me debe un millón de pesos, y me canso de pedirle a la persona que me pague, tenemos un problema. Les digo a ellos (la banda), ellos saben que es un millón, se quedan con (400.000) y me devuelven los (600.000). Entonces, ellos van con las armas y (dicen), ‘Vengo por el millón, tienes hasta las 12’”.

El proceso también ha estado marcado por disputas dentro de la propia delegación del Gobierno. En julio de 2023, luego de que el representante Alejandro Ocampo presentara un informe sobre las dificultades metodológicas y de recursos que enfrentaba el proceso, el comisionado Otty Patiño lo relevó del cargo y nombró a Fabio Cardozo como vocero.

“El comisionado prefirió evitar y acabar con toda la delegación en vez de solucionar los problemas que tiene el proceso de paz urbana de Buenaventura. (...) Creo que la paz en manos del comisionado Patiño está en peligro. Es decir, no estoy seguro de que las metodologías con las que él ha llevado los procesos sean las indicadas”, dijo el congresista del Pacto una vez se confirmó su salida.

Los primeros meses de 2025 estuvieron marcados por un recrudecimiento de la violencia y el fin definitivo de la tregua el pasado 1.º de febrero. Más de un mes después, ambas estructuras se comprometieron a no reclutar ni emplear a menores en actividades delictivas o cualquier acción vinculada al conflicto en el puerto. El anuncio se hizo en un evento simbólico en el que no hubo presencia de los voceros de las bandas y solo se conoció un documento firmado por las partes. Tampoco se estableció si habrá un mecanismo de verificación para garantizar el cumplimiento de este compromiso.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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