El abecé de la hoja de ruta firmada por el Gobierno y las bandas de Medellín en proceso de 'paz urbana'

Luego de meses sin información sobre el proceso de ‘paz urbana’ de Medellín y el Valle de Aburrá, la semana pasada voceros del Gobierno y de las estructuras armadas presentaron la hoja de ruta para la participación de la sociedad en lo que el Ejecutivo denomina espacio de conversación socio-jurídico. El documento plantea la creación de tres figuras o escenarios para que diversos grupos poblaciones y sectores puedan aportar en la construcción de la paz en la región.

El propósito, según el documento firmado el pasado 17 de octubre, es construir de manera colectiva una agenda social y la ruta para su implementación. Además, las partes proponen priorizar barrios y ejecutar allí estrategias integrales que contribuyan con el desescalamiento de las violencias.

¿Quiénes participarán?

La hoja de ruta indica que la participación en el proceso debe ser “activa, plural, propositiva, incluyente, deliberativa, democrática, vinculante y eficaz”, términos que coinciden con los utilizados en otros procesos de negociación -como en el acuerdo de participación con el Eln- en los que se busca poner en el centro a la sociedad.

Este modelo de participación se basará en cuatro principios: confianza, respeto, reconocimiento y autonomía. En términos de representación, se buscan que haya representantes de sindicatos, movimiento estudiantil, poblaciones en riesgo de reclutamiento e instrumentalización, academia, gremios económicos y organizaciones del sector privado, sector cooperativo, población afro e indígena, juventudes, migrantes, población privada de la libertad, mesas, redes y plataformas de derechos humanos, movimiento cultural, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, ambientalistas, iglesias y comunidades basadas en la fe y Consejos Municipales de Paz, entre otros.

“Se promoverá una participación amplia y diversa de los diferentes sectores, poblaciones y organizaciones de los territorios urbanos y rurales de Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá en el proceso de ‘paz urbana’. Se considera prioritaria la participación de víctimas del conflicto armado (principio de centralidad de las víctimas del conflicto urbano), las mujeres, los integrantes de comunidades étnicas y la población LGBTIQ+”, dice el documento.

¿Cómo lo harán?

Tres escenarios integrarán la instancia de participación del proceso. Según la hoja de ruta, los temas operativos y organizativos de estos espacios serán definidos por las organizaciones que los integren y el Gobierno simplemente proveerá los recursos para el impulso y funcionamiento. “Se buscará que los diferentes escenarios que hagan parte de la instancia de participación cuenten permanentemente con acompañamiento de la comunidad internacional”, dice la hoja de ruta.

El primer escenario se denomina ‘Asambleas por la paz urbana’, las cuales pueden ser territoriales (cuadras, barrios, veredas, parques, unidades residenciales, comunas o municipios), sectoriales o poblaciones (juventudes, mujeres, comunidades étnicas, comunidades rurales, comunidad LGTBIQ+). Estas tendrán que ser integradas por un mínimo de 25 personas y funcionará de manera “autónoma” y “autoconvocada”.

También se creará el ‘Espacio Asambleario de la Sociedad Civil para la Paz Urbana’, integrado por delegados de organizaciones, colectivos y procesos organizativos de la sociedad civil, de carácter territorial, sectorial o poblacional (no más de dos por expresión organizada). “Este espacio será convocado para construir reflexiones colectivas y refrendar acuerdos a los que haya llegado el Comité de Impulso para la Paz Urbana y la Delegación del Gobierno”, se lee en el documento.

Por último, se creará el ‘Comité de Impulso para la Paz Urbana’, un espacio conformado por delegados del ‘Espacio Asambleario de la sociedad civil para la Paz Urbana’, elegidos según el mecanismo establecido por las asambleas. Estos comités deberán tener un número impar de integrales no superior a 15 personas.

¿Cuáles son los ejes para la construcción de la agenda?

El propósito principal de quienes hagan parte de la instancia de participación será construir y echar a andar una agenda social para la ‘paz urbana’. Esta se elaborará teniendo como punto de partida cinco ejes articuladores:

Identificación de las formas de las violencias urbanas en los territorios: Incluye determinar acciones para garantizar la exigibilidad del derecho a la paz frente a actores legales e ilegales, el diagnóstico de las causas de las violencias, estrategias para la no repetición y la prevención de la vinculación de menores a las estructuras criminales.

Diálogo social e integral para la equidad territorial: con este punto se busca, dice el documento, “implementar debidamente el Estado Social y Ambiental de Derecho en los territorios y en las comunidades”. Incluye, entre otros temas, formalización de la propiedad urbana y rural en Medellín y el Valle del Aburrá, acceso a servicios públicos y la reindustrialización de la ciudad que permita el aumento de oportunidades para los jóvenes.

Verdad para la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz: según la hoja de ruta, este eje busca contribuir al derecho a la verdad, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas.

Generación de nuevas economías: se buscarán estrategias de prevención para la no repetición de economías ilegales.

Exigibilidad del desmonte de las Estructuras Armadas Ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá: en este eje las organizaciones discutirán sobre las condiciones necesarias para el tránsito hacia el Estado Social de Derecho de las personas que conforman las estructuras armadas.

Dos años de ‘paz urbana’ en Medellín

Este espacio fue instalado el 2 de junio de 2023 en la cárcel de Itagüí y el objetivo es que participaran todas las grandes organizaciones de Medellín y el Valle de Aburrá, que se estima tienen 14.000 personas en sus filas.

Uno de los grandes interrogantes de este espacio es la ausencia de una oferta jurídica para los miembros de estas agrupaciones armadas. La dificultad para el Ejecutivo radica en la publicación de la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual avaló la legalidad de la 'paz total', pero le puso varios límites. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que dos años después de la llegada de Petro al poder ni siquiera ha sido radicada.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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