En medio de la realización de la COP-16 se sigue analizando el uso de canjes de deuda de los países por acción de protección de la naturaleza. Para Colombia, ha sido un tema recurrente desde el presidente Iván Duque con continuidad en los pronunciamientos de Gustavo Petro.
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Lo cierto es que además de las declaraciones políticas, hay países que ya han alcanzado acuerdos de ese tipo que se consideran de magnitud importante. Pero Colombia no está dentro de los países que han anunciado acuerdos que corresponden al nuevo modelo.
Como lo señala Anderson Caputo, jefe de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "a la fecha, se han concretado cinco acuerdos de este tipo: Belice (2021), Barbados (2022), Ecuador (2023), Gabón (2024) y El Salvador (2024), por un valor nominal total de 3.800 millones de dólares". Antes de ese nuevo modelo, Entre 1987 a 2015 se concretaron 144 transacciones bilaterales o multilaterales, por 3.100 millones de dólares, dice Caputo.
En este nuevo modelo, explica el directivo del BID, se hacen operaciones en el mercado de capitales, en las que los países emiten deuda garantizada por organismos multilaterales como el BID u otros cogarantes (por ejemplo UBS o Credit Suisse, en el caso de Ecuador), y utilizan los ingresos para recomprar deuda circulante más costosa. Esas operaciones generan ahorros que se destinan a financiar actividades de conservación de la naturaleza. Caputo resalta que no se trata de una condonación de deuda.
Los modelos de canje siguen siendo objeto de análisis para mejorarlos, a través, por ejemplo, del grupo de expertos independientes convocado por los gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Alemania, o por el grupo de trabajo liderado por el BID junto con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
En su ‘Informe provisional de la revisión de expertos sobre deuda, naturaleza y clima’, presentado hace dos semanas en Washington en las reuniones semestrales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, los expertos independientes dicen que las obligaciones por pagar de los gobiernos juegan un papel importante pues “un mayor servicio de la deuda crea incentivos y requerimientos para aumentar la extracción de recursos”, es decir un círculo vicioso.
Entre tanto, el grupo del BID y la DFC apunta a la promoción de instrumentos financieros "para el financiamiento soberano sostenible vinculado al clima y la naturaleza", y está desarrollando unos “Principios voluntarios para el uso de instrumentos de mitigación de riesgo en apoyo al financiamiento vinculado a sostenibilidad”, que permitan escalar y replicar ese tipo de operaciones.
Dichos esfuerzos pueden servir como respuesta al hecho de que los países ricos en biodiversidad pero no ricos en términos económicos son presionados, especialmente por economías desarrolladas, que les exigen cuidar los ecosistemas en sus territorios. Según Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, “no tiene sentido que la carga le caiga solo a unos (países) cuando los beneficios van a llegarle a todo el planeta”.
El reto viene siendo que la fortaleza en diversidad genética, de especies vivas, de comunidades, de ecosistemas o de paisajes sí sea una fortaleza económica. La biodiversidad, dice el exministro de ambiente y excanciller de Ecuador Gustavo Manrique, es “la nueva moneda que el mundo necesita”, y países como el suyo o de esta parte del mundo la tienen.
Esa abundancia en ciertas partes del mundo lleva a que en el informe provisional del grupo de expertos independientes se señale que sería posible virar hacia un círculo virtuoso con cambios en la financiación, lo que exigiría aumentos significativos en la movilización de recursos domésticos pero también “más financiación concesional internacional y una respuesta eficaz a las cargas y los costos insostenibles de la deuda para que los países puedan invertir más en un desarrollo inteligente en relación con el clima y la naturaleza”.
Así, se espera que en el 2025 estos expertos presenten recomendaciones específicas para reducir las cargas de la deuda y proveer recursos adicionales para el desarrollo sostenible y que préstamos futuros alivien en lugar de exacerbar las crisis.
¿Qué impactos y alivios se pueden esperar de los canjes de deuda?
¿Hasta dónde podría llegar el alivio en las deudas? Para Juan Camilo Cárdenas, uno de los 17 expertos independientes de varios países, “es una cifra difícil de estimar y requiere mas investigación por la complejidad de cada caso. Por ejemplo, muchos países tienen una mezcla de deuda pública y deuda privada, por un lado, y cada uno tiene potenciales diferentes de mitigación de emisiones de CO2 equivalente por la diversidad de sus ecosistemas. La remoción de CO2 puede variar de 4 a 40 toneladas equivalentes por hectárea de bosque por año”.
Hace dos semanas El Salvador consiguió un acuerdo por 1.000 millones de dólares para el cuidado del rio Lempa, de la mano del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En el caso de Ecuador, equivalió a 1,7 por ciento de la deuda bruta del gobierno central en el momento del acuerdo. Y en El Salvador, a 3,3 por ciento.
