Diego Guevara, a lidiar con unas cuentas descuadradas y una tributaria que agoniza

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Tras la atropellada salida de Ricardo Bonilla de la cartera económica, el joven académico Diego Guevara, quien se desempeñaba como viceministro general, se convirtió esta semana en el tercer ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro –el primero fue José Antonio Ocampo– y tendrá la responsabilidad de capear la retadora situación económica que vive el país con problemas fiscales, presupuestales y de caja.

Considerado como economista heterodoxo, Guevara, quien ha labrado su trayectoria como investigador en la Universidad Nacional, se ha referido en los últimos años a la idea de imprimir dinero en la economía y ha mantenido una postura crítica con la independencia del Banco de la República. Sin embargo, al ser nombrado nuevo ministro de improvisto y a las puertas de lo que iban a ser sus vacaciones les ha hecho saber a sus allegados que seguirá manteniendo una postura prudente para garantizar la estabilidad macroeconómica del país.

Bonilla, quien se retiró a petición del mandatario Gustavo Petro para concentrarse en su defensa debido a su implicación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anunció hace unos días un recorte de 28,4 billones de pesos en el presupuesto de este 2024 por el bajo recaudo tributario y unas proyecciones sobreestimadas.

Sin embargo, son muchos los analistas que consideran que el recorte tendría que ser mayor a lo anunciado para poder cumplir con la regla fiscal, es decir, para que las cuentas sigan siendo sostenibles sin pasarse de unos límites de déficit y deuda. Por ejemplo, desde el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana consideran que se requiere uno adicional de 20,9 billones de pesos, cifra que se esperaría cubrir gracias a la subejecución del presupuesto.

De esta forma, el cumplimiento de la regla fiscal de este año dependería de que en el cuarto trimestre se mantenga el bajo ritmo de ejecución observado. Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta noviembre los compromisos acumulados del presupuesto llegaron al 80,8 por ciento (406,7 billones de pesos de los 503,7 totales), pero las obligaciones van al 71,1 por ciento (358,1 billones). Carteras como la del Deporte, la Presidencia y la Agricultura son las que menos han ejecutado.

“El nuevo ministro va a tener que lidiar con buscar por qué se está dando esta baja ejecución y qué canales hay que restablecer para que el gasto público les llegue a las promesas de campaña y las necesidades de los colombianos. Además, hay un ambiente en el cual no se les cree a los pronósticos fiscales del Gobierno, por lo que se necesita restablecer la credibilidad”, aseguró Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Para el 2025, la incertidumbre fiscal se mantendría igualmente alta porque el presupuesto del Gobierno contempla un aumento del gasto con fuentes de financiación, de momento, inciertas. El Ejecutivo dice que el faltante es de 12 billones de pesos y por eso necesita sacar adelante una ley de financiamiento, o mejor conocida como reforma tributaria por este valor, pero analistas y centros de pensamiento aseguran que el hueco para el próximo año sería mayor. Luis Fernando Mejía, del centro de pensamiento Fedesarrollo, proyecta incluso que llegaría a los 36,6 billones de pesos.

El Ejecutivo dice que el faltante es de 12 billones de pesos y por eso necesita sacar adelante una ley de financiamiento, o mejor conocida como reforma tributaria por este valor, pero analistas y centros de pensamiento aseguran que el hueco para el próximo año sería mayor.

De los 523 billones de pesos que se contemplan para el próximo año, 327,9 billones irían para gastos de funcionamiento, lo que representa un aumento de 6 por ciento frente a lo reportado en este 2024; 112,6 billones se destinarían para el servicio a la deuda, es decir, un 19 por ciento más; y la inversión sería de 82,4 billones de pesos, lo que implicaría una caída de 17 por ciento frente a los 99 billones de pesos de este año.

Esto significa que pase o no la tributaria el próximo año se contaría con menos recursos y las entidades más afectadas serían el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el Ministerio del Deporte, entre otros. Adicional a ello, las regiones también tendrían que hacer un sacrificio. El presupuesto de inversión caería en 29 departamentos y la peor parte se la llevaría Sucre, con un descenso de 37,4 por ciento; seguido de Córdoba, que tendría una baja de 36,9 por ciento; y de Atlántico, de 32,6 por ciento.

“El primer desafío de Guevara será el ajuste fiscal tanto para el cierre del 2024 como para el 2025. Como es poco probable que salga adelante la ley de financiamiento, tendrá que definir un monto de presupuesto menor que debería ir por 511 billones de pesos y ahí mirar a qué sectores les quita. Además, deberá buscar mayor financiamiento el próximo año porque seguiría el faltante. Una de las opciones es una tributaria con una adición presupuestal”, manifestó la economista y excodirectora del Banco de la República Carolina Soto, quien recalcó que el nuevo ministro también tendrá que buscar ese “difícil” balance entre las presiones del Presidente y las necesidades fiscales.