Para Jaramillo, “los volúmenes (de los canjes) son pequeños”. Sobre el de El Salvador, comenta que “va a liberar algunos recursos” pero “el ahorro es relativamente bajo anualmente. Se necesita algo con un retorno más grande para la gente. Yo confío un poco más en mecanismos como el pago por los servicios ambientales”.
De acuerdo con Cárdenas -quien también es profesor e investigador en la Universidad de Massachusetts en Amherst y de la Universidad de los Andes- “una forma en que se pueden extender estos alcances es explorar negociaciones de coaliciones de países que puedan ofrecer de manera conjunta acciones climáticas de captura de carbono o de reducción de emisiones de menor costo, o conservación de áreas de alta biodiversidad que puedan generar créditos de biodiversidad, con efectos positivos para los países acreedores y a menor costo”.
Con el fin de explicar esta opción dice que dos ejemplos posibles pueden ser bloques de países del Caribe, a través de la protección de arrecifes coralinos, o los países amazónicos “para la conservación de uno de los bienes comunes planetarios mas importantes hoy para captura de carbono y para regulación climática”.
Compromisos claros y verificables para acceder a los fondos
Un factor que facilita estos intercambios es que la parte que asume tareas de conservación encuentre que es mejor conservar que usar: “¿cómo hacer -se pregunta Jaramillo- para que un árbol en el Chocó o en el Amazonas genere más retorno a las comunidades locales, afrodescendientes, indígenas, que valga más vivo y saludable que deforestando o talando?”
Y para responderse, dice que “tenemos unos estudios a nivel global que muestran que por cada dólar que se invierte en proteger las áreas protegidas y promover el turismo basado en naturaleza, se generan 6 dólares. Para los países, invertir en esa protección de la naturaleza tiene un retorno bastante alto”.
Lula lo ha propuesto en el G20 y ha anunciado varias veces que hay una idea piloto que quisieran perfeccionar y lanzar en la COP de Belén el año entrante.
Como lo menciona Jaramillo hay herramientas diferentes al canje de deuda como el pago por servicios ambientales. En cualquier caso los recursos financieros se reciben en el marco de compromisos de las partes, por lo cual los montos recibidos están atados a las tareas específicas que se hayan planteado, es decir, acciones verificables y medibles.
"Las metas que el país se propone alcanzar deben ser ambiciosas -dice Caputo, del BID- y representar una mejora sustancial en el indicador correspondiente".
"Un agente verificador independiente -sigue el directivo- certifica el cumplimiento o no de las metas establecidas en la fecha acordada y, en caso de incumplimiento, el país debe abonar una multa que se destina a financiar proyectos de conservación".
Como un ejemplo de la verificación, Jaramillo, del Banco Mundial, menciona la idea de Brasil, el TFFF, Fondo para Financiar los Bosques Tropicales: “Lula lo ha propuesto en el G20 y ha anunciado varias veces que hay una idea piloto que quisieran perfeccionar y lanzar en la COP de Belén el año entrante. Es la idea de una innovación financiera para poder hacer pagos anuales a los países que se comprometen y que efectivamente y con satélites y con tecnología moderna se verificaría que dejan de deforestar o reducen la deforestación”.
En palabras de Cárdenas, del grupo de expertos independientes, “la verificación de los compromisos por parte de los países deudores debe sustentarse en una combinación de tecnologías de información usando imágenes de satélite de alta resolución y monitoreo comunitario en terreno como complemento para así además fortalecer el cuidado de los ecosistemas por parte de las comunidades”.
La disposición de recursos desde la banca multilateral
Sobre los programas distintos al canje de deuda y ya en marcha desde el Banco Mundial, Jaramillo explica que se consiguen recursos “muchos de ellos concesionales, subsidiados, y en muchos casos también recursos gratuitos”. El vicepresidente señala como ejemplo, el programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, el principal de la entidad en América Latina: en más de una década “hemos podido ampliar y ayudar a crear 7 millones de hectáreas protegidas y de mejor manejo en todo el área, con recursos cien por ciento gratuitos obtenidos principalmente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)”.
Además, durante las reuniones semestrales del banco y del FMI, el 25 de octubre el Banco Mundial en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzó Amazonía Viva, programa de tres componentes: salvaguardar los activos naturales, oportunidades económicas inclusivas y mejorar el nivel de vida. “Estamos tratando de traer sector privado interesado, que busque negocios, que promueva estas actividades”, dice Jaramillo.
Por su parte, el BID y BID Invest hacen un balance de 2.000 millones de dólares en financiamiento para la naturaleza durante el 2023. Según la institución, esa cifra representa casi el 13 por ciento del total de sus aprobaciones. “Con más de la mitad -dijo en la COP-16 el vicepresidente ejecutivo, Jordan Schwartz- cumpliendo con el estándar más alto de financiamiento positivo para la naturaleza”.
El monto incluye 1.330 millones de dólares para el sector público y 765 millones para el sector privado.