Tributaria, en duda

Como el receso legislativo empieza el 16 de diciembre, Guevara solo tendrá unos días para radicar la tributaria. De lograr llegar a un acuerdo y empezar el debate, el Congreso podría citar a sesiones extras. De lo contrario, se vería obligado a anunciar un nuevo recorte en enero.

Gobierno en Cámara tras aprobación de reforma tributaria

Esta no solo sería la segunda tributaria del gobierno Petro, sino del propio Guevara, de 39 años, quien lleva en el cargo desde el inicio (agosto del 2022) y que fue junto con Ocampo y el ‘vice’ técnico de esa época, Gonzalo Hernández, uno de los artífices de la reforma que se aprobó a finales del 2022 por un monto de 20 billones de pesos, la cifra más ambiciosa de la historia.

Esta no solo sería la segunda tributaria del gobierno Petro, sino del propio Guevara, de 39 años, quien lleva en el cargo desde el inicio (agosto del 2022)

El problema es que en estos momentos no hay ambiente en el Congreso para sacar adelante dicha iniciativa que busca poner más impuestos a algunas personas y sectores, entre los que están el IVA que pagarían los juegos de suerte y azar en línea, los cambios en el tributo al patrimonio y al carbono.

Incluso, algunos representantes y senadores ya radicaron esta semana sus ponencias negativas. “Lo más adecuado para el país es no aprobarla. Tendría un impacto negativo en la inversión y el ahorro. También se afectarían de manera significativa el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, asegura una de las que fue firmada por los senadores Miguel Uribe, Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabaraín.

De un lado, diferentes analistas todavía perciben un crecimiento “débil” de la economía. Según los últimos datos del Dane, la actividad creció un 2 por ciento en el tercer trimestre, un dato superior al registrado en el mismo periodo del 2023 (-0,6 por ciento) pero similar a la dinámica del segundo trimestre de este año (2,1 por ciento). Además, hay sectores que siguen en rojo como la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras.

Del otro, la economía todavía padece los efectos de las últimas tributarias (la del 2021 y la del 2022). En una carta enviada por el Consejo Gremial, conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, a los congresistas se indica que la reforma del 2022 impactó de forma negativa, lo cual se ve reflejado en una disminución de 0,1 puntos del PIB, brecha que se incrementa en el 2024 y el 2025, alcanzando una diferencia de hasta de 0,4 puntos. Adicional a ello, se señala que la tasa de inversión experimentó una disminución entre el 2023 y el 2025 de entre 1,6 y 1,9 puntos.

“El reto más importante en el corto plazo es cumplir la regla fiscal aunque sea con la subejecución del presupuesto del 2024, luego se tiene el de lograr balancear el del 2025 que tiene un desfase de al menos 12 billones de pesos y definir una estrategia para reactivar sectores que han venido con resultados negativos a lo largo del 2024. Todo esto en un ambiente político de alta incertidumbre”, sostuvo José Linares, cofundador de Dapper, firma especializada en análisis económico y legislativo.

Imágenes de la Bolsa de Valores de Colombia hoy 7 de junio del 2022. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET

Otra de las preocupaciones que deberá hacer frente Guevara será la baja caja que tiene el Gobierno y que está limitando su capacidad para reaccionar ante posibles choques externos o contingencias fiscales. Según un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, el saldo disponible de la Tesorería era de tan solo 19,1 billones con corte al 31 de octubre frente al promedio histórico de 33 billones.

Adicional a ello, hay que recordar que el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, ha venido alertando de que si la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público –salpicada por el caso de corrupción de la UNGRD– sigue sin lograr el quorum y por tanto no emitir conceptos previos (ya sean positivos o negativos) y no vinculantes de cada crédito la Nación podría entrar en default.

Igualmente, de cara a la discusión del salario mínimo del 2025, la excodirectora Soto asegura que Guevara tendrá que definir si mantiene la posición de un alza de 6,2 por ciento, la cual afirmó Bonilla en las últimas semanas. “En el caso de que toque sacarlo vía decreto, tendría que convencer al Presidente y ganarse el pulso con la ministra de Trabajo (Gloria Inés Ramírez) de que no vaya ser un punto más que la inflación”, opinó.

Otro de los retos ya más a mediano plazo será sacar adelante la ley de competencias que quedó supeditada a la recién aprobada reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP), que incrementará los giros que el Gobierno Central les hace a las entidades territoriales hasta un 39,5 por ciento